El juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente impuso este miércoles medidas cautelares a dos exdirectivos de Acciona investigados por presuntas irregularidades en adjudicaciones de obra pública vinculadas al llamado caso Koldo. Se trata de Justo Vicente Pelegrini, exdirector de Acciona Construcción España, y Tomás Olarte, exresponsable de la zona norte de la compañía. Ambos quedan obligados a comparecer cada 15 días ante la Justicia y deberán entregar su pasaporte, lo que les impide salir del país.
Las decisiones se adoptaron a pedido de la Fiscalía Anticorrupción, que reclamó estas medidas tras las declaraciones indagatorias. Las acusaciones populares, encabezadas por el Partido Popular, acompañaron la solicitud, mientras que las defensas se opusieron. El magistrado resolvió a favor del planteo fiscal.
Reuniones y pagos bajo sospecha
Durante su declaración, Pelegrini reconoció haberse reunido al menos una vez con Santos Cerdán, exsecretario de Organización del PSOE, en el marco de una obra en Navarra. Argumentó que actuaba como “agente social”, dado el impacto laboral del proyecto, y defendió que los pagos realizados a la empresa Servinabar respondían a servicios efectivamente prestados.
La Guardia Civil atribuye a Cerdán una participación del 45% en esa firma, extremo que él niega. Un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) señala, además, fotografías de Cerdán y Pelegrini en un piso alquilado y en un bar de Madrid, encuentros que el exdirectivo sostiene que se produjeron el mismo día y ligados al proyecto Mina Muga. La UCO, en cambio, los fecha el 12 y el 20 de junio de 2019.
Olarte, por su parte, afirmó no conocer a Koldo García —exasesor del exministro José Luis Ábalos e investigado central de la causa— y explicó que su único contacto era con Joseba Antxon, administrador de Servinabar. Ambos directivos defendieron que el 2% de comisión pactado con la empresa era un porcentaje habitual en servicios de prevención de riesgos laborales, aunque no un monto fijo.
Origen de la sospecha
Las citaciones judiciales llegan tras un informe de la UCO del 11 de noviembre, que indica que Acciona habría obtenido adjudicaciones mediante “pagos indebidos” a Servinabar. Según la documentación, la relación entre ambas empresas comenzó en 2015, con el proyecto Mina Muga, y se consolidó mediante un acuerdo marco firmado al poco tiempo de constituirse Servinabar. Ese convenio establecía que la firma se llevaría un 2% de las obras que se adjudicaran a la UTE conjunta.
Los investigadores detectaron esta operativa en proyectos en Logroño, Sevilla y Sant Feliú de Llobregat, con adjudicaciones que superan los 245 millones de euros. El análisis contable señala que más del 75% de los ingresos de Servinabar procedían de Acciona.
Contexto empresarial
Acciona ha negado que se hayan pagado comisiones irregulares a personas implicadas en la causa y advierte que se reserva el derecho de iniciar acciones legales si las investigaciones revelan perjuicios para la compañía.
El tercer investigado en esta línea, Manuel José García Alconchel, está citado para declarar el 15 de diciembre.
FUENTE: El Observador
