De la promesa al fraude: anatomía de la caída de las estafas ganaderas en Uruguay
A un año de la muerte de Gustavo Basso y de la caída de las primeras empresas, repasamos los detalles de una de las estafas de mayor magnitud de la historia uruguaya
28 de noviembre 2025 - 5:00hs
Mariela González se levantó a las seis de la mañana en su casa, como todos los días, porque uno de sus hijos se estaba por ir a la facultad y el otro al liceo. Su esposo se le acercó y le mostró un diario cuyo titular decía que había camiones sacando ganado de los campos República Ganadera. Ahí fue cuando se dio cuenta que algo andaba mal. Ahí fue cuando se le vino el mundo abajo.
Contó que ella y su esposo, primero, conocieron Conexión Ganadera por publicidad que vieron en internet. Invirtieron durante un año y medio (2019-2020) con un 8% de rentabilidad, hasta que les anunciaron que las tasas de interés bajarían a un 7%. Entonces, como también habían visto publicidad de República Ganadera, decidieron pasarse a ese “fondo de inversiones”. Cerraron un contrato a tres años, con un retorno del 10%, en el que invirtieron US$ 80.000. Llegaron, incluso, a renovarlo en octubre de 2024, días antes de la caída de la empresa.
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Manuel Pérez estaba en el club deportivo del que es socio, un sábado cualquiera, cuando se le acercó un conocido y le preguntó: “¿Te enteraste de lo que pasó con República Ganadera?”. “¿Cómo? ¿Qué pasó?”, respondió. “¿Dónde vivís vos?”, le respondió.
Tiempo antes había ido a una agencia de viajes a sacar los pasajes para un viaje familiar muy anhelado y se había encontrado con un exalumno suyo de la UDE que le comentó de otro compañero de aquella clase, Nicolás Jasidakis, que había salido en la tapa de una revista porque tenía una empresa con un proyecto novedoso llamado República Ganadera.
Primero, pensó: “Si un banco te paga el 4%, y acá hay un sistema produciendo, voy a invertir en vacas que es parte de la economía nacional de toda la historia del Uruguay”. Le ofrecían un 10% de rendimiento a tres años. Así que tras pensarlo y hacer otras averiguaciones, confió e invirtió un monto inicial de US$ 25.000 en 2022.
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Federico González se toma licencia, siempre, los primeros días de enero. Estaba en la playa, cuando lo llamó su hermano. “Marchamos”, le dijo al teléfono. “No sé de qué hablás”, le respondió. “¿No viste el correo, no?”, preguntó. “El primer correo que mandó Pablo Carrasco (Conexión Ganadera) decía que iban a seguir cumpliendo como los últimos 25 años, ya el segundo decía que iban a intentarlo”.
Llegó a Conexión Ganadera cinco años antes de todo el lío. Consultó a algunos amigos que habían invertido su dinero en estas empresas. Además, tuvo varias instancias de información con Rodolfo Flores, quien se desempeñaba como gerente operativo de la empresa. Durante cinco años fue recapitalizando sus ganancias. Fue invirtiendo cada vez más dinero. Hasta que quedó en cero.
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Martín Pérez Flores, en cambio, dice que “desde adentro” se enteraron un poco antes. Que Jairo Larrarte mandó un mensaje a los inversores de Grupo Larrarte, con un comunicado. Allí aclaraba que no le habían quitado el pasaporte, que no estaba requerido y que no se había fugado de Uruguay, como decían algunos rumores. “Si me estás aclarando eso, es porque algo hay”, pensó.
Él consultó a varias personas antes de invertir sus ahorros en un “fondo” ganadero. La mayoría, no se lo recomendaban. Pero lo que inclinó la balanza fue que una amiga de su expareja trabajaba allí, y que había algunas de las empresas que tenían muchos años de trayectoria con tasas similares. De hecho, la cláusula del contrato decía que la tasa de interés podía ser desde 0% hasta 11%, pero que al final la garantía era el ganado en pie del que él supuestamente era propietario.
