Para la política, revisar el gasto público suele ser más costoso que subir impuestos
La evidencia comparada es incómoda pero clara: para la política, revisar el gasto público suele ser más costoso que subir impuestos, incluso cuando lo primero favorece el desarrollo y lo segundo lo compromete. No es una paradoja técnica ni ideológica. Es una lógica política profundamente arraigada.
Definir un presupuesto debería ser uno de los actos más exigentes de la democracia. No es una planilla contable ni un trámite administrativo: es una decisión política que expone prioridades reales, temores y límites. Presupuestar implica elegir. Y elegir siempre tiene costos. El más alto, casi nunca fiscal, suele ser político.
Revisar el gasto significa tocar intereses organizados, desmontar inercias institucionales, cerrar programas que no funcionan y asumir conflictos visibles. Es una tarea ingrata, que rara vez genera aplausos inmediatos. Subir impuestos, en cambio, diluye costos, posterga consecuencias y preserva equilibrios de poder. Por eso resulta una salida más cómoda para la política, aunque sea más onerosa para el desarrollo económico y social.
En Uruguay, esta discusión se evita con notable consistencia. Los ejemplos sobran: programas que se acumulan sin coordinación, organismos que expanden funciones sin evaluación y un gasto social que crece aun cuando los indicadores estructurales permanecen estancados. Cuando el equilibrio fiscal se tensiona, el reflejo dominante no es revisar el gasto —su eficacia, su impacto, sus resultados— sino aumentar la carga tributaria. Se actúa como si el problema central fuera recaudar poco, cuando la experiencia muestra que el verdadero problema suele ser gastar mal.
Corregirlo exige algo que la política tiende a eludir: cirugía mayor. Recortar lo superfluo, eliminar duplicaciones, fusionar programas que persiguen los mismos objetivos sin coordinación, cerrar los que no muestran impacto y profesionalizar áreas que hoy operan más por costumbre que por evidencia. Revisar el gasto con lupa, no con consignas.
La omisión no es inocente. En economías con alta presión tributaria, subir impuestos erosiona la inversión, desalienta el empleo formal y compromete el crecimiento. Menos inversión hoy implica menos empleo mañana y, por tanto, menos inclusión social. No hay relato redistributivo capaz de compensar, en el mediano plazo, una base productiva asfixiada.
Conviene decirlo con claridad: ninguna sociedad se vuelve más justa indemnizando la exclusión social. La justicia social no se construye administrando la pobreza, sino creando inclusión real. Y eso exige educación de calidad, empleo sostenible y trayectorias vitales menos determinadas por el origen. Nada de eso prospera cuando el esfuerzo fiscal se concentra en sostener estructuras ineficientes.
Cuando el Estado se niega a revisar su gasto, no protege a los más vulnerables: protege inercias. Un Estado que crece por acumulación y no por resultados termina pidiendo cada vez más recursos para hacer lo mismo, no para hacerlo mejor. Y ese costo recae siempre sobre los mismos: quienes producen, invierten y trabajan en la formalidad.
El problema es más profundo y estructural. Basta observar el funcionamiento del sistema de protección a la infancia y la adolescencia: múltiples programas bajo distintas órbitas —INAU, MIDES, ANEP, gobiernos departamentales— con superposición de objetivos, escasa articulación territorial y casi nula evaluación de impacto. El gasto aumenta, pero la reproducción de la vulnerabilidad no se interrumpe.
Uruguay distribuye recursos sin alterar de forma sustantiva las condiciones que generan rezago temprano, abandono educativo y trayectorias vitales condicionadas desde la infancia, muchas veces selladas antes de empezar. El gasto social crece, pero los resultados estructurales permanecen.
Parte de la confusión radica en equiparar protección social con política social. Uruguay destina miles de millones de pesos a transferencias monetarias y subsidios, que cumplen una función indispensable como red de contención. Pero invierte mucho menos —en proporción y en calidad— en intervenciones tempranas, intensivas y sostenidas sobre el desarrollo infantil y las trayectorias educativas. La protección es un escudo; la política social debería ser un motor.
De ahí la creencia, tan extendida como errónea, de que problemas complejos como la pobreza infantil se resuelven con más transferencias. Sin embargo, pese a décadas de expansión del gasto social, Uruguay mantiene niveles persistentes de pobreza infantil, rezago educativo temprano y abandono en la educación media, especialmente en los mismos territorios donde el Estado gasta más. La evidencia es clara: sin calidad institucional, continuidad y evaluación, el dinero no alcanza.
La verdadera irresponsabilidad fiscal no es ajustar el gasto. Es negarse a discutirlo. Es sostener programas por temor al costo político de cerrarlos, aun cuando no funcionan. Es pedir más recursos sin demostrar resultados. Es convertir el presupuesto en un ejercicio de administración del presente, en lugar de una herramienta para construir futuro.
Uruguay necesita otro rumbo. Seguir ampliando presupuestos sin exigir resultados verificables solo profundiza el problema. No se trata de gastar menos por principio, sino de gastar distinto y mejor: colocar el desarrollo infantil temprano como eje rector; profesionalizar la gestión pública; reducir la rotación política en áreas sensibles; cerrar o fusionar programas sin impacto comprobado; articular estrategias territoriales y establecer un sistema de evaluación independiente, creíble y respetado.
Las mejoras reales llegarán cuando podamos evaluar sin miedo y corregir sin dramatismo. Un país que solo protege administra el presente. Un país que protege y emancipa, en cambio, construye futuro.