La calificadora S&P señaló presiones de gasto y tensiones políticas que podrían demorar la consolidación fiscal
La agencia Standard & Poor's (S&P) confirmó la calificación soberana de Uruguay en ‘BBB+’ —dos escalones por encima del grado inversor— con perspectiva estable.
El reporte destacó la continuidad de las políticas económicas tras el cambio de administración y el fortalecimiento de la credibilidad del Banco Central.
Sin embargo, el informe dedica gran parte de su análisis a los desafíos fiscales estructurales y a un panorama de crecimiento económico que se moderará en los próximos años, elementos que condicionan la evolución futura del perfil crediticio del país.
Según el informe, Uruguay atraviesa una situación fiscal compleja, donde los factores estructurales del gasto público limitan la velocidad de corrección del déficit y exigen reformas de fondo.
S&P señala que más del 80% del gasto total se concentra en remuneraciones, pasividades e intereses, lo que deja poco margen de maniobra al gobierno para realizar ajustes significativos sin afectar compromisos sociales y políticos de largo plazo.
A esta rigidez se suma la indexación del gasto, especialmente en salarios y pasividades, un mecanismo que funciona como un amortiguador social pero que dificulta la reducción del déficit cuando se desacelera el crecimiento económico o los ingresos tributarios no aumentan al ritmo esperado, explica. Además, la estructura demográfica del país —con una población envejecida que presiona el sistema previsional— refuerza esta inercia del gasto, dice la calificadora.
El resultado es un déficit proyectado de 4% del PIB en 2026, lo que supone un retroceso respecto a los niveles de 2024. La causa principal es una recaudación sobreestimada en el presupuesto 2024–2025 y una presión creciente sobre el gasto.
Frente a esta situación, el gobierno ha iniciado una estrategia de corrección gradual, centrada en medidas de eficiencia recaudatoria y en reformas tributarias destinadas a elevar los ingresos del sector público. Si estos cambios se implementan de acuerdo con lo previsto, S&P estima que la recaudación aumentará del 29% al 30% del PIB en 2028, ayudando a reducir el déficit hacia niveles más manejables a partir de 2027.
No obstante, la agencia advierte que existen riesgos de implementación, particularmente en torno a la adopción de un impuesto mínimo global, así como tensiones políticas dentro de la coalición gobernante sobre el tamaño del Estado y el ritmo de las reformas. Estas diferencias podrían ralentizar la capacidad del Ejecutivo para avanzar en una consolidación fiscal sostenida.
Aunque el desempeño económico de 2025 será relativamente favorable —con un crecimiento estimado de 2,2%, impulsado por el consumo y las exportaciones—, el informe anticipa una desaceleración para los años siguientes.
Las previsiones de S&P sitúan el crecimiento en 1,8% para 2026, y cerca de 2% en 2027 y 2028, niveles que, aunque superiores al promedio de los últimos cinco años, se encuentran por debajo del potencial que necesitaría el país para reducir más rápido su carga fiscal.
El principal motivo de la moderación es el débil dinamismo de la inversión, golpeada por la finalización de grandes proyectos —como los vinculados a la industria de la celulosa— y por un entorno regulatorio que, según S&P, presenta ciertas rigideces que elevan los costos de operar en algunos sectores. El informe sostiene que, sin una mejora del clima inversor mediante reformas microeconómicas, Uruguay podría tener dificultades para sostener un crecimiento acorde a sus niveles de desarrollo.
En el corto plazo, el consumo sigue siendo el motor principal, apuntalado por la recuperación del ingreso real y por un mercado laboral que se mantiene favorable. Además, el país conserva fortalezas externas significativas: un robusto sector exportador, la recuperación del turismo y un saldo de cuenta corriente que será levemente positivo en 2025 antes de volver a terreno negativo, aunque equilibrado por el ingreso de inversión extranjera directa.
El diagnóstico de S&P deja en claro que Uruguay se encuentra ante un equilibrio desafiante: mientras el crecimiento se estabiliza en niveles moderados, las rigideces fiscales obligan a una corrección gradual que dependerá tanto de decisiones políticas como del ritmo de la economía.
Si el gobierno logra combinar un mayor dinamismo de la inversión con avances en la consolidación fiscal, el país podría mejorar su perfil crediticio en los próximos años. De lo contrario, un deterioro persistente del déficit o un crecimiento inferior al previsto podría ejercer presión a la baja sobre la calificación.