Bienvenidos a una nueva edición de Galleta de campaña
El ministro de Ganadería viene en el ojo de la tormenta desde hace varias semanas. Algunas decisiones y otras declaraciones pusieron a Alfredo Fratti en el foco de las críticas no solo de la oposición sino también de algunos compañeros.
Pero, además, nos enteramos que también ha tenido cortocircuitos con el subsecretario de su cartera, el comunista Matías Carámbula, que llegaron hasta los oídos del presidente Orsi.
Los blancos se enfrentan a un cruce de caminos entre una oposición intransigente y la necesidad de los intendentes de gestos del gobierno para conseguir más recursos en medio de situaciones, como mínimo, complejas.
La incipiente discusión por gravar al 1% más rico incomoda al Frente Amplio que vuelve a quedar dividido ante una propuesta que viene desde organizaciones sociales.
Diferencias en la cúpula
Alfredo Fratti ha estado en la picota en los últimos días y en el MPP esperan que baje el perfil. El ministro reconoció la semana pasada que hubo “compañeros” del gobierno que lo llamaron para decirle que “habían sido muy fuertes las declaraciones” al endilgarle a Pedro Bordaberry los errores de su padre.
Además, Oddone consideró en La Fórmula que fue “inconveniente” su decisión de suspender la exportación de ganado en pie para defender la industria frigorífica y blancos y colorados le reprochan la ausencia del MGAP en las negociaciones para destrabar el conflicto de la pesca.
Cuestionado por propios y ajenos, y ahora rumbo a ser interpelado por el Partido Nacional, el Canario también tiene abierto un frente interno. Supimos que lleva una difícil relación política con su subsecretario en el MGAP, Matías Carámbula (Partido Comunista), y que la tensión está siendo monitoreada de cerca por el MPP.
Hijo de Marcos y exdirector de Orsi en Canelones, Matías tiene un vínculo personal con el presidente, a quien llegó a poner al tanto de sus diferencias con Fratti. Ambos tienen perfiles diferentes: uno está más centrado en la producción familiar y el otro en la exportación.
Carámbula ha discrepado con el ministro mujiquista por razones de forma y tiempos en dos anuncios centrales de cuya decisión no participó o se enteró por los medios: la compra de la estancia María Dolores por parte de Colonización por US$ 32 millones y la suspensión de la exportación de ganado en pie.
A su vez, en días de vacas flacas en que el ministerio precisa reclamarle al MEF por más recursos, los dos jerarcas también tienen enfoques distintos para armar las líneas presupuestales.
Discusión que incomoda
La propuesta del PIT-CNT de gravar al 1% más rico de la población va ganando adherentes entre los senadores del Frente Amplio y, pese a la oposición de Presidencia y del MEF, varios sectores están dispuestos a dar la pelea. Sin embargo, la primera reacción desde el MPP fue de minimizar el tema: “Es un tema de tres de los 17 senadores”, dijo Bettiana Díaz en La Diaria radio.
Esa intervención generó la respuesta del ministro de Trabajo, el comunista Juan Castillo, que apuntó contra el argumento: “Con esa teoría, no hagamos nada así molestamos menos”, dijo en el canal de streaming Dopamina.
El tema incomoda en la coalición de izquierda y se repite la historia en la que un planteo que viene de la sociedad civil organizada termina dividiendo al oficialismo tal como pasó con el plebiscito de la seguridad social.
A tal punto, que en la última Mesa Política el presidente Fernando Pereira informó que se acordó con la bancada intentar hablar los temas antes de discutirlos públicamente para que “la derecha” no construya el relato de gobierno en disputa, algo que negaron de plano los dirigentes reunidos en la Huella de Seregni.
Uno de los problemas que tiene el oficialismo es que el programa de gobierno es tan amplio y genérico que permite hacer más de una interpretación sobre si plantea subir impuestos o no.
Antón pirulero
El rojo en la caja sorprendió a varios intendentes que asumieron hace poco. Debieron ejecutar recortes, tienen problemas para pagar sueldos y salieron a pedir préstamos. Todo mientras negocian con el gobierno nacional un aumento en las transferencias de dinero.
