Cuando se refiere a la situación de las finanzas públicas, el ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, señala que la incorporación de la regla fiscal en el gobierno anterior implicó un avance por ser un instrumento “fundamental”. Pero también remarca que ha sido “absolutamente insuficiente” para controlar el déficit, y por ejemplo, evitar desvíos en años electorales por aumentos del gasto público.
Las autoridades planean incorporar algunos cambios, como ir hacia una meta de mediano plazo basado en el concepto de “deuda prudente”, redefinir metas operacionales de corto plazo, hacer correcciones metodológicas, por ejemplo, sobre el cálculo del Producto Interno Bruto (PIB) potencial de Uruguay, y fortalecer los consejos externos (Fiscal Asesor y Comité de Expertos).
La idea es que la propuesta de algunos de esos cambios legales se presente en junio y se incorporen en el próximo proyecto de ley de Presupuesto. “Vamos a ir a una definición de regla fiscal con un nivel de deuda que va a ser nuestra orientación central”, dijo Oddone días atrás hablando ante empresarios en la Cámara de Comercio Uruguay Estados Unidos.
En paralelo, la semana pasada el senador del Partido Colorado, Pedro Bordaberry, presentó ante la Comisión de Hacienda del Parlamento, un proyecto de ley que propone modificaciones en la redacción de algunos artículos de la Ley de Urgente Consideración (LUC), que son los que dan marco a la institucionalidad fiscal hoy vigente, así como la incorporación de otros artículos.
Uno de ellos establece que el Poder Ejecutivo, en el marco del proyecto de ley de Presupuesto Nacional, determinará: una meta de resultado fiscal estructural; los lineamientos de la política fiscal que se aplicarán durante su administración; un compromiso explícito con un nivel de deuda prudente de mediano plazo (cinco años) y un tope indicativo de incremento de gasto real vinculado al crecimiento potencial de la economía.
“Las metas anuales deberán vincularse técnica y analíticamente con dicha ancla. En caso de desviaciones, deberá presentarse un plan de convergencia fiscal al Parlamento”, dice el texto.
Sobre la estimación del PIB potencial y la brecha del producto, se plantea la incorporación de al menos dos metodologías complementarias “alineadas a las mejores prácticas internacionales”.
Cláusula de disciplina electoral
La iniciativa propone agregar una cláusula de "disciplina electoral" donde se establece que “en el último año del período de gobierno, el incumplimiento de las metas fiscales implicará la obligación de presentar antes del 30 de agosto un plan de convergencia al Parlamento”.
“El uso de cláusulas de salvaguarda requerirá comparecencia obligatoria del ministro de Economía ante la Asamblea General, Cámaras de Senadores, Diputados o Permanente dentro de los 15 días siguientes. Estas cláusulas no podrán ser utilizadas en los 30 días previos a la elección nacional o los 30 previos a un balotaje".
Cláusulas de salvaguarda
Por otro lado, plantea una serie de limitaciones al uso de cláusulas de salvaguarda. Su activación deberá “fundarse en eventos extraordinarios claramente definidos, ser respaldada con evidencia técnica y comparación histórica, implicar la comparecencia del ministro ante el Parlamento y no ser invocadas ni utilizadas dentro de los 30 días previos a una elección nacional o treinta días previos a un balotaje”.
Otro de los artículos modificativos dice que el Consejo Fiscal Asesor (CFA), además de ser independiente, técnico y honorario, contará con autonomía legal y presupuestal, competencias para evaluar la sostenibilidad de la deuda y las proyecciones fiscales, obligación de emitir opinión pública sobre desvíos y medidas correctivas propuestas, y acceso a comparecencias parlamentarias y publicación de informes.
Agrega que “contará con una partida presupuestal específica autorizándose al CFA a contratar personal técnico, realizar estudios independientes y emitir recomendaciones al Poder Ejecutivo en materia de sostenibilidad fiscal”.
En la exposición de motivos se plantea que países como Chile, Colombia y miembros de la Unión Europea han avanzado hacia marcos fiscales más rigurosos, con anclas explícitas de deuda prudente sobre PIB, cláusulas de salvaguarda claras y limitadas, y Consejos Fiscales independientes y robustos.
“Uruguay ha iniciado ese camino desde la ley 19.889, pero la experiencia de su aplicación -y especialmente los desvíos fiscales de 2024- han demostrado la necesidad de ajustes sustanciales para evitar discrecionalidad en años electorales y garantizar la convergencia fiscal”, dice el texto presentado por el senador Bordaberry, que toma en cuenta algunas recomendaciones hechas anteriormente por el CFA y la Hoja de Ruta desarrollada con apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo.
