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29 de agosto de 2020 a las 05:04

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Los gremios de docentes parecería que habitan un universo paralelo al de la mayoría de los uruguayos que comprenden la difícil situación que atraviesa el país como consecuencia de la pandemia del nuevo coronavirus. 

Salvo algunas excepciones, la mayoría de las actividades se vieron directa o indirectamente perjudicadas por la crisis sanitaria. Así lo reflejan varios indicadores económicos y las proyecciones de la pobreza.

En ese sentido, el gobierno de Luis Lacalle Pou lleva adelante una estrategia exitosa –así reconocido por una buena parte de la ciudadanía-, que incluyó un conjunto de medidas asistenciales a sectores desfavorecidos y de alivio fiscal o flexibilidad financiera a pequeñas y medianas empresas. 

Desde que se decretó la emergencia sanitaria, el pasado 13 de marzo, el gobierno ha tenido que gestionar una crisis con fecha de inicio, pero no de finalización, lo que provoca una profunda incertidumbre.  

Y la educación ha sido uno de los sectores más perjudicados. Los cierres de los establecimientos o aperturas parciales sin obligatoriedad de asistencia, sumado a las clases remotas sin previa planificación, ahondaron una crisis previamente existente. 

Hay indicadores parciales muy elocuentes al respecto. Por ejemplo, tanto en la Educación Técnico Profesional (UTU) como en Secundaria se prevé que este año aumente la deserción escolar.  

En la UTU, según estimó este mes el director general, Juan Pereira, alrededor de 30% de los estudiantes no concurren a clase ni cumplen con las tareas que piden los profesores. En 2019, la deserción, se ubicó entre 12% y 15% en la educación básica y en torno al 23% en el nivel superior.

En el caso de Secundaria, el dato oficial de asistencia de la semana posterior a las vacaciones de julio fue del 72,1%. 

La realidad es tan dramática que el experto Renato Opertti, magíster en investigación educativa y director ejecutivo de Eduy 21, declaró a El Observador, el sábado 22, que más que de deserción habría que hablar de “expulsión”: el abandono escolar no es responsabilidad de los alumnos, sino de un mal sistema educativo.    

A ello se suma una alfabetización digital deficiente por la falta de una formación de docentes en la materia, según explicó el ministro de Educación, Pablo da Silveira.

A las deficiencias en el aprendizaje de la lengua materna y de una segunda lengua, ahora sale a la luz que no se aprovecha todo el potencial de la millonaria inversión en tecnología aplicada a la educación del Plan Ceibal.

También los establecimientos privados están sufriendo la pandemia como consecuencia de la caída de la matrícula estudiantil provocada por la recesión económica.

En un contexto tan sombrío, los dirigentes de los gremios de los docentes tienen una actitud combativa, pero en reclamos corporativos que son ajenos a la problemática que sufren los estudiantes.

En medio de la pandemia, y cada uno por su lado, han desarrollado acciones que violentaron la laicidad; se han movilizado contra la ley de urgente consideración o en reclamo de aumentos salariales, en lugar de preocuparse en realizar un aporte que contribuya a resolver los retos de la enseñanza ante la nueva normalidad.

Sindicatos con una agenda divorciada de la realidad es otro indicador de la crisis de la educación.

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