Esa doble situación está complicando un poco la coordinación como oposición del Partido Nacional (que tiene 14 de las 19 intendencias), porque cada cual juega su juego y algunos intendentes prefieren ceder en la intransigencia con tal de acordar. Una muestra de esto es la posición de Carlos Enciso con Sebastián da Silva en el conflicto por María Dolores.
¿A la Justicia?
Supimos que varios han ido al BROU a pedir celeridad en los trámites de las líneas de crédito y que en Salto –donde la intendencia pasó del FA a la coalición– la cosa está complicada.
La intendencia tenía una línea de crédito de $300 millones que estaba vigente hasta el 30 de junio porque había sido aprobada por mayoría simple en la junta (y no podía exceder el período de gestión).
Eran $200 millones por el duodécimo del presupuesto y $100 millones de un adicional, pero la intendencia anterior no la pagó. Entonces el BROU avisó que ejecutará lo que se había puesto en garantía: los ingresos provenientes del gobierno nacional a través del artículo 214 de la Constitución.
La gente de Carlos Albisu está enfurecida tras descubrir la situación y analiza si realiza una denuncia en la Justicia.
Muy cerca del acuerdo
In limine, el presidente Yamandú Orsi intervino y logró un acuerdo con el Congreso de Intendentes por las transferencias del gobierno central.
Las diferencias estaban en cómo se distribuye el Fondo de Desarrollo del Interior (FDI) y un fondo adicional que propuso el gobierno. El acuerdo es que los intendentes administren el 45% del FDI y el Poder Ejecutivo el 55% (antes era 40-60).
En el caso del nuevo fondo de US$ 80 millones, que inicialmente se iba a repartir la mitad para Montevideo y Canelones y la otra mitad para el resto de las 17 intendencias también va a tener cambios. Una de las posibilidades es que el interior reciba unos US$ 45 millones y los departamentos de la zona metropolitana los restantes US$ 35 millones.
¿Transparencia?
A fines de mayo, Jorge Díaz se mandó una de esas frases que quedarán para todo el período. Dijo que en la administración pública la “cultura de la opacidad” era tradición y que debían hacer un “click” porque para Orsi la “transparencia” era “innegociable” aún cuando significara “quedar con la cola al aire”.
Las palabras no pasaron desapercibidas pero hasta ahora se las ha llevado el viento.
Esta semana el gobierno aprobó –por decreto– la estrategia contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo, elaborada por un grupo liderado por Díaz. Pero, a diferencia de la de 2017 o de la evaluación de riesgos de 2023, no se puede leer porque es reservada (*).
Se jactan
Mientras al canciller Mario Lubetkin le llueven críticas de la oposición por las consecuencias generadas por el cambio en el pasaporte –a tal punto que el gobierno tuvo que dar marcha atrás–, en Cancillería destacan los buenos resultados que a su entender ha tenido en la opinión pública la proyección de Orsi en el exterior.
Se basan para eso en la última encuesta de Nómade –una consultora ponderada por el oficialismo y cuestionada por la oposición– que concluyó que la participación internacional del presidente “es ampliamente reconocida por la población y muy bien evaluada por el conjunto sin distinción de perfiles ni votantes”.
El relevamiento con 863 consultas vía cuestionario online marca un “alto conocimiento” de la gente sobre las salidas de Orsi a la Conferencia sobre Financiamiento en Sevilla y a las cumbres de Mercosur y BRICS, más allá de que los jóvenes están menos al tanto de esa agenda. En los tres casos hay por encima de un 60% de aprobación hacia la presencia del presidente, aunque por supuesto mucho más marcada entre frenteamplistas que entre quienes votaron a Delgado.
En Cancillería celebran como una novedad que la política exterior mejore la imagen de un presidente, algo que para ellos no sucedía desde el primer gobierno de Julio María Sanguinetti con Enrique Iglesias.
Tiroteo por los pasajes
Lubetkin pidió levantar el nivel cuando le preguntaron sobre las críticas por haber viajado a Chile en un avión privado y Sebastián da Silva le reprochó que “está mal acostumbrado a que le paguen los viajes”. Por eso, acusó el blanco, “no se ruboriza por pagar US$ 20 mil” de pasajes, y citó la resolución que habilitó la misión del canciller por San Pablo, Kuala Lumpur y Roma.
