Una cosa son los intereses que genera ese dinero, que ya se destinan a ayudar a la invadida Ucrania, y otra echar mano a los activos pertenecientes a Rusia.
Así y todo, ante el nuevo intento, Putin directamente firmó un decreto que facilita la privatización de empresas extranjeras, creando un mecanismo para la liquidación acelerada de sus activos.
Por ejemplo, las valuaciones previas a las ventas deben realizarse en un máximo de 10 días.
Si Europa llegara a avanzar sobre las tenencias rusas en el extranjero, el Kremlin no dudaría. Fue también una explosión ante la nueva tanda de sanciones. El líder ruso quiso asegurarse de que lo tomaran en serio.
Empresas extranjeras a precios regalados
Desde que comenzó la guerra, en Rusia hubo un éxodo corporativo masivo.
Según la Kyiv School of Economics (KSE), más de 500 compañías se retiraron por completo para julio de 2025 de un total de unas 1.500 que poseían activos en el país.
Entre ellas, el gigante estadounidense Mc Donalds, y la cadena Zara, parte del grupo empresario español Inditex.
Pero para decir las cosas como son, Putin ya venía interfiriendo con la propiedad extranjera.
Algunas de esas compañías que "partieron" fueron, de hecho, expropiadas, mientras que la mayoría fue vendida a precios ridículamente bajos a entidades estatales.
De veras irrisorios: se pagó un rublo por la planta de Renault en Moscú.
El nuevo procedimiento de ventas fast-track de compañías también está orientado a las propias empresas rusas.
Putin tomó el control de muchas compañías, en especial de ciudadanos rusos con pasaportes extranjeros o acusados de corrupción. Los activos van directo a reforzar las necesitadas arcas públicas.
El valor de la propiedad confiscada desde 2022 asciende a 3,9 billones de rublos, el equivalente a 48.000 millones de dólares, según la firma legal rusa Nektorov, Saveliev & Partners, citada por Bloomberg. Alrededor de 1,5 billones eran activos extranjeros.
Muchas de las empresas que "abandonaron" Rusia fueron, en realidad, expropiadas o vendidas a amigos del Kremlin a precios irrisorios. Es lo que pasó con la francesa Danone (alimentos), la finlandesa Fortum (energía) y la danesa Carlsberg (cerveza). Muchas de las empresas que "abandonaron" Rusia fueron, en realidad, expropiadas o vendidas a amigos del Kremlin a precios irrisorios. Es lo que pasó con la francesa Danone (alimentos), la finlandesa Fortum (energía) y la danesa Carlsberg (cerveza).
Se calcula que más de una docena de compañías del exterior fueron primero intervenidas “en forma temporal” para luego ser concedidas a “amigos” a precios más que convenientes.
Esto ocurrió, por ejemplo, con la francesa Danone (alimentos), la finlandesa Fortum (energía) y la danesa Carlsberg (cerveza).
En todos los casos fueron tomadas bajo control estatal y luego vendidas a inversores cercanos al Kremlin.
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El estigma de operar en Moscú
Muchas empresas siguen operando en Moscú.
La Yale School of Management viene monitoreando la presencia corporativa en el país y posee varias categorías según el grado de actividad que aún mantienen en Rusia en desafío a las sanciones vigentes.
En la lista de “still operating” y “business as usual”, hay muchas empresas europeas.
Es el caso del banco italiano UniCredit y el austríaco Raiffeisen Bank o la francesa Lacoste y el grupo suizo Liebherr, uno de los mayores fabricantes de máquinas de construcción del mundo.
Pero también hay varias empresas españolas como Grupo Fuertes, Borges (ambos del sector alimentario), Maxam (con presencia en las industrias química, minera y del armamento) y Soler & Palau Ventilation Group (sistemas de ventilación inteligente).
A su vez, hay organizaciones como Leave Rusia que denuncian a las compañías que todavía siguen en el país haciendo negocios.
Pero como siempre, hay otra cara de la moneda.
Las que se quedan y las que no pueden irse
Según las estimaciones de la Kyiv School of Economics, durante los primeros tres años del conflicto bélico, las empresas extranjeras sufrieron pérdidas por u$s 167.000 millones.
Esto fue en gran medida por la caída del precio de sus activos, la pérdida de propiedad o diferencias cambiarias. Alrededor de la mitad de ese rojo se concentró en el 2022, aunque un 38% se registró al año siguiente.
Ahora, el ritmo de la fuga corporativa fue decreciendo en parte por el interés en aprovechar oportunidades en el mercado ruso pero también como resultado de las barreras que fue erigiendo el Gobierno.
Las empresas que quieren irse necesitan que una comisión estatal apruebe la venta de sus activos así como la valuación. En la práctica, están atrapadas.
Por si fuera poco, según una nueva regulación que entró en vigor este año quien venda activos extranjeros en Rusia prácticamente está obligado a regalarlos.
Una empresa extranjera que hoy quiere irse de Moscú debe obtener aprobación estatal. Además, según una norma de este año, está sometida a un descuento del 60% en el valor del activo. Debe pagar también un impuesto del 35%. Para girar lo poco que le queda debe pedir permiso. Una empresa extranjera que hoy quiere irse de Moscú debe obtener aprobación estatal. Además, según una norma de este año, está sometida a un descuento del 60% en el valor del activo. Debe pagar también un impuesto del 35%. Para girar lo poco que le queda debe pedir permiso.
La operación está sujeta a un descuento obligatorio del 60% sobre el precio y como si fuera poco, se debe pagar un impuesto del 35% sobre el valor de la transacción en concepto de “contribución voluntaria”.
Quien venda puede terminar quedándose con apenas del 5% del real valor de su propiedad. Y deberá pedir permiso para poder girarlo a casa.
Irse de Rusia puede ser una mayor pesadilla que quedarse.