Llegó a seguir el ganado que tenía a su nombre en las páginas del Sistema Nacional de Información Ganadera (SNIG) del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, a través de códigos electrónicos que, tiempo después se supo, no respondían a un ganado real.
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Incluso Eduardo Blasina, conocido consultor y comunicador experto en agropecuaria, llegó a invertir en Conexión Ganadera. “Fue la idea de estimular un crecimiento sofisticado de la ganadería uruguaya. La tasa era interesante, pero no me parecía descabellada”, dijo. Además, conocía personalmente a Pablo Carrasco, a Ana Iewdiukow y a Gustavo Basso, “desde hacía mucho tiempo como gente que estaba en pleno conocimiento del funcionamiento de la ganadería y como empresarios que suponía eran muy capaces como tales”.
Pero se fue a tiempo. Lo que lo salvó fue una diferencia de ideales con Carrasco al respecto del cambio climático. La razón fue, más que una alarma, conceptual.
“La ficha me cayó cuando los productores me empezaron a avisar que se había matado Gustavo Basso en la Ruta 5 en un Tesla. Ahí sí que dije ‘acá hay algo muy raro porque no hay manera de que eso sea un accidente, porque un Tesla no te deja chocar y porque Gustavo Basso la Ruta 5 la conocía como la palma de su mano”, agregó.
El 28 de noviembre de 2024, hace exactamente un año, se supo que Gustavo Basso había fallecido en un accidente con características particulares. Según la pericia pedida por la fiscalía que investigó su muerte, segundos antes de que el Tesla chocara contra la máquina vial de la obra por la doble vía, Basso presionó el acelerador del 38% al 90% mientras el volante no se movió. Por lo tanto, la conclusión fue que él mismo provocó el choque fatal.
Hasta ese momento, a nivel público se conocía la caída y la estafa del Grupo Larrarte, que había dejado de pagar las rentabilidades y había recibido las primeras denuncias penales, y ese mismo día de la muerte de Basso se conoció que tecleaba República Ganadera. Días después le siguieron Conexión Ganadera y Portfolio Capital.
Jairo Larrarte, que ya fue condenado y cumple la pena en prisión, estafó a unas 170 personas por un total de US$ 12 millones. Los damnificados de República Ganadera en tanto son más de 1.400 personas que perdieron US$ 95 millones, Conexión Ganadera dejó a 4.600 personas sin sus inversiones y la deuda, aún no cuantificada en el concurso, podría superar los US$ 300 millones. Por último, Portfolio Capital debe US$ 15 millones a 400 inversores.
En total, la ola de estafas de los llamados “fondos” ganaderas en Uruguay se llevó puestas a por lo menos 6.000 personas por más de US$ 400 millones.
“La estafa de Madoff en Estados Unidos, respecto a per cápita, es más chica que la de Conexión con respecto a Uruguay, evaluando el monto de lo que se está hablando con respecto a la población del país”, afirmó Gerardo Zambrano, presidente de Zambrano & Cía, en conversación con El Observador.
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El dinero que nunca fue ganado: una magnitud sin precedentes
Un fondo ganadero legítimo opera como un vehículo de inversión regulado, con una rentabilidad que es, por naturaleza, variable. ¿Por qué? Porque depende directamente de un ciclo biológico y económico del sector (precios de faena, sanidad y clima).
En este esquema, la ganancia proviene de la actividad productiva real, y la trazabilidad de los animales debe estar auditada y documentada, registrada a nombre del fondo o del inversor.
Por el contrario, los llamados "fondos-estafa"—como Conexión Ganadera o República Ganadera—fueron, más bien, disfraces. Su principal cebo era una rentabilidad fija, irreal y sistemáticamente alta (superando con creces lo que el negocio del campo puede sostener).
Su funcionamiento no se basaba en la venta de carne o ganado, sino en una estructura piramidal o Ponzi: el dinero recién ingresado de los nuevos clientes se utilizaba para pagar los supuestos intereses a los inversores más antiguos, manteniendo una fachada de solvencia.
