Lo que importa
- La Cámara de Diputados aprobó este miércoles la reforma de la ley que reglamenta los decretos de necesidad y urgencia (DNU), pero con modificaciones que obligan a que el proyecto vuelva al Senado. La votación en general terminó con 140 votos a favor, 80 en contra y 17 abstenciones.
- El artículo 3 —que establece un plazo de 90 días para que el Congreso se pronuncie sobre la validez de los decretos— no alcanzó la mayoría absoluta requerida: obtuvo 127 votos cuando necesitaba 129. Por este motivo, el proyecto completo debe regresar a la Cámara alta.
- El oficialismo considera que ganó tiempo político, ya que un eventual veto presidencial llegará después de las elecciones legislativas del 26 de octubre.
- La reforma busca empoderar al Congreso frente al Poder Ejecutivo: exige que ambas cámaras ratifiquen los DNU (actualmente solo se necesita una) y establece que bastará con que una sola cámara los rechace para dejarlos sin efecto.
- El Gobierno califica la iniciativa de "desestabilizante" y advierte que busca "instalar el gobierno del Congreso". La oposición sostiene que la reforma no limita al presidente Javier Milei sino que evita el uso y abuso de esta herramienta.
Contexto
¿Qué cambios introduce la reforma a la ley de DNU?
La reforma modifica la ley 26.122 de 2006, impulsada por Cristina Fernández durante el gobierno de Néstor Kirchner. El cambio más significativo es que exige que ambas cámaras del Congreso se pronuncien sobre la validez de los decretos para que sean ratificados; actualmente solo se necesita la aprobación de una cámara. Esto implica que la oposición solo necesitaría juntar una mayoría en una de las cámaras para invalidar los decretos.
Además, la reforma establece que bastará con que una sola cámara rechace un DNU o decreto delegado para dejarlo sin efecto, mientras que la norma actual exige el rechazo de ambas cámaras. La iniciativa pretende erradicar el artilugio de la "sanción ficta": la convalidación de los decretos a partir del silencio del Congreso.
Otro punto importante es que cada decreto deberá referirse a un área en particular, con el fin de evitar una mezcla de temas en un solo texto. Por ejemplo, el Gobierno no podría volver a firmar un decreto como el 70/23 de desburocratización del Estado, que modificaba cientos de leyes y abarcaba diferentes áreas.
¿Qué artículo no alcanzó la mayoría y por qué es importante?
El artículo 3 del proyecto no consiguió superar la mayoría absoluta de 129 votos que exige la Constitución: obtuvo 127 votos positivos. Este artículo establecía un plazo de 90 días corridos para que el Congreso se pronuncie sobre la validez de los DNU. De no ser tratado dentro de ese plazo, el decreto quedaría automáticamente derogado. Al no alcanzar la mayoría necesaria, el proyecto completo debe regresar al Senado para que esa cámara decida si acepta los cambios o insiste con el texto original.
¿Cómo logró el oficialismo este resultado?
El Gobierno trabajó hasta último momento para doblegar algunas voluntades en el recinto. El presidente de la Cámara baja, Martín Menem, intentó desactivar el debate pasando horas al teléfono con gobernadores aliados para buscar que sus legisladores se ausentaran e impedir el quorum, aunque no lo logró. Sin embargo, lograron que varios diputados se abstuvieran en la votación particular del artículo 3, especialmente radicales, lo que fue determinante para que no alcanzara la mayoría absoluta necesaria.
¿Cuál es la posición del oficialismo sobre esta reforma?
El oficialismo calificó la ofensiva opositora de "desestabilizante". Nicolás Mayoraz, presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, advirtió que "nadie puede pecar de ingenuo ni creer que el kirchnerismo con su dictamen de mayoría quiere mejorar las instituciones de la república. Al contrario, se propone desestabilizar al Gobierno, generando una mayor inseguridad jurídica". Mayoraz agregó: "Con este diseño que plantea la reforma de la ley, que viola la Constitución, se pretende instalar el gobierno del Congreso, una suerte de democracia parlamentaria, en el que ya no será el Poder Ejecutivo el que tome las decisiones".
El diputado libertario Álvaro Martínez señaló que "esta ley tiene claramente un interés de desestabilizar al gobierno nacional. Cada vez que el kirchnerismo no gobierna, entorpece. Cuanto peor, mejor".
¿Qué argumentan los bloques opositores que apoyan la reforma?
Los opositores sostienen que la intención de la reforma no es limitarle las facultades al presidente Javier Milei de dictar decretos, sino evitar que el Poder Ejecutivo haga uso y abuso de esta herramienta. Nicolás Massot, de Encuentro Federal, replicó: "Esta ley no atenta contra la gobernabilidad, al contrario, es a favor. Esta reforma sirve para que el Gobierno entienda que no se puede gobernar con un tercio de legisladores en una de las cámaras y que necesita formar mayorías. Si no lo hace, no hay tercio que los salve".
Miguel Pichetto, también de Encuentro Federal, consideró pertinente la reforma por el uso excesivo que hicieron de esta herramienta los distintos gobiernos. "En el tiempo que estamos viviendo, esta mecánica del Gobierno, con el abuso de los vetos, de los DNU, es un dato muy negativo y constituye una visión muy limitada de la democracia", sostuvo. Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica, planteó que los decretos "han sido la herramienta más destructiva para la libertad que hoy en día algunos dicen defender" y arremetió: "Si nosotros no ponemos un límite esto seguirá siendo un viva la pepa, un estado de excepción permanente".
¿Cuál fue la posición del radicalismo y el PRO?
El radicalismo mostró posiciones divididas pese a ser un histórico detractor de la ley 26.122. El bloque que conduce Rodrigo De Loredo buscó una diagonal: pedir que la reforma rija a partir de 2027. "Exigirle en tiempo récord a un gobierno que no tiene un solo gobernador, un solo intendente y cuenta con un puñado de legisladores, lo que no se le exigió a los gobiernos anteriores constituye un hecho que los desestabiliza institucionalmente", alegó De Loredo. Sin embargo, el radical Julio Cobos se desmarcó de su bloque y anticipó su apoyo a la reforma.
El diputado del PRO Damián Arabia recordó que Néstor Kirchner firmó 236 decretos, Cristina Fernández usó 81 teniendo mayoría en ambas cámaras, y Alberto Fernández otros 178. "Cuando les tocó gobernar sobreutilizaron los DNU. Y ahora quieren cambiar una ley que estaba hecha a medida para ellos, porque no gobiernan", dijo y denunció que la oposición está planeando un "bloque institucional" para después de las elecciones.
¿Cómo impactó el caso Espert en la sesión?
La sesión arrancó bajo la sombra del escándalo en torno al diputado José Luis Espert por sus vínculos con Federico "Fred" Machado, investigado en Estados Unidos por pertenecer a una estructura ligada al narcotráfico y lavado de activos. Varios legisladores de la oposición pretendían forzar el tratamiento de proyectos para removerlo de la banca, pero el oficialismo cortó de cuajo sus pretensiones. Ni bien arrancó la sesión, Espert —quien no estuvo presente en el recinto— hizo circular el pedido de licencia hasta el 8 de diciembre próximo, día en que vence su mandato.
Cómo sigue
El proyecto volverá al Senado, donde se definirá si acepta los cambios introducidos por Diputados o si insiste con el texto original que incluye el plazo de 90 días para el tratamiento de los DNU. En las filas libertarias consideran posible que el Senado ratifique el texto original, pero al menos la discusión quedará postergada para después de las elecciones legislativas del 26 de octubre.
Desde la Casa Rosada dejaron trascender que el presidente Javier Milei vetaría la norma porque pone en juego la gobernabilidad. En el oficialismo festejan que el trámite parlamentario se prolongue y deje un eventual veto presidencial para después de las elecciones. Esperan que la finalización de la campaña electoral y un resultado aceptable les permitan recomponer la relación con gobernadores y ex aliados, para así frenar la seguidilla de reveses parlamentarios que viene sufriendo desde hace varios meses.
