UTE consideró que no podía esperar más para seguir adelante con la obra.

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UTE hará línea de alta tensión en José Ignacio por aire porque los números no cierran

El Directorio ya tomó la resolución; un grupo de vecinos le ofreció al ente ceder parte de sus terrenos pero desde la empresa argumentan que hay un “sobrecosto” millonario por enterrar el tendido
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14 de diciembre de 2021 a las 16:25

El Directorio de UTE resolvió que la línea de alta tensión que está previsto conecte San Carlos con José Ignacio, finalmente se haga por aire y no bajo tierra como pretendía un grupo de vecinos de la zona que se siente perjudicado por esa obra de infraestructura. 

El Observador consignó este martes que un grupo de 17 vecinos había “mejorado” una oferta al ente cediendo un predio de 50 hectáreas como forma de compensar el sobrecosto que genera el tendido subterráneo para no afectar “el valor paisajístico” y patrimonial de uno de los balnearios top del mercado inmobiliario de la costa esteña. Además, desistían de cobrar cualquier tipo de indemnización y de iniciar acciones civiles ante la Justicia contra el ente energético. 

“Se hicieron los esfuerzos para llegar a buen puerto, pero se estaba lejos de los números necesarios para hacer el enterramiento. El Directorio ya definió continuar la obra" por aire, informaron fuentes del ente a El Observador. 

La empresa energética estimó un sobrecosto por hacer la obra bajo tierra de unos US$ 7,5 millones respecto al plan original de ejecutarla vía aérea como generalmente suelen hacerse este tipo de tendidos eléctricos. La obra involucra una extensión de casi 10 km, precisaron. Las fuentes reconocieron que UTE deberá pagar “sí o sí una cifra para indemnizar” a aquellos pobladores que se verán afectados en sus terrenos por el pasaje de la línea de alta tensión. 

Sobre la propuesta de donación de 50 ha que ofrecieron los vecinos, en UTE indicaron que "es tierra" y que debía buscarse un mecanismo ágil para que se venda y aparezca el dinero rápidamente. Además, explicaron que una cosa es la tasación y, otra, la realidad del mercado, por lo que no se tenía “la certeza” de cuánto efectivamente dinero se podía recaudar. Los vecinos de José Ignacio estiman un valor de mercado de la hectárea en esa zona es de unos US$ 100 mil, por lo que la cifra que resignarían por sus 50 ha rondaría los US$ 5 millones. 

“Hay una diferencia que es en millones de dólares que, como Directorio, no estamos en condiciones de votar. Además, la empresa está con la obra parada y podemos tener también el reclamo por mayores costos. Necesitamos mejorar el servicio en la zona reforzando las líneas”, explicó un director de UTE a El Observador. 

Las fuentes recordaron que esta diferencia con los vecinos viene del gobierno anterior, y que lo que se buscó en la actual administración fue intentar un “acercamiento” fijando plazos y montos. “Lamentablemente no se llega y no podemos esperar más. La mayoría de los vecinos pusieron la mejor voluntad y comprometieron su patrimonio, pero al no llegarse al monto de la obra, no tenemos otra que hacerlo como estaba proyectado”, indicaron desde UTE. 

La molestia de los vecinos

“Es una zona que está creciendo. Hay un museo, galerías de arte (...) Hacer un tendido de alta tensión va un poco en contradicción con el desarrollo de la zona y con lo que es el cuidado de mucha gente que ya invirtió. Nadie les avisó que podía pasar una línea de alta tensión”, había declarado a El Observador Leonardo Noguez, uno de los 17 vecinos de José Ignacio afectados por la obra. 

El propietario consideró que realizar un tendido aéreo afectaría el “valor paisajístico” de una zona que se caracteriza por ser un fuerte polo de atracción de inversión inmobiliaria, que está en su apogeo, y que iría a contrapelo del llamado que está haciendo el Poder Ejecutivo de Lacalle Pou para que extranjeros se vengan a vivir e invertir en el país. 

La productora de cine, que ha trabajado para Hollywood, María Teresa Arida, es otra de las propietarias afectadas. En el predio de Arida, en José Ignacio, están asignadas dos torres a 200 metros de la casa para que pasen por allí los cables de alta tensión de la empresa estatal uruguaya. Y esto tiene consecuencias económicas a su juicio. “La casa, de valer algo, pasa a valer cero”, había dicho a El Observador en diciembre del año pasado. 

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