La clave de la diferencia, y el inicio del delito, radicó en la ausencia de regulación financiera y la total falta de sustento productivo que garantizara la inversión.
Sin embargo, el mayor de los impactos tiene que ver con la magnitud inusitada de la maniobra. “En sus inicios había un negocio genuino”, sostuvo Bárbara Mainzer, directora de la Asociación de Bancos Privados del Uruguay, en diálogo con El Observador. “Sus promotores supieron agregar valor y aprovechar una oportunidad de mercado hace 25 años. Recordemos que era la gran crisis financiera, económica y bancaria, con varios bancos que quebraban. Los ahorristas, muchas veces, desconfiaban del sistema financiero y preferían ir a la economía real”, agregó.
Al mismo tiempo, explicó Mainzer, “muchos productores agropecuarios no tenían acceso al financiamiento. Ellos idearon esta forma de captar ahorro y financiar o comprar ganado que, a su vez, lo engordaban los productores. Pero, además, la suerte juega un factor muy importante siempre y aquí lo que jugó es que el precio de la carne, en la primera década de los 2000, subió muchísimo”.
Fueron varios los factores que se sumaron: la reciente crisis bancaria, productores agropecuarios sin acceso al financiamiento y el precio de la carne. Todo eso "ayudó, acompañó, retornos que eran realmente atractivos", dijo, hasta que el negocio dejó de ser sostenible y se convirtió en Ponzi puro.
“A mi entender hay dos hipótesis. Una, que se tramó como una estafa desde el principio. Otra, que para mí es la más probable, que es que el exceso de dinero recibido desestabilizó a la empresa y a la cabeza de sus dueños”, dijo Blasina al respecto.
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Según el abogado Santiago Alonso, que representa a un grupo de damnificados tanto de Grupo Larrarte, República Ganadera como Conexión Ganadera y también de Portfolio Capital “terminaron en el mismo manejo irresponsable, negligente o imprudente, o intentando encontrarle otra variante a lo que realmente era el objeto del negocio”.
“Caen todas juntas, con una diferencia de tiempo de meses porque todas estaban inmersas en un esquema Ponzi. Todas estas empresas no compraban el ganado que deberían comprar por contrato. Compraban una parte muy menor”, agrega Juan Pablo Decia, abogado de damnificados de todas las empresas que han caído.
Una vez que el flujo de caja se volvió insuficiente, el engranaje de la estafa se aceleró. Esta desviación de fondos quedó expuesta en los peritajes. Graciana Abelenda, abogada de damnificados de todas las empresas se refirió al caso Conexión Ganadera, y estimó que "hay un sexto de lo que debería existir en base a los montos tomados", con casos donde clientes que debían tener "400 o 500 animales" solo tenían 30 tras una inspección.
Por eso, la pregunta que asfixia a los inversores es: si el dinero no estaba en las vacas, ¿dónde estaba? La respuesta apunta al desvío de capital para gastos personales y otros negocios.
Abelenda denunció que, incluso cuando los números ya estaban en rojo se continuó "adquiriendo bienes con fondos de los inversionistas para los hijos de Carrasco, por ejemplo". El caso Larrarte muestra una maniobra similar, donde Alonso explica que el propio Larrarte "tomaba dinero y no lo utilizaba para la compra de ganado sino que lo destinaba para otros negocios en los que él pensaba que podía obtener una rentabilidad mayor".
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La trama de la complicidad y la confianza rota
Según Decia, "es muy difícil y choca contra principios elementales de la lógica pensar que solamente los tres directores eran los que estaban al mando de esto por fuera de la complicidad de los cuadros gerenciales y los mandos medios".
Esto incluye a los "mandos medios en Conexión Ganadera" que, dice, se encargaron de la logística, la trazabilidad, de ingresar la información en el Sistema Nacional de Información Ganadera y de mantener el contacto directo con los inversores, actuando como elementos clave para sostener el esquema.
