Economía y Empresas > CAMBIO IMPOSTERGABLE

Baja en tasa de reemplazo es clave para reforma de seguridad social, según estudio

El Centro de Investigaciones Económicas (Cinve) planteó un trabajo con dos ejes centrales que tendrán impacto: la transición demográfica y el cambio tecnológico

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06 de septiembre de 2019 a las 05:00

Un sistema de seguridad de amplio alcance pero que requiere de reformas. Esa es el consenso general que reina en el presente en todo el sistema político uruguayo, y en el que como uno de los ejes de campaña, todos los candidatos presidenciales han manifestado la necesidad de reformar para lograr su sustentabilidad financiera.

En ese contexto, el Observatorio de Seguridad Social del Centro de Investigaciones Económicas (Cinve) presentó este jueves en la sala de Conferencias 19 de junio del BROU un detallado informe sobre la situación de la seguridad social en Uruguay y sus principales desafíos, centrándose particularmente en dos puntos centrales: la transición demográfica y el cambio tecnológico.

Para el coordinador del trabajo, Gonzalo Zunino, uno de los principales problemas a atacar es la tasa de reemplazo (ver apunte), que no está en el presente “estimulando la postergación del retiro”, para que -por decisión propia- el trabajador pueda resolver él mismo el momento en que se jubila.

Tasa de reemplazo: cuando un trabajador se va a retirar se hace un cálculo del salario básico jubilatorio basado en promedio salarial de determinada cantidad de años –depende el subsistema- y se calcula un porcentaje sobre ese salario que será la jubilación.

De esta forma, el objetivo que se plantea es que “con más años de contribución y menos de jubilación se puedan resolver parte de los problemas financieros del sistema”. En este sentido, se consideró necesaria una revisión en las tasas actuarialmente neutras de retiro para que  todo lo que un trabajador contribuyó durante su vida como activo sea lo que posteriormente va a recibir en promedio como pasivo.

En la actualidad, explicó Zunino, en la mayoría de los casos del sistema las personas reciben por jubilación “más de lo que contribuyeron y por lo tanto hay una transferencia explicita”.  

“La tasa de reemplazo es un parámetro clave sobre el que deberían estructurarse las propuestas de adecuación y reforma del sistema de seguridad social en Uruguay”, señala el informe.

No obstante, más allá de este ajuste no se descarta la necesidad de actuar sobre la edad mínima de retiro o sobre el número de años de aporte requeridos para acceder a una jubilación, se aclara.

En otra de las conclusiones elaboradas por el trabajo, se destaca que la conformación del sistema de seguridad social en Uruguay tiene una “una institucionalidad consolidada”, compuesta por múltiples regímenes que se encuentran en un bloque principal y subsistemas paralelos como la Caja Notarial, Militar, Bancaria o Policial.

El conjunto de transferencias por Seguridad Social en 2018 fue de más del 12% del PIB (unos US$ 7.000 millones), aseguró Zunino.  

Por esta razón, se señala que “no parece posible ni razonable plantear reformas que apunten a la convergencia de los diferentes regímenes hacia una estructura única”.

El informe sostiene que dada esa estructura consolidada, su desarticulación “implicaría significativos costos de transición, además de importantes problemas de economía política que tornarían prácticamente inviable un proceso en esa dirección”.

Sin embargo, plantea la revisión de algunas heterogeneidades en el tratamiento de los trabajadores pertenecientes a los distintos subsistemas, en lo que tiene que ver con las condiciones del retiro, el cómputo del salario básico jubilatorio, que “aunque originalmente tuvieron una fundamentación adecuada, podrían no tenerla en la actualidad”.

La evolución de la cantidad de personas que cobran una pasividad respecto al total de la población de 65 años o más ha sido creciente hasta el año 2015 y, a partir de esta fecha, muestra una leve caída. En el pico máximo las pasividades alcanzaron una cobertura del 97%. Durante los años 2016 y 2017 se observó una reducción en el valor del indicador de aproximadamente un punto porcentual.


