Venta, garantía o vivienda: las ideas del gobierno para los inmuebles vacíos

Los dos principales proyectos de ley del Poder Ejecutivo presentados hasta ahora tienen artículos referidos a los inmuebles vacíos en propiedad del Estado. Uno, la Ley de Urgente Consideración, ya fue aprobado y establece que, con algunas condiciones, estos inmuebles pasen a manos del Ministerio de Vivienda. 

El segundo, el proyecto de ley de Presupuesto para el quinquenio, acaba de ingresar al Parlamento y busca generar un registro y un programa para relevar su situación. Pero, ¿qué planea hacer el gobierno con esos inmuebles?

La Contaduría General de la Nación tiene registrados 369 inmuebles en propiedad del Estado que están en desuso y apenas un 1% tienen algún tipo de utilización proyectada

El subsecretario del Ministerio de Vivienda, Tabaré Hackenbruch, dijo a El Observador que la idea principal es tratar de utilizarlos como soluciones habitacionales. La cartera calcula que existe un rezago habitacional de unas 60 mil viviendas y estos inmuebles pueden ser una ayuda para mitigar ese deficiencia. 

La otra posibilidad es utilizarlos como garantías en fideicomisos y también está la opción de deshacerse de ellos mediante una enajenación. En ese caso, se podrían generar recursos que, si se aprueba el texto del Presupuesto tal como lo envió el Poder Ejecutivo, irían en su mayoría (75%) al programa de gobierno destinado para erradicar los asentamientos que coordinará la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. 

La Contaduría General de la Nación tiene registrados 369 inmuebles en propiedad del Estado que están en desuso y apenas un 1% tienen algún tipo de utilización proyectada. Sin embargo, en el gobierno sospechan que esa lista no está del todo actualizada y por eso en el proyecto de Presupuesto quieren generar mecanismos para tenerla al día. 

“Dentro de los 60 días posteriores a la entrada en vigencia de la presente ley, y luego dentro de los 60 días contados a partir del inicio de cada año civil, los Incisos de la Administración Central, los Entes Autónomos y los Servicios Descentralizados deberán informar al Registro de Inmuebles del Estado de la Contaduría General de la Nación sobre los inmuebles que tengan en propiedad y/o en posesión, a cualquier título”, dice el artículo 64 del proyecto presentado. 

Ese informe deberá explicitar el uso, la ubicación, las características, el área y otra cantidad de datos respecto al inmueble y catalogarlo, de forma fundada, como imprescindible o no. El proyecto, además, crea el Programa de Racionalización de Uso de Bienes Inmuebles del Estado que hará un relevamiento y aquellos que sean prescindibles pasarán al Ministerio de Vivienda, tal como establece la LUC (los inmuebles de los entes autónomos requieren del consentimiento del organismo para ser trasladados). 

El proyecto agrega además que aquellos que se entienda pertinente podrán ser vendidos y que el 75% de lo recaudado irá al Proyecto Mejoramiento de Barrios (para regularizar asentamientos) y el otro 25% irá para el organismo que era propietario del inmueble. Ese dinero, si el proyecto se aprueba tal como está, solo podrá utilizarse en proyectos de inversión. 

Si bien el gobierno todavía no hizo pública la cifra que piensa recaudar por este medio, en el Ministerio de Economía estiman que pueden ingresar un monto importante por esta vía para dedicar a los asentamientos. El programa, que impulsa el Ministerio de Vivienda y pero implica a varios ministerios, prevé trabajar durante un tiempo establecido, en un territorio con todos los recursos y luego pasar a otro. 

“Eso (el plan para erradicar asentamientos) está por fuera del Presupuesto y se va a financiar básicamente con la venta de inmuebles que haya en la administración central”, dijo entrevistada por El Observador la ministra de Economía Azucena Arbeleche.

De todos modos, fuentes del Ministerio de Vivienda dijeron a El Observador que entienden que es necesario crear algún tipo de incentivo para que los organismos reporten los inmuebles en desuso y los cataloguen como prescindibles. “Tienen que entender que no es suyo sino que es de todos”, agregó la fuente.

Los registrados

La Contaduría General de la Nación tiene 369 inmuebles registrados como en desuso y solo el 1% de ellos tiene un uso proyectado. La mitad de esos inmuebles (182) son propiedad del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (en su gran mayoría de la Dirección Nacional de Vialidad), según los datos a los que accedió El Observador a partir de un pedido de acceso a la información pública. 

El Ministerio del Interior con 47 inmuebles en desuso y la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE) con 37 son los otros dos organismos que completan el podio de los que más tienen. 

El Ministerio de Turismo y el Ministerio de Relaciones Exteriores son los únicas carteras que no reportan ningún inmueble en desuso, mientras que el Mides solo tiene uno y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social apenas dos. Montevideo, Canelones y San José reúnen el 54% del total de los inmuebles en desuso. 

El registro que tiene la Contaduría General de la Nación no tiene inmuebles de las empresas públicas.

Nuevo intento

A poco de asumir su segundo mandato, el ahora expresidente Tabaré Vázquez ordenó actualizar el registro de inmuebles vacíos en propiedad de la administración central (Presidencia y ministerios). Ese nuevo relevamiento aseguraba que había 163 viviendas o terrenos vacíos en desuso de un total de 2.500 en poder de la administración central, según una nota publicada por El País en 2016. Según estimaciones realizadas en ese momento, el valor de todos los inmuebles ascendía a US$ 40 millones. 

Sin embargo, más allá de ese relevamiento, no se logró avanzar mucho más.