El presidente Javier Milei se refirió esta mañana a algunos aspectos que marcarán una nueva etapa de su gestión luego de la aprobación de Ley Bases: una reforma monetaria que en breve se negociará con el FMI y la designación de Federico Sturzenegger al frente de un nuevo ministerio abocado a profundizar la desregulación de la economía que se abrió con el ya célebre decreto de necesidad y urgencia 70.
Pero además de un trabajoso triunfo político para el Gobierno, con la Ley Bases se confirma la delegación de las facultades especiales del Poder Legislativo al Ejecutivo por un período de un año, una herramienta que la administración libertaria consideró esencial desde el primer momento y que ahora pondrá a prueba su capacidad de gestión y de obtener resultados concretos en varias áreas clave.
El presidente destacó la importancia de la primera fase de su gobierno, subrayando la magnitud de la reforma estructural aprobada. “Hasta ahora hicimos la fase 1 del gobierno; por un lado, hemos pasado la reforma estructural más grande de la historia. La Ley Bases de anoche es un hito histórico y monumental, es cinco veces más grande que la reforma que hizo (Carlos) Menem, que hasta ahora era la más grande de la historia argentina”, explicó en una entrevista con el periodista Antonio Laje en el canal LN+.
Luego, el mandatario se refirió a los próximos pasos: “Hemos logrado consolidar el déficit cero, por lo tanto, la consolidación fiscal está en marcha. Ya pasó la etapa del déficit cero, ahora vamos a la etapa de emisión cero, ahora se viene el cambio de régimen monetario”.
El presidente también aclaró un punto crucial: “Apuntamos a que lo que se denomina la base monetaria amplia no varíe más. Está cerrado el grifo fiscal, hemos eliminado fuertemente los pasivos remunerados, adentro de las cuentas del Banco Central hay un ajuste de 9 puntos del PBI. Y la idea es que la base monetaria amplia y la simple se parezcan cada día más, hasta que terminan de desaparecer los remunerados”.
Milei anticipó además más cambios significativos, no conformándose solo con la Ley Bases: “Vienen más reformas estructurales, la semana que viene hacemos el nombramiento de (Federico) Sturzenegger y vamos a sacar lo que él llama ‘Ley de Hojarascas’, que son un conjunto de regulaciones que entorpecen el funcionamiento del sistema económico”.
Sabido es que Sturzenegger es también el principal autor del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que Milei firmó a los pocos días de haber asumido, se incorporará al Gobierno con la tarea de “avanzar con la desregulación económica en los distintos sectores industriales”.
En este sentido, el futuro ministro será el encargado de eliminar todas aquellas “trabas burocráticas” que existen actualmente, afectando tanto a la producción como a la distribución de bienes y servicios, y que se pueden eliminar sin necesidad de una ley. Según fuentes citadas por el sitio Infobae, la mayoría de las leyes que se planea eliminar ya están obsoletas en la práctica y “no le cambiarán la vida a nadie”. “En general son cosas del estilo ‘prohibido escupir en el piso’”, ejemplificaron.
Sturzenegger mencionó recientemente en un evento de la Fundación Libertad que el camino que emprendió el Poder Ejecutivo es de “sacar, sacar y sacar desregulaciones” y que “si después hay un problema porque sacaste de más, corregirlo”, aseguró.
“Nuestras regulaciones tienen una gran impronta militar”, afirmó. Citó el caso de los fertilizantes, que están sobre regulados debido a antiguas cláusulas diseñadas cuando los gobiernos temían que pudieran ser utilizados como precursores de explosivos. “Es más difícil mover fertilizantes en la Argentina que tener residuos radioactivos de Chernóbil”, ironizó.
Las facultades especiales
Pero hay otra cuestión no menor a considerar para la denominada fase 2 de la gestión libertaria que comienza ahora: a partir de la sanción de la Ley Bases, e incluso a pesar de los muchos recortes al proyecto original que fueron negociados con el Congreso o directamente impuestos por éste, el Gobierno tendrá finalmente las tan ansiadas facultades especiales para maniobrar a voluntad en áreas muy sensibles de la administración.
No se trata en modo alguno de una rareza en la vida política argentina, todo lo contrario. De hecho, desde la presidencia de Carlos Menem hasta el presente hubo una única administración que rehusó utilizar estas facultades delegadas por el Poder Legislativo (en general, a partir de la declaración de emergencias en distintas materias) y ésa fue la de Mauricio Macri.
A partir de la reglamentación de la Ley Bases, Milei dispondrá de amplias facultades para reorganizar la administración pública según su criterio. Aunque los legisladores enfatizaron que ciertos organismos públicos no pueden eliminarse, como el Conicet, el Instituto de Salud "Dr. Carlos G. Malbrán", la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat), el Instituto de la Propiedad Industrial (INPI), el Incucai, el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), entre otros, el presidente podrá realizar numerosos cambios en estos organismos. Entre mantenerlos abiertos y cerrarlos, existe una amplia gama de posibilidades que el Poder Ejecutivo puede explorar.
Lo mismo sucede con las empresas públicas que fueron excluidas del listado de privatizables. Por ejemplo, al menos por un año más, Aerolíneas Argentinas seguirá siendo estatal y no podrá venderse a privados. Los legisladores buscan proteger la línea aérea de bandera y mantener la imagen de soberanía de los cielos que promueve el kirchnerismo.
Sin embargo, en el mercado se sabe que la compañía, con los problemas financieros que arrastra y que ahora intenta solucionar, está fuera del interés de potenciales inversores, al menos hasta mejorar ciertas variables. Este proceso de saneamiento y de hacerla atractiva para el capital privado lleva tiempo, al menos un año. En otras palabras, los legisladores retiraron de la venta un producto que no tenía compradores.
Con respecto a las empresas públicas, aunque no puede privatizar muchas, Milei está habilitado para modificar sus regímenes actuales sin llegar a venderlas. A excepción del Poder Judicial, el Legislativo, las universidades y algunos otros sectores del Estado, el presidente puede intervenir en todos los organismos descentralizados.
En cualquier caso, sí será una novedad desde los años '90 el hecho de que un Ejecutivo cuente con el aval legal que le permita intervenir de manera especial en la gestión de la administración pública y en muchos aspectos de la economía y no para aumentar las regulaciones y el poder del Estado, sino para reducirlo o directamente eliminarlo.
