David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno y jefe de la Oficina de Artes Escénicas de la Diputación de Badajoz, ya ha abandonado los juzgados de Badajoz tras declarar durante alrededor de una hora y media como investigado en la causa abierta por presuntos delitos contra la Administración Pública y Hacienda.
Sánchez ha salido del garaje del edificio judicial en el interior de un vehículo distinto con el que llegó alrededor de las 09,00 horas.
David Sánchez, declaró ante la magistrada Beatriz Biedma, titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz. La investigación, centrada en su contratación en 2017 por la Diputación de Badajoz, gobernada por el PSOE, busca determinar si hubo irregularidades en el proceso y en las funciones asignadas posteriormente.
Sánchez fue contratado como coordinador de los conservatorios de la ciudad, un puesto por el que percibe un salario anual de 55.000 euros brutos. Durante su interrogatorio, afirmó que encontró "en Google" las bases de la oferta pública y negó tener afinidad política con el Partido Socialista "más allá de la conexión familiar" con su hermano, quien es secretario general del partido.
UN TRATO "FAVORABLE"
La jueza Biedma investiga si Sánchez recibió un trato de favor durante el proceso de selección, en el que obtuvo la nota máxima, compitiendo con una decena de aspirantes. También indaga si las funciones del puesto fueron adaptadas específicamente para él tras su contratación.
El martes, una testigo clave, la directora de uno de los conservatorios de Badajoz, declaró que la contratación de Sánchez no era "primordial" y que, desde la Diputación, se le consultó sobre posibles atribuciones para el cargo que finalmente ocupó el hermano del presidente del Gobierno.
Este jueves, la magistrada explicó a Sánchez que su labor es aclarar si el proceso de selección y las posteriores decisiones relacionadas con el puesto respetaron los principios de igualdad y transparencia.
El caso ha generado controversia al estar relacionado con el hermano del líder del Ejecutivo, aumentando el escrutinio público sobre la gestión de los recursos públicos en las administraciones locales. La investigación continúa en curso, mientras se espera determinar si existen responsabilidades legales en la contratación.
FUENTE: CON INFORMACION DE AGENCIAS
