El Gobierno argentino, a través del ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, y el procurador del Tesoro, Rodolfo Barra, presentó hoy una acción de habeas corpus preventivo en busca de una protección judicial ante la posibilidad de que Venezuela emita órdenes de captura internacional contra el presidente Javier Milei, su hermana Karina Milei, y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, según una presentación a la que accedió Quorum.
La medida tiene como objetivo impedir la ejecución de estas órdenes fuera del país, alegando que las mismas tienen un trasfondo político y carecen de legitimidad legal
El gobierno de Milei sostiene que la amenaza venezolana responde exclusivamente a fines políticos. Según los funcionarios libertarios esta orden de captura tiene como objetivo intimidar a los funcionarios y es una clara intromisión en un caso que ya fue resuelto por la Justicia argentina, sin participación de los actuales miembros del gobierno.
El juez federal Julián Ercolini y el fiscal Carlos Rivolo deberán analizar si corresponde hacer lugar a la acción de habeas corpus, lo que incluiría la notificación a organismos internacionales como Interpol y la OEA. Esto evitaría la ejecución de cualquier orden emitida por Venezuela en caso de que Milei o sus funcionarios viajen al exterior, resguardando así su libertad personal.
El conflicto con el régimen de Maduro
Venezuela emitió el pasado 18 de septiembre órdenes de detención contra Milei, su hermana Karina y Bullrich acusándolos de delitos como robo agravado y asociación ilícita. Esto ocurrió tras la entrega de un avión venezolano retenido en Argentina, vinculado a investigaciones de terrorismo.
Además de este conflicto, las relaciones entre ambos países se tensan por la investigación en Argentina sobre funcionarios venezolanos acusados de crímenes de lesa humanidad. Venezuela también acusa a Milei de violaciones a los derechos humanos, sumando tensión al vínculo diplomático.
El origen de la disputa entre Argentina y Venezuela se remonta a junio de 2022, cuando un avión de carga de la empresa Emtrasur, propiedad de Venezuela, fue retenido en Buenos Aires bajo sospechas de estar vinculado con actividades ilícitas.
La aeronave, con tripulación venezolana e iraní, permaneció en Argentina mientras se investigaban posibles vínculos con entidades sancionadas por Estados Unidos, en un proceso judicial que terminó durante el gobierno de Alberto Fernández.
