En un contexto de creciente tensión internacional por el conflicto entre Israel y Hamás en Gaza, el Ministerio de Asuntos Sociales y Consumo ha anunciado que investigará a las empresas con actividad en España que ofrecen servicios en los territorios palestinos ocupados por Israel.
La medida se enmarca en el Real Decreto-Ley 10/2025, aprobado la semana pasada, que establece acciones urgentes contra lo que el Gobierno ha calificado como “genocidio en Gaza” y en apoyo a la población palestina.
El artículo 4 del decreto prohíbe expresamente la publicidad de bienes y servicios procedentes de los territorios ocupados.
Empresas beneficiadas por la ocupación israelí
Según explicó el Ministerio dirigido por Pablo Bustinduy, la decisión se basa también en informes recientes de organismos internacionales. El pasado viernes, la Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos actualizó su lista de empresas que operan en asentamientos israelíes en Cisjordania, incluyendo 68 nuevas firmas, cuatro de ellas con sede en España.
Por su parte, la relatora especial de la ONU, Francesca Albanese, denunció en julio que algunas empresas están obteniendo beneficios económicos a raíz de la ocupación ilegal de territorios palestinos. Algunas de estas empresas, según el Ministerio, podrían estar activas también en España.
“El negocio que se lucra de la ocupación es considerado ilícito según el derecho internacional”, subraya el Ministerio, que cita también el ejemplo de los Países Bajos, donde la Fiscalía ha comenzado investigaciones por posibles delitos de blanqueo de capitales relacionados con estas actividades.
La Dirección General de Consumo será la encargada de llevar a cabo las investigaciones. El Ministerio considera que permitir la presencia de estas empresas en el mercado español contribuye a “perpetuar los esfuerzos coloniales y el genocidio de Israel”, una declaración que refuerza el posicionamiento del Gobierno español frente a la política israelí en los territorios ocupados.
El ministro Bustinduy ya había advertido en julio que su departamento usaría “todos los recursos necesarios” para garantizar que ninguna empresa operativa en España “tenga sus cuentas de resultados manchadas con la sangre del pueblo palestino”.
El descargo de ACS
Tras la publicación del listado de la ONU, empresas señaladas como la constructora ACS han intentado aclarar su posición. La compañía solicitó su exclusión de la lista alegando desvinculación con los asentamientos ilegales.
En tanto, la ingeniería pública Ineco ha anunciado que evalúa la posibilidad de cancelar anticipadamente sus contratos en Israel.
FUENTE: El Observador