La confianza en el supuesto negocio se construyó, además, a través de una agresiva estrategia de marketing y validación social. "Hicieron una especie de tour por el campo, fueron a Artigas, llevaron una especie de show, [...] vengan, pasen y vean qué lindas fantasías tengo acá, qué lindas vacas", recordó Pérez.
En el caso de Conexión Ganadera, la publicidad era más sutil pero constante: "ponían en las carreteras una vaca con una flor en la boca y decía, engordamos tus ahorros" pero lo más sólido era el boca a boca, el ver que al conocido le iba bien, que llevaba años invirtiendo y se iba de vacaciones con ese dinero, o mejoraba su nivel de vida.
Según Pérez, en República Ganadera “hasta el último día estaban persiguiendo a cualquiera que quisiera invertir, aunque fueran US$ 10.000”. En su caso, ante los rumores de que el negocio no venía tan bien, se reunió con Jasidakis y le pidió que le dijera si seguía invirtiendo o no. Lo miro a los ojos y le dijo que estaba todo bien. “Eso también es un golpe bajo. Cuando uno va de corazón abierto, se quiebra algo fundamental que es la confianza”, dijo.
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Es que el perfil de las personas damnificadas es, quizás, uno de los elementos más trágicos del caso de estafas de fondos ganaderos en Uruguay. No se trataba mayoritariamente de grandes capitales especulativos, sino más bien de personas de clase media y trabajadora que buscaban un retiro seguro o una rentabilidad superior a la de los bancos.
"Yo trabajo como empleada doméstica, mi esposo es empleado, o sea que no es una jubilación alta a futuro. Teníamos todo apostado a eso, a esa tranquilidad a futuro, porque tampoco era para hacernos ricos ni nada que se le parezca”, contó Mariela González.
De hecho, el propio Pérez describió al resto de las personas que conoció invirtiendo en el área como "gente trabajadora que veía esto como una oportunidad" y otros que "ahorraron toda la vida para hacer una inversión y que lo querían como retiro."
En su caso, “ese dinero tenía que ver con un inmueble que fue un ahorro de toda la vida, de trabajo y sacrificio. Y también tenía que ver con mi retiro. Si me jubilo mañana, yo quiero cobrar eso”, pensaba.
“Hay una cosa muy humana en todo esto. Es, ‘yo veo al de al lado volverse rico y yo también quiero’. Veo que al de al lado le funciona, y que esto le funcionó durante 25 años”, agregó Mainzer.
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La cautela en el campo: las consecuencias de la estafa para el agro
“Me afecta, sí. Cada vez que me doy cuenta me pongo a llorar. Me agarra una angustia y no sabés cómo… Hay gente de 70 u 80 años estafada. ¿Cómo empieza esa gente de vuelta? Esa gente no empieza. Nosotros ya volvimos a guardar el aguinaldo y ya la licencia se vuelve a guardar”, dijo Mariela González.
“Para mí era bastante dinero, No son los ahorros de toda la vida, ni lo que sucede en otras situaciones, pero me agarró en un momento económicamente muy vulnerable. Después, incluso, fue peor porque los gastos legales son bastantes. Seguí perdiendo plata después porque la denuncia penal, porque hay que presentarse a concurso”, afirmó Martín Pérez Flores.
“Cuesta, cuesta. Cuesta porque uno tiene que salir a batallar con lo emocional de la pérdida y además a estar atacado por la opinión pública que injustamente nos hace responsables a nosotros de un robo”, agregó González.
Si bien el núcleo del problema fue un fraude financiero y no una crisis de precios ganaderos, el colapso de los fondos-estafa generó importantes coletazos en la principal actividad económica del Uruguay.
Gerardo Zambrano es claro al desvincular la base productiva del delito: "Nada de lo que pasó con lo que hizo Conexión Ganadera, República Ganadera, Larrarte y algunos más, tienen que ver con lo que es el sector agropecuario, con lo que es el sistema, con lo que son las vacas, nada absolutamente que ver. Fueron estafas, como hay estafas en otros rubros".
