El caso Marset tuvo hasta ahora tres grandes efectos: la renuncia de varios integrantes del Poder Ejecutivo, dos indagatorias penales para averiguar si existieron irregularidades en torno al trámite del pasaporte que se le entregó y el impulso parlamentario para que se vote de una vez por todas la ley de financiamiento de los partidos políticos, como garantía para ahuyentar el fantasma del narcotráfico enquistado en el poder político, como ocurrió en otros países de la región.
¿Por qué es importante esta ley?
Cuando estaba terminando la interpelación por el caso Marset a los entonces ministros del Interior, Luis Alberto Heber y de Relaciones Exteriores, Francisco Bustillo, la senadora frenteamplista Liliam Kechichian hizo un llamado a votar la ley de financiamiento de los partidos políticos. "Lo considero una necesidad imperiosa, y sería una gran señal para la sociedad”, dijo.
Cabildo Abierto que había atado la votación de la ley a que se renovaran las autoridades de la Corte Electoral, donde reclama un cargo, dijo ahora que apoyaría la iniciativa. El senador Guido Manini afirmó que “se necesitan controles que eviten que un partido político puede ser financiado o por empresarios que después piden la devolución del favor con la aprobación de determinadas leyes o con no tocar determinadas situaciones, intereses que hemos visto sobre todo en los últimos tiempos”. Se refería, sin decirlo explícitamente al veto del presidente a la ley forestal que CA votó con el FA.
La Comisión Especial con Fines Legislativos para Estudiar el Financiamiento de la Democracia, creada justamente para trabajar en ese proyecto, retomó las negociaciones en agosto de 2022 pero parecía lejano un acuerdo. Finalmente colorados, independientes y FA llegaron a un acuerdo y ahora son los blancos los que han puesto reparos. Por estas horas hay intensas negociaciones y hay optimismo de que se llegue a un acuerdo antes del martes que es la fecha que se impusieron los partidos para votarla el texto en comisión y poder votarlo el 28 de noviembre en el pleno de la cámara.
Los grandes objetivos de esta normas son lograr transparencia, conocer la identidad de los privadas que aportan a las campañas de los políticos, evitar la dependencia exclusiva de determinados grupos económicos y por eso el ojo está puesto en las donaciones anónimas, a las que se les ponen topes. También se busca que las declaraciones de los números de los partidos se ajusten a la realidad y estén respaldadas.
Un punto importante, que ha sido planteado por la Relatoría de Libertad de Expresión de la CIDH, es la suspensión de la publicidad estatal durante las campañas políticas para evitar que sea utilizada como publicidad encubierta.
Los puntos más importantes del proyecto y sus reparos
- A quienes tienen cargos los partidos políticos le podrán retener una contribución mensual que no supere el 15% de los ingresos de la retribución líquida que perciba la persona.
- Las donaciones se podrán hacer sólo por parte de personas físicas o jurídicas identificadas que no reciban subsidios o subvenciones del Estado.
- Cada persona física o jurídica podrá donar, en dinero o en especie, hasta el equivalente en pesos uruguayos de 300.000 UI ($ 1.750.470) durante cada una de las campañas electorales internas, nacionales, departamentales y municipales. Los candidatos podrán poner de su bolsillo hasta $5.8 millones (presidente y vice), hasta $4,6 millones los aspirantes a senadores, diputados, e intendentes.
- Se prohíben: las donaciones anónimas que superen las 4.000 UI ($23.300) y no pueden exceder el 7% del total de ingresos, los aportes de organizaciones delictivas, y de gobiernos extranjeros.
- Se prohíbe tres meses antes de la veda la publicidad del Estado, con excepción de la campaña de bien público y la publicidad política 30 días antes de cada elección y 15 días antes del balotaje.
- Espacios de publicidad gratuitos en TV: se extiende a 20 minutos la pauta publicitaria de los cuales 10 minutos del espacio entre las 18 y las 23 horas deben ser gratuitos para los partidos. En el restante horario deberá fijarse un mismo precio para todos.