De inmediato empezó a circular en el Frente el listado de salidas de Bustillo y Paganini durante el gobierno pasado. El primero tuvo 49 misiones en el exterior hasta su cese, y 22 el segundo.
El ahora oficialismo responde que la visita presidencial a Japón en 2022 costó US$ 15 mil y US$ 21 mil la misión por Australia y Nueva Zelanda, aparte de otros diez viajes de Bustillo que superaron los US$ 10 mil en pasajes.
“Me volví feminista”
La elección de la persona que ocupará el lugar de Bernando Legnani en la Institución Nacional de Derechos Humanos generó una particular discusión este lunes en la comisión que recibió a los distintos candidatos. Esa instancia es la encargada de elevar los candidatos a la Asamblea General para que vote y si alguno consigue dos tercios de los votos será designado.
Sin embargo, el diputado blanco Juan Martín Rodríguez planteó este lunes, tras pedir asesoramiento jurídico, que la comisión debía elevar solo a los candidatos hombres porque, tal como adelantaron los colegas de La Diaria, la ley de creación de la INDDHH dice que la composición del directorio será “conforme a los principios de equidad de género” y agrega que “será obligatorio” al marcar candidatos en la nómina respetar la representación equilibrada de mujeres y hombres. Actualmente hay tres directoras –Mariana Mota asume el jueves– y un director.
Finalmente, ni Rodríguez ni Fernanda Auersperg votaron la moción para elevar a todos los candidatos pero sí la votó Graciela Bianchi. “Me volví feminista”, bromeó luego de fundamentar que el rol de la comisión era asesorar y la que resuelve es la Asamblea General. “Feminista soy, no soy feminista radical”, agregó.
Otra postergación
Los diputados terminan de afinar por estas horas la postergación nuevamente de la discusión en el plenario del proyecto de ley que regula la eutanasia. La idea inicial era discutirlo el 15 de julio pero un pedido de Pedro Bordaberry –que planteó modificaciones al texto– postergó la votación para el próximo 5 de agosto.
Sin embargo, esa fecha está descartada porque ese mismo día hay Asamblea General para votar la designación de un nuevo director de la Institución Nacional de Derechos Humanos y porque entre la tarde del 5 y el 6 de agosto varios legisladores tienen que viajar porque, entre otras cosas, hay reunión del Parlatino. La opción que manejan es realizar la votación el 12 de agosto.
Volvió el Gurkha
Disconforme con las concesiones que se le estaban dando a UPM, Andrés Masoller tomó sus cosas y se fue del MEF en 2017. La renuncia desnudó una interna compleja cuyo debate sigue hasta ahora: ¿la necesidad por recibir la inversión hizo que el gobierno fuera dócil en la negociación?
Ocho años después, sin Danilo Astori como cabeza del equipo económico, Masoller aceptó volver a participar en un gobierno del FA, esta vez como asesor de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP).
La OPP es la que debe controlar los gastos de las empresas públicas y negociar recursos con las intendencias así que el lugar le permitirá seguir honrando el apodo de Gurkha –un mote que refiere a los temibles guerreros nepaleses que siembran el terror en los enemigos con tácticas de acecho– y que le pusieron ya desde la militancia estudiantil por “su flexibilidad para aflojar dinero y su ánimo siempre generoso cuando se trata de pagar", como ironizó alguna vez Astori.
¿Streaming en Diputados?
El presidente de la Cámara de Diputados, el frenteamplista Sebastián Valdomir, quiere impulsar un canal de streaming que informe a la población sobre la labor parlamentaria. La idea inicial era transmitir las comisiones pero tras algunas consultas informales con colegas de otros partidos eso quedó por el camino porque no tuvo mucho respaldo.
La idea es contar el trabajo que se hace en las comisiones y tener la voz de los distintos partidos políticos. Cuando comenzaron a avanzar en el proyecto se encontraron con algunos problemas técnicos y la idea es llegar a la discusión presupuestal con una propuesta que permita llevar adelante un plan piloto.
(*) Tras la publicación, el asesor de la Senaclaft, Daniel Espinosa, informó que pese a que la resolución declara toda la estrategia reservada, el gobierno realizará una actividad y publicará un documento el 7 de agosto.