No obstante, las consecuencias para la imagen y la operativa del sector son ineludibles. Blasina señaló una "decepción de gente que dijo, qué competitiva es la ganadería uruguaya, voy a apostar acá porque tiene poco riesgo", cuya confianza fue "completamente defraudada". Si bien la culpa no es del sector productivo, la estafa utilizó "el buen nombre de un sector productivo para hacer marketing".
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La trazabilidad en jaque
Una de las consecuencias más graves se centró en la trazabilidad, el sistema de identificación y seguimiento del ganado del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca a través de Dicose, que es un "galardón único" y una "marca registrada" de Uruguay ante los mercados internacionales.
Decia enfatizó que "se puso en jaque el sector primario de la economía del Uruguay, la confiabilidad que los mercados tienen sobre Uruguay se vio de alguna manera cuestionada".
La maniobra demostró que el sistema de trazabilidad "no es infalible, que es vulnerable cuando hay quienes con una muy mala intención pretenden llevar adelante maniobras como la que asistimos en el caso de los fondos ganaderos".
Numerosos damnificados se encontraron con que mientras creían tener decenas de animales, según los contratos firmados y según las guías, que figuraba en el registro del Sistema Nacional de Información Ganadera (SNIG) ese ganado no coincidía con la realidad, o tenían mucho menos, o no tenían nada en algún caso.
El encargado del SNIG, Gabriel Osorio, dijo al declarar por el caso Larrarte en Fiscalía que cuando los inversores pedían la clave para entrar ya estaba otorgada al grupo, y afirmó que esa situación les encendió "varias luces" cuando numerosos inversores de esa empresa llegaron al MGAP para pedir acceder al sistema. Contó que nunca había visto una situación como la que surgió con el Grupo Larrarte que luego "se multiplicó por tres" en alusión a los casos de República Ganadera y Conexión Ganadera.
En ese sentido, un inversor de República Ganadera comprobó cómo falsificaron su firma en la guía para traspasar la propiedad de su ganado a la empresa y luego la misma guía pasó por cuatro titulares diferentes, entre escritorios rurales y otros damnificados.
Blasina concluyó que este escándalo debe servir como una "hecha la ley, hecha la trampa, pero sabemos que hay que modificar algo porque acá la trazabilidad no sale parada de la mejor manera". El único efecto económico localizado que se percibió, según Blasina, fue sobre "el precio de la tierra en el norte, que era donde estaba la mayoría de estos emprendimientos".
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El laberinto judicial: de la prisión a la lucha por los bienes concursados
El colapso de los fondos ganaderos rápidamente se bifurcó en dos grandes vías judiciales: la penal, enfocada en la responsabilidad personal de los directivos por delitos como estafa, lavado de activos y falsificación; y la civil, centrada en la declaración de concurso (quiebra) de las empresas para intentar recuperar los bienes.
La vía penal se centró en los directivos de las principales firmas, logrando hitos simbólicos y concretos. Las imputaciones y prisiones se extendieron a figuras clave por delitos continuados de estafa y lavado de activos, buscando castigar la desviación de los fondos de los inversores.
La imputación de Pablo Carrasco, su esposa Ana Iewdiukow y Daniela Cabral, la viuda de Basso, se cubrieron con grandes titulares, tras probarse maniobras para utilizar el dinero de los inversores en adquirir bienes tanto en Uruguay como en el exterior, evidenciando un esfuerzo por salvaguardar bienes en perjuicio de las víctimas.
En el plano civil, el objetivo principal es determinar qué activos quedan realmente para intentar compensar a los damnificados. La tarea es colosal debido a la complejidad del "ecosistema" de empresas utilizado para el fraude. Abelenda detalló que "van más de 10" empresas concursadas, incluyendo la propia Conexión Ganadera, Hernandarias XIII, Conexión Genética, y las vinculadas a la familia Basso, Bamidal y Del Terruño, además de personas físicas como Pablo Carrasco, la propia Daniela Carbal.