 

La indexación por salarios o inflación

El estudio defiende el mecanismo de indexación actual de las pasividades –se ajustan por Índice Medio de Salarios-, en el entendido que garantiza “niveles de suficiencia de las prestaciones en relación a los ingresos de los trabajadores activos”.

Como contrapartida, Zunino mencionó que se ha manejado la posibilidad de pasar a una indexación basada en el Índice de Precios al Consumo (IPC), pero que esta alternativa “generaría en el sistema un perfil mucho más riesgoso”, sobre todo en situaciones de crisis económica o recesión, que se caracterizan por caídas en los salarios y empleos.

“Los ingresos del sistema caerían por la combinación de ambos factores, mientras que los egresos continuarían creciendo siguiendo el comportamiento de la inflación”, dice el documento.  

Con respecto al aspecto tecnológico, Zunino dijo que una de las conclusiones a las que se arribó es que hay empresas que muchas veces desde una perspectiva totalmente racional estimulan el retiro temprano de los trabajadores.

“Llega un momento en el que el deterioro de las habilidades puede hacer que la productividad de esos trabajadores no esté acorde a su salario –a mayor edad suele ser más alto-, por lo que se termina incentivando el retiro de esos trabajadores para contratar más jóvenes probablemente con menor salario y un set de actividades más adecuado a las tecnologías modernas”, comentó.

En este sentido, explicó que ese tipo de decisiones adoptadas desde un punto de vista empresarial no consideran las externalidades o costos que se pueden generar a la sociedad en términos de asistencia financiera a la seguridad social.     

“Es importante que se busquen mecanismos para que esas empresas incorporen esas externalidades que impactan en el costo de la seguridad social”, reclamó.

Sobre lo tecnológico, el trabajo asegura que los impactos en el mercado laboral son variados y su magnitud e intensidad son más difíciles de predecir que los fenómenos demográficos, aunque deben tenerse presentes los puestos de trabajo que se pueden perder con la automatización que afectaran al sistema.

“El desafío más importante no consiste en actuar de forma oportuna, sino en realizar un monitoreo permanente de la situación que permita identificar tempranamente los cambios en el mercado del trabajo”, plantea el informe.  

El fin del bono demográfico

Según se desprende del estudio, el envejecimiento de la población representa a nivel global la principal amenaza a la sustentabilidad financiera de los sistemas de seguridad social, y a Uruguay esta realidad no le es ajena.

Si bien es cierto que en el país existen altos niveles de cobertura y “razonables resultados en la suficiencia de las prestaciones” con mínimos registros de pobreza en la población mayor de 65 años, para el futuro se proyecta un problema ante la fase de cierre de la denominada ventana de oportunidad demográfica o bono demográfico, que implica períodos en los que hay mayor cantidad de activos que de pasivos, y se genera mayor producción y crecimiento.   

"Las tendencias demográficas presionarán de forma significativa sobre el equilibrio financiero del sistema de seguridad social generando una necesidad creciente de asistencia financiera por parte del gobierno central. No obstante, el pasaje de parte de los trabajadores desde un sistema de reparto puro administrado por el Banco de Previsión Social a uno mixto en el que también intervienen las AFAP's amortiguará este efecto, conteniendo las presiones financieras sobre el bloque principal del sistema menos hasta 2040", se señala.  

En este sentido, Zunino sostuvo que aunque hay una tendencia creciente en las necesidades de asistencia financiera para la seguridad social, el “sistema no está en crisis”. 

El economista aseguró que el incremento de la asistencia ya representa guarismos significativos, pero que la presión importante empieza a partir de 2040, por lo que Uruguay tiene “dos décadas en la que se puede empezar a actuar”.

“Es una ventana temporal que permite que las reformas de pensiones que generalmente tardan años en concretarse puedan empezar a generar sus efectos. Las tendencias poblacionales y sus impactos específicos sobre las necesidades de financiamiento del sistema están debidamente anticipadas, y por ende, no deberían existir motivos válidos para no adoptar las medidas de adecuación necesarias”, se resume.  

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