Lo que importa sobre la no adhesión de la provincia al blanqueo de capitales
- La provincia de Buenos Aires, bajo la administración de Axel Kicillof, decidió no adherir al blanqueo de capitales impulsado por el gobierno de Javier Milei, lo que permite a la Agencia de Recaudación de Buenos Aires (ARBA) exigir impuestos provinciales.
- Esta postura busca desalentar la cultura de regularizaciones fiscales periódicas, que, según el gobierno provincial, afecta negativamente la cultura tributaria y los incentivos al cumplimiento fiscal.
- Provincias como Santa Fe, Neuquén y Mendoza definieron posturas propias sobre el blanqueo, estableciendo gravámenes adicionales o adhiriendo sin modificaciones; en contraste, Buenos Aires se mantiene firme en su rechazo.
- Los contribuyentes bonaerenses que participaron en el blanqueo a nivel nacional podrían enfrentar ajustes de Ingresos Brutos y otros impuestos, dependiendo de sus operaciones y del origen de sus fondos.
- La medida podría tener efectos judiciales en casos específicos donde los contribuyentes argumenten la inaplicabilidad de ciertos impuestos provinciales sobre activos declarados bajo el régimen nacional.
Contexto
¿Por qué Buenos Aires no adhirió al blanqueo de capitales impulsado por el gobierno nacional?: La decisión de Buenos Aires, liderada por Kicillof, responde a una estrategia de desincentivar la cultura de “blanqueos sucesivos”, que se percibe como perjudicial para la cultura tributaria y para fomentar el cumplimiento fiscal regular. Según el ministro de Economía bonaerense, Pablo López, la medida fue excluida deliberadamente del proyecto de ley impositiva presentado a la Legislatura, y no existe intención de incluirla en el futuro. A diferencia de otras provincias que definieron gravámenes propios o se adhirieron sin restricciones, Buenos Aires opta por utilizar el marco actual para exigir tributos provinciales sobre bienes no declarados, como ingresos brutos, sellos o patrimoniales.
¿Cómo reaccionaron otras provincias al régimen de blanqueo?: Las provincias adoptaron enfoques variados: Santa Fe impondrá una tasa del 2% sobre activos superiores a 100.000 dólares, Neuquén aplicará tasas progresivas entre el 0,75% y el 1,25%, y Salta cobrará un 10% de lo tributado a nivel nacional. Mendoza adhirió sin añadir nuevos impuestos. Estas decisiones muestran diferentes estrategias, algunas de las cuales buscan aprovechar el blanqueo como oportunidad de ingresos adicionales, mientras que Buenos Aires considera que esta práctica recurrente desalienta la cultura de cumplimiento fiscal.
¿Qué implicancias tiene esta postura para los contribuyentes bonaerenses que ya participaron en el blanqueo?: Para los contribuyentes que regularizaron activos mediante el blanqueo a nivel nacional, la falta de adhesión de Buenos Aires implica que ARBA podría intentar cobrar Ingresos Brutos sobre esos activos. En el caso de personas jurídicas, ARBA podría argumentar que los activos blanqueados representan ingresos omitidos en la jurisdicción bonaerense, aplicando alícuotas de hasta el 5% según la actividad. Para personas físicas, la situación depende de la procedencia de los fondos. Si, por ejemplo, los fondos provienen de una herencia o inversiones en el exterior, y se justifica adecuadamente, podrían no estar sujetos a Ingresos Brutos; sin embargo, ARBA podría hacer ajustes y obligar al contribuyente a presentar defensas específicas en cada caso.
¿Cuáles son los posibles conflictos legales que esta medida podría generar?: La postura de Buenos Aires abre un escenario potencial de judicialización para aquellos contribuyentes que consideren que el blanqueo nacional debería eximirlos de impuestos provinciales sobre los activos exteriorizados. Algunos analistas sugieren que se podrían esgrimir argumentos basados en la “cláusula de progreso” de la Constitución Nacional, según la cual medidas aprobadas por el Congreso que buscan promover el progreso del país no deberían ser gravadas por jurisdicciones provinciales. Sin embargo, esta defensa es compleja y podría implicar largos litigios, con decisiones finales que podrían tardar años en obtenerse, como explica el tributarista Sebastián Domínguez.
¿Qué impacto tiene la decisión de Buenos Aires en el desarrollo del blanqueo nacional?: Según el especialista, la falta de adhesión de Buenos Aires podría desincentivar a algunas empresas a participar en el régimen, temiendo futuros ajustes e impuestos adicionales. La segunda fase del blanqueo, que estará vigente hasta febrero de 2025, impone una alícuota del 10% para activos superiores a 100.000 dólares, y ya lleva regularizados unos 19.000 millones de dólares en activos. En este contexto, contribuyentes bonaerenses podrían abstenerse de regularizar capitales para evitar la posibilidad de tributación extra en la provincia.
¿Qué papel juega ARBA en la fiscalización de los activos exteriorizados?: ARBA tiene un rol activo en la fiscalización, amparado en convenios de colaboración con organismos nacionales, como la ex AFIP. Si bien la Agencia de Recaudación y Control Aduanero aún no envió datos de contribuyentes bonaerenses a ARBA, la entidad podría acceder a cierta información relevante, como los números de CUIT asociados a las cuentas de regularización de activos. Esto se debe a que los bancos están obligados a reportar estos datos. Sin embargo, el acceso directo a los montos blanqueados podría ser una dificultad para ARBA, lo que también condicionaría la exactitud de sus ajustes.
Cómo sigue
La decisión de Buenos Aires de no adherirse al blanqueo podría generar varios efectos en el mediano y largo plazo para los contribuyentes de la provincia. La postura de Kicillof ya llevó a algunas empresas a dudar sobre la conveniencia de blanquear activos, y es probable que otros contribuyentes evalúen sus alternativas para evitar posibles ajustes impositivos. Para quienes ya blanquearon, será fundamental contar con argumentos sólidos sobre el origen de sus fondos y estar preparados para defender sus posiciones ante potenciales ajustes de ARBA.
A futuro, podrían presentarse disputas judiciales sobre la validez de estos impuestos provinciales sobre activos blanqueados. Los litigios, sin embargo, podrían extenderse en el tiempo, y las decisiones favorables a los contribuyentes solo se alcanzarían después de largos procesos judiciales. En el caso de ganar, es posible que el efecto inflacionario reduzca significativamente el impacto del monto recuperado, como advierten los especialistas. Mientras tanto, el desarrollo de la segunda y tercera fases del blanqueo nacional seguirá vigente hasta 2025, y otros gobiernos provinciales podrían revaluar su postura a medida que avanzan las etapas del régimen.
Por otro lado, la decisión de Buenos Aires también podría influir en futuras políticas de blanqueo a nivel nacional, donde la repetición de este tipo de regímenes enfrenta críticas por su impacto en la cultura tributaria.
