Reducir una problemática multidimensional como la pobreza infantil a una simple cuestión de falta de recursos desplaza la discusión hacia un terreno simbólico que puede ser políticamente eficaz, pero es técnicamente irresponsable. Es simplificar para reforzar identidades políticas, no para mejorar políticas públicas. Un atajo retórico que oculta más de lo que revela.
Proponer nuevos impuestos en un país con presión fiscal elevada y con contribuyentes que perciben escaso retorno es, como mínimo, imprudente. Pero, sobre todo, es una forma de eludir el debate que realmente importa: cómo se gasta, dónde se gasta y con qué resultados.
Vale recordar las palabras de Danilo Astori. En abril de 2023, en una entrevista con El Observador, afirmó que durante el gobierno de José Mujica “se gastó mucho y se gastó mal”. Y agregó: “No supimos manejar la calidad del gasto público”. Lo dijo uno de los economistas más respetados de la izquierda, no un opositor coyuntural.
La evidencia comparada es clara: los niveles de pobreza infantil dependen menos del volumen total de gasto social y más de su calidad, focalización y gobernanza. Uruguay exhibe desde hace décadas un patrón estable: alta presión fiscal, elevado gasto social y resultados insatisfactorios en la reducción de la pobreza estructural de la infancia. Ese desajuste sugiere un problema de efectividad y eficiencia antes que de recursos.
Uruguay no tiene un problema de recaudación; tiene un problema de gestión. La pobreza infantil no surge de la “falta de recursos”, sino de políticas públicas mal diseñadas o mal ejecutadas.
La apelación al “1% más rico” funciona como lo que es: un recurso simbólico. Opera sobre una premisa emocional —la pobreza de los niños— para justificar aumentos impositivos dirigidos a un segmento difuso y políticamente conveniente.
Lo decisivo no es cuánto se recauda, sino cómo se administra el dinero común: en qué se invierte, con qué controles, bajo qué instituciones y con qué resultados. Esa es la discusión honesta que falta. Mientras sea sustituida por eslóganes fáciles, la pobreza infantil seguirá siendo utilizada como argumento moral, pero no como prioridad real.
La discusión relevante para Uruguay no es si la recaudación es suficiente —que, en términos comparativos, lo es—, sino si está logrando los resultados que debería. La pobreza infantil no puede seguir siendo un recurso retórico para justificar incrementos fiscales: debe ser un criterio exigente para evaluar políticas públicas.
Proponer “gravar al 1% más rico” como solución a la pobreza infantil no es audaz ni valiente: es puro facilismo político. Un eslogan que moviliza emociones, pero no arregla nada. Vender humo en envase moral.
