Además subrayó que "la comunidad internacional debe reflexionar sobre la legitimidad de un gobierno que utiliza el terrorismo de Estado para mantenerse en el poder. La Comisión ha señalado que no puede haber elecciones legítimas cuando se usan prácticas tan graves".
El informe de la Comisión indica que las irregularidades y denuncias de fraude electoral en las pasadas elecciones presidenciales provocaron protestas en todo el país, especialmente en barrios populares. En respuesta, el régimen activó su maquinaria represiva para “infundir terror en la población, aplacar las protestas y silenciar la ciudadanía inconforme”.
"La represión reflejó patrones ya observados por la CIDH en las protestas de 2014 y 2017, como el uso arbitrario de la fuerza, resultando en pérdidas de vidas humanas y personas heridas; detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas de corta duración; persecución judicial y hostigamiento contra personas percibidas como opositoras y observadoras electorales; censura y restricciones a las libertades de expresión, asociación y reunión pacífica", dice el documento.
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Uso excesivo de la fuerza
Con base en audiencias públicas, reuniones con organizaciones sociales y testimonios individuales, la Comisión concluyó que el “Estado venezolano hizo un uso excesivo y desproporcionado de la fuerza, incluyendo la fuerza letal por parte de grupos armados llamados colectivos”.
De acuerdo con la CIDH, "la violencia resultó en la muerte de al menos 25 personas, todos hombres entre 15 y 56 años (…) en su mayoría como consecuencia del uso arbitrario de la fuerza por parte del Estado o de grupos paraestatales”.
Destaca que “hasta la fecha de este informe”, las autoridades no han divulgado información sobre el contexto de las muertes, el avance de las investigaciones ni pruebas que vinculen a dirigentes opositores con los hechos. Además, indica que “la falta de una investigación diligente por estos hechos corrobora la falta de independencia del Ministerio Público”.
Añade que “se observaron nuevos y graves patrones represivos dirigidos a amedrentar, como la cancelación abrupta y arbitraria de pasaportes de personas defensoras de derechos humanos y periodistas, así como de sus familiares. Ello con el fin de impedir su salida del país, en grave afectación de su derecho a la libre circulación”.
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EFE
Otro patrón inusual, dice el informe, "fue la persecución en contra de personas testigos de mesa y observadores electorales. Conforme información de prensa, al menos cinco de estas personas han tenido que desplazarse a Colombia debido a amenazas de muerte. La Comisión considera que estos patrones responden a una represalia por la actividad de defensa y promoción de los derechos humanos de la democracia”.
Trabajadores sin derechos
El informe advierte asimismo sobre la precariedad de los derechos laborales en Venezuela, donde los trabajadores perciben el salario más bajo de la región. La mayor parte de sus ingresos proviene de bonos que no se incluyen en el cálculo de beneficios esenciales, como prestaciones sociales o vacaciones, lo que agrava su situación económica.
Además señala que "la defensa de los derechos laborales y sindicales sigue enfrentando un ambiente hostil en el que sindicalistas y trabajadores -entre otros grupos- han denunciado la persecución, intimidación, hostigamiento y otros actos de violencia en su contra".
Destaca que la “Confederación Sindical Internacional ha señalado que Venezuela se encuentra entre los 13 países del mundo con la peor garantía de derechos de huelga, negociación colectiva, sindicalización, acceso a la justicia, libertad de expresión y asociación”.
El documento subraya el impacto de la corrupción y la fragilidad de los grupos más vulnerables. “El régimen ha concentrado sus esfuerzos políticos y económicos para perpetuarse en el poder. Para ello, se ha apoyado en esquemas de gran corrupción en todos los niveles del Estado”.
Como resultado, añade, “se observan grandes omisiones en el diseño y ejecución de políticas públicas idóneas y efectivas” dirigidas a garantizar los derechos de “los grupos en situación de discriminación histórica, como son las personas LGBTI, los pueblos indígenas, las mujeres, las personas afrodescendientes, las personas mayores, en situación de movilidad, y, en general, quienes viven en situación de pobreza y pobreza extrema”.
El cerco a los medios
El informe también examina la situación de la libertad de expresión en Venezuela, denunciando la detención arbitraria de periodistas, el cierre de medios de comunicación y las crecientes restricciones al derecho a la información.
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Juan Barreto/AFP
“Tras las elecciones del 28 de julio, la CIDH y su Relatoría Especial alertaron sobre la escalada de represiva contra periodistas y