- Hasta el 1 de agosto siguiente a la elección hay plazo para presentar ante la Corte Electoral la rendición de cuentas (estados contables con ingresos y fuentes y egresos)
- Los incumplimientos traen aparejados multas con las que se crea un fondo para solventar aportes al Estado a los partidos políticos
Leonardo Carreño
El principal nudo de las actuales negociaciones está en esos minutos de publicidad gratuita en los medios. Los blancos se oponen a ese artículo aunque no es una novedad de la ley sino que ya venía incorporado en la redacción anterior que había sido votada en 2018 y fue tema de debate desde el comienzo de las negociaciones.
También plantearon que puede ser inconstitucional basados en que la Suprema Corte de Justicia se pronuncio en ese sentido sobre un artículo de la ley de medios que fijaba la publicidad gratuita ante un recurso presentado por el entonces senador del Partido Independiente, Pablo Mieres. Sin embargo, esa sentencia de la SCJ lo que declaró inconstitucional fue la parte del artículo 143 de la ley 19.307 que refiere al reparto en proporción directa a los votos obtenidos en las elecciones anteriores respecto de un 80% de la publicidad gratuita total, por considerarla violatoria del derecho de igualdad.
El diputado colorado Conrado Rodríguez, que preside la comisión, explicó que la idea que se conversó ya con los legisladores nacionalistas es compensar a los canales por los minutos gratis. “Puede ser que el Estado pague esos minutos como le paga a los partidos por los votos que recibe, o que lo haga por alguna exoneración fiscal”, dijo y aclaró que requerirá que el Poder Ejecutivo lo proponga en un proyecto aparte.
También generó reparos la prohibición de los medios de remitir deuda actual o futura, total o parcial, por la prestación de servicios de comunicación en forma desigual entre los partidos políticos, en el entendido de que configurará una donación encubierta y traerá aparejado la pérdida de los permisos para prestar servicios de comunicación audiovisual. Esto será quitado del proyecto para destrabar las negociaciones.
No es menor el momento en que ocurre la discusión, ya que está a punto de comenzar la campaña y los candidatos comienzan a hablar con las empresas de televisión sobre los costos de los minutos de TV. Las tarifas vienen siendo tema de debate, como lo fueron luego de que en la campaña por el referéndum por la LUC el Frente Amplio planteara que los canales de aire le cobraron más caro los minutos al Si en comparación con el No. A su vez, Tabaré Vázquez también lo dijo en la campaña de 2014, y lo constató un estudio sobre transparencia y financiación de los partidos políticos realizado por un equipo del Departamento de Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad Católica, junto al programa radial No toquen nada, que estipuló que el Frente Amplio pagó en promedio 410 pesos por segundo, mientras que el Partido Nacional pagó 289.
El estudio concluía que "detrás de esas diferencias puede haber precios diferenciales cobrados por los canales de televisión a los partidos (lo que podría ser considerado una donación económica encubierta de los medios a los partidos favorecidos con segundos más baratos o gratis). Otra posibilidad es que exista una subdeclaración de gastos en medios de comunicación que podrían funcionar como forma de equilibrar las declaraciones juradas que se hacen ante la Corte Electoral".
El otro punto álgido está en la prohibición de la publicidad del Estado tres meses antes de la veda, con la excepción de campañas del bien público. Según dijo Rodríguez se está negociando para excluir a empresas estatales que tienen competencia como Antel, BSE o BROU y para reducir la prohibición en el tiempo.
Tan importante como que la ley se vote es que luego se aplique y los controles sean reales, por eso la necesidad de que también se cumpla con el compromiso de dotar de los recursos necesarios a los organismos que estarán encargados de ejercer esos controles: la Corte Electoral principalmente y en menos medida el Tribunal de Cuentas que tendrá la tarea de auditar los fondos contables, o la Ursec.
Todos los partidos comparten la necesidad de dar esa "señal" de la que hablaba la senadora Kechichian. Falta que sean consecuentes. La transparencia no admite más dilaciones.
Los cientistas políticos Rafael Piñeyro y Daniel Chasquetti advertían años atrás en el trabajo El financiamiento de los partidos políticos en Uruguay, un problema de calidad de la democracia que "no existen regulaciones inocuas" sobre el financiamiento de los partidos, dado que "inciden directamente sobre las posibilidades electorales de los competidores". "El problema de la financiación es un problema fundamentalmente político y no técnico como tantas veces se le intenta presentar", decían.