El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, presentó el Informe de Gestión número 144 ante la Cámara de Diputados. El reporte incluye un análisis detallado de diversos temas vinculados a la gestión pública, desde las implicancias en el caso $LIBRA, el tratamiento de la discapacidad y los gastos presidenciales en el "Derecha Fest" que se hizo en Córdoba.
Este informe, elaborado por la Jefatura de Gabinete, responde a un total de 1.337 preguntas realizadas por 101 diputados. Un porcentaje significativo de estas preguntas estuvo relacionado con el área de discapacidad, un sector que actualmente enfrenta grandes desafíos en cuanto a certificaciones, inclusión laboral, presupuesto asignado a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y las prestaciones para las personas con discapacidad, en el marco de la discusión por el veto presidencial a la Ley de Emergencia en Discapacidad.
El panorama en discapacidad
En términos concretos, el informe presentó datos sobre la distribución de las personas con discapacidad en Argentina, que asciende a un total de 1.855.978 personas con CUD vigente, lo que representa alrededor del 4.6% de la población total del país. En el informe, no se habla sobre el escándalo de los audios filtrados del exdirector de la ANDIS, Diego Spagnuolo, debido a que fue elaborado antes de que estallara públicamente.
La ausencia de novedades sobre aumentos en las partidas presupuestarias para discapacidad también generó preocupación. A pesar de las reiteradas demandas de sectores vinculados a la discapacidad, el informe no contempla medidas adicionales para aumentar los aranceles en las prestaciones clave del Sistema Único de Prestaciones Básicas de Atención Integral.
Sin embargo, el documento también destacó los programas vigentes del Gobierno Nacional destinados a la inclusión laboral de personas con discapacidad en el sector privado. Entre ellos se encuentra el Programa de Inserción Laboral Línea Discapacidad Sector privado (PIL) y el Programa de Acciones de Entrenamiento para el Trabajo, orientado a incrementar las competencias y habilidades de trabajadores desocupados.
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Manifestaciones frente al Congreso protestando contra el veto de Milei a la ley que declara la emergencia en discapacidad
Criptoactivos y el caso $LIBRA
El informe de gestión abordó varios puntos clave sobre el criptoactivo $LIBRA y las investigaciones en curso, destacando el rol de Karina Milei, hermana del presidente. La interpelación centró sus preguntas en la relación entre los involucrados en el caso y el presidente, así como su entorno. Se solicitó la remisión del informe elaborado por la Unidad Transitoria de Investigaciones (UTI), creada para recabar información sobre este criptoactivo. El gobierno explicó que la UTI cumplió con su cometido y, tras remitir la información al Ministerio Público Fiscal, fue disuelta, con la documentación recopilada bajo carácter reservado, según lo establecido por el Decreto 332/2025.
Una de las preguntas más directas fue sobre la relación de Karina Milei con Hayden Davis, uno de los empresarios vinculados al proyecto $LIBRA, quien, según la ampliación de la demanda presentada en Estados Unidos, fue autorizado a ingresar a la Casa Rosada en julio de 2024. Los abogados de los inversores perjudicados señalaron que las transferencias realizadas por Davis poco después de las reuniones con el presidente podrían estar relacionadas con posibles conflictos de interés. En su respuesta, el gobierno destacó que las relaciones con empresarios del sector privado, como Davis, son parte del trabajo del presidente, siempre con el objetivo de promover proyectos que puedan beneficiar al país.
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Hayden Davis y Javier Milei
La interpelación sugirió que, a pesar de las advertencias previas sobre los organizadores de $LIBRA, el presidente y su entorno continuaron promoviendo el criptoactivo, lo que generó dudas sobre la transparencia del proceso. En su defensa, el gobierno sostuvo que el presidente actuó en función de su responsabilidad institucional, buscando fomentar inversiones y proyectos que aporten al desarrollo nacional.
Finalmente, la Oficina Anticorrupción inició una investigación de oficio sobre el caso, y el informe de la UTI fue remitido al Ministerio Público Fiscal, pero sigue siendo clasificado. En su respuesta, la Oficina Anticorrupción señaló que, aunque el caso está en curso, se tomaron medidas para asegurar la transparencia de las investigaciones. La falta de claridad en los documentos relacionados con el caso $LIBRA y las investigaciones en curso mantuvo el tema en el centro de la agenda política y judicial, con un gran énfasis en las acciones de los funcionarios cercanos a Milei, quienes, según el gobierno, están colaborando con las investigaciones para esclarecer cualquier irregularidad.
"Derecha Fest" y la polémica por los gastos presidenciales
Otro de los puntos sensibles que emergieron en el documento fue el escándalo generado por el viaje del presidente Javier Milei al evento "Derecha Fest", realizado en la provincia de Córdoba. A pesar de que la Presidencia lo calificó como una actividad oficial, la oposición no tardó en señalar que se trató de un evento privado con fines políticos, lo que generó una discusión sobre la justificación del gasto público en estos viajes.
De acuerdo con los informes oficiales, el costo total de la participación presidencial en el evento ascendió a más de 6 millones de pesos, fondos provenientes del Tesoro Nacional. Este gasto, que incluyó transporte aéreo, seguridad y viáticos, fue fuertemente criticado por sectores de la oposición, quienes destacaron que con esa suma se podrían haber pagado 32 pensiones por discapacidad, un dato que reavivó el debate sobre las prioridades del Gobierno.
El diputado Esteban Paulón fue uno de los primeros en cuestionar abiertamente la decisión del presidente de asistir al evento "Derecha Fest" y el elevado costo del operativo de seguridad. "Con ese dinero, se podrían haber cubierto necesidades urgentes en el sector de discapacidad, como el pago de pensiones o el aumento de aranceles para las prestaciones", expresó en su cuenta de X.
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A pesar de las críticas, el Gobierno defendió la participación presidencial, argumentando que el evento tenía como fin fortalecer las relaciones internacionales, una de las prioridades de la gestión. La seguridad y la logística del viaje fueron responsabilidad de la Casa Militar, que tiene como objetivo garantizar la protección del presidente y su comitiva, y a pesar de la falta de detalles específicos sobre los gastos, se insistió en que el evento cumplió con los objetivos establecidos.
Salarios registrados vs. salario pactado
En el informe se abordaron también preguntas sobre la brecha entre los salarios registrados a través del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) y los salarios pactados en las paritarias. El gobierno explicó que las diferencias entre ambos indicadores se deben a las distintas fuentes de información y metodologías empleadas. El salario registrado en el SIPA se basa en las presentaciones de los empleadores para el pago de aportes, mientras que el salario de convenio se determina por un acuerdo entre las partes, compuesto por el salario básico y los adicionales establecidos en los convenios colectivos.
La respuesta oficial detalló que el salario registrado en el SIPA depende de factores como la cantidad de horas trabajadas, los premios, sumas adicionales y las variaciones en el empleo. Por el contrario, el salario pactado en las paritarias no se ve afectado por estos cambios, ya que se actualiza periódicamente y se basa en acuerdos específicos entre empleadores y empleados. El gobierno resaltó que la diferencia radica principalmente en la composición de cada tipo de salario, siendo el registrado en el SIPA más dinámico, influenciado por la estructura laboral y el tiempo trabajado, mientras que el salario de convenio mantiene su estabilidad.
En cuanto a la comparación directa entre ambos salarios, el gobierno precisó que no es posible establecer una correlación exacta debido a las diferencias metodológicas. El salario pactado en paritarias, al no depender de cambios en la estructura de empleo o las horas trabajadas, presenta una medición más estática. Por otro lado, el salario registrado en el SIPA refleja una realidad más volátil y está sujeto a las variaciones de la economía y del empleo en el sector privado.