La dificultad se agrava por la red de terceros tomadores que manejaban los animales en el campo. Abelenda señaló que solo Conexión Ganadera manejaba al menos "27 establecimientos rurales más," citando contratos con firmas como Pasfer, Gladenur, y otros, lo que complica la identificación y el recupero del ganado real.
Dentro del concurso, los damnificados se dividen en grupos con distintas expectativas de cobro. Andrea Ramírez, abogada de Bragard Abogados, señaló que tienen tanto “clientes cuyos contratos son de bono ganadero, de pool, de engorde, lo que los hace propietarios de ese ganado, como también del grupo de acreedores que son los titulares de contratos de ternero".
Los que poseen contratos que los identifican como propietarios directos de ganado específico tienen, en teoría, una expectativa más alta de cobro que aquellos cuya inversión era una simple acreencia.
Si bien ha habido de parte de los abogados el reclamo de que se considere a todos en la misma categoría para que queden en pie de igualdad, falta conocer qué le planteará el síndico Alfredo Ciavattone al juez Leobardo Méndez cuando concluya la calificación de los créditos.
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Las lecciones del desastre: blindando el sistema contra la próxima estafa
El colapso de los fondos ganaderos, más allá de la tragedia individual, forzó al Estado uruguayo a reconocer y sellar las grietas normativas que permitieron el fraude. La tarea ahora, en palabras de Blasina, es la de "calafatearlo y tapar todos los agujeros y blindarlo lo más posible" a nivel institucional.
La principal debilidad identificada fue que estos esquemas operaban en una zona gris fuera de la supervisión financiera formal. Para remediar esto, el gobierno, impulsado por el Banco Central del Uruguay (BCU), incluyó modificaciones legales en la ley de Presupuesto.
El principal cambio propuesto es ampliar el ámbito de regulación y control del BCU para incluir a las entidades que, aún sin emitir valores, realicen operaciones financieras convocando a la inversión mediante la captación masiva de recursos del público.
Guillermo Tolosa, presidente del BCU, explicó a El Observador que la filosofía de esta nueva legislación es clara: extender el perímetro regulatorio para que empresas que "llamen a financiamiento prometiendo una rentabilidad o generando la expectativa de una rentabilidad" queden bajo control, incluso si no son formalmente bancos o fondos.
El BCU entra como jugador principal para tratar de evitar que "vuelvan a suceder situaciones como las de los llamados fondos ganaderos, que no eran fondos registrados ante el Banco Central, pero se suelen denominar de esa manera", dice.
Si la propuesta es aprobada, cualquier empresa —sea en el rubro ganadero o en otras áreas de la economía— que capte ahorro con una expectativa de rentabilidad, será "sujeto a mayores requisitos de información". Esto implica que "no va a volver a suceder que existan promesas a un ahorrista minorista fuera de todo tipo de controles", incluyendo la publicidad engañosa, que jugó un rol clave en la captación de inversores.
Si bien el BCU se ocupa de la regulación financiera, el Ministerio de Ganadería fue emplazado a reforzar el sistema de trazabilidad. Tras las estafas, la "marca registrada" de la ganadería uruguaya quedó cuestionada, demostrando ser vulnerable. El compromiso institucional se centra en modificar la trazabilidad para que la fiscalización y el registro del ganado sean más robustos y menos susceptibles a la manipulación por parte de terceros tomadores.
Además, las lecciones del fraude impulsaron una cruzada por la educación financiera. Mainzer señaló que mejorar la educación financiera "va a ser algo relativamente permanente" dada la falta existente a todo nivel. El BCU, consciente de haber identificado "debilidades en términos de educación financiera para adultos", ha prometido redoblar esfuerzos.
EL BCU anunció un foco sin precedentes en este tema, no solo incorporando la educación financiera en la currícula de los liceos (a través de un convenio con ANEP), sino también con un curso de aprendizaje en línea sobre inversión, un micrositio de educación sobre inversiones, con contenidos claros y accesibles; y una campaña digital en redes sociales con foco en la inversión regulada.
Este especial es autoría de los periodistas Joaquín Pisa, Miguel Noguez, Natalia Roba y Federica Bordaberry.
