Una ley para que más de 4.000 profesionales paguen deudas a la caja

La iniciativa busca contemplar la situación de afiliados que mantienen deudas por concepto de aportes, y que en muchos casos han alcanzado  niveles que impiden su regularización. Esa situación incide de forma negativa en los ingresos que luego se destinan al pago de prestaciones.

Se considera que la solución propuesta además de propender a que los afiliados se pongan al día con sus adeudos, cosa que de otro modo serían de muy difícil recuperación para la caja, propiciará que un importante conjunto de cotizantes esté en condiciones de acceder, oportunamente, a los beneficios que brinda la institución, según se explica.

La Cjppu había enviado el anteproyecto al Ministerio de Trabajo a fines del año pasado. En ese entonces, se había informado que alrededor de un 80% de los afiliados morosos (4.271 de un total de 5.292), integran una cartera de mediana o alta probabilidad de cobro, que representa algo más del 20% de los importes adeudados. En tanto, el restante 20% (1.021 personas) constituyen una cartera de muy baja probabilidad de cobro que llega casi a un 80% de las deudas.

El proyecto de ley plantea que podrán hacer uso del régimen de facilidades quienes tengan deudas generadas hasta el 31 de agosto de 2019. Las deudas originales se volverán a calcular, mediante una actualización por la variación del Índice Medio de Salarios Nominales (IMSN), más una tasa de interés del 4% anual. 

Una vez definido el monto, la deuda se podrá pagar al contado o mediante convenio y hasta en un máximo de 120 cuotas mensuales, con una tasa de interés para la financiación de 4% anual. En este caso las cuotas del convenio se reajustarán cada seis meses en enero y julio, de acuerdo con la variación del IMSN, explica el proyecto de ley.

En otro punto, se aclara que los períodos que se financien al amparo de este régimen especial no podrán ser incluidos en otros convenios de facilidades de pago posteriores, y deberán abonarse en su totalidad antes de suscribir un nuevo convenio por adeudos posteriores.

Además, quienes hagan uso de las nuevas facilidades y  celebren convenio de  pago no podrán hacer uso de los beneficios que otorga la Caja hasta que cancelen la totalidad de las cuotas y otras obligaciones. Quedan exceptuados los subsidios por incapacidad  temporal y gravidez y por incapacidad no definitiva.

El Observador se comunicó con el directorio de la Caja de Profesionales para consultar más detalles sobre la iniciativa, pero no obtuvo respuesta.

Certificados

La Caja expide anualmente certificados que acreditan que los afiliados se encuentran al día con sus obligaciones. En este sentido, el proyecto establece que a quienes suscriban un convenio de pago y se encuentren al día con las cuotas se les otorgará el certificado que habilita al cobro de sueldos y honorarios.

A la vez se faculta a que el directorio de la Cjppu pueda reducir el plazo de validez del certificado en caso de incumplimiento en el pago de tres cuotas consecutivas del convenio. Según explica la iniciativa de ley, este punto busca desalentar “malas prácticas” de suscribir facilidades de pago sin intención de cumplimiento y con el único objetivo de obtener ese certificado por un año.

En cifras

La Caja de Profesionales no escapa a los desafíos que presenta el sistema previsional en su conjunto y deberá reformar su ley orgánica para asegurar su viabilidad en el largo plazo. Así deberá discutir modificaciones en la edad mínima de jubilación, los cálculos jubilatorios y la tasa de reemplazo (el porcentaje del sueldo que se cobra al momento retiro), entre otros cambios, de acuerdo a lo que han señalado sus autoridades en el último tiempo.

Al cierre del año pasado la entidad tenía unos 60 mil afiliados cotizantes (con ejercicio libre de su profesión) y 77 mil afiliados con declaración de no ejercicio. Además, realizaba unos 16.500 pagos entre jubilaciones y pensiones, con una relación activo/pasivo de 3,63. La jubilación promedio era de $ 61.300 y la pensión promedio de $ 36.600.

La Caja cerró el 2018 con un déficit operativo de $ 501,8 millones (unos US$ 15 millones). Ese comportamiento se repite de manera consecutiva y en diferente medida desde 2014.

El problema de la categoría 2

La carrera profesional consta de 10 categorías y a cada una le corresponde un sueldo ficto mensual a partir del cual se definen los aportes. La permanencia en cada escalón es de tres años, y al vencimiento los afiliados pasan automáticamente al siguiente.

Pero en los últimos años se evidencia un deterioro en el avance de la carrera de categorías del colectivo. Desde el 2004, a partir de la categoría 2 (hoy se pagan $ 6.930) se puede optar por no seguir avanzando. Eso implica una jubilación menor, pero también menos aportes en comparación a categorías más elevadas.

En el 2004, el 58% de los afiliados activos aportaba en las primeras cuatro categorías. En contrapartida, en el 2018 hasta la categoría 2 se acumuló un 48% (28.200 cotizantes), y hasta la categoría 4 un 70% (41.474 cotizantes).

Al haber cada vez más trabajadores que optan por quedarse en la segunda categoría, eso crea problemas en el financiamiento de las pasividades porque se aporta muy poco para pagar prestaciones de gente que está en categorías altas.

En la categoría 1 la cuota es hoy de $ 3.663 y en la categoría 10 de $ 19.238. También existe una categoría 1 “especial” valida por 12 meses para los profesionales que se afilian en plazo y declaran ejercicio libre desde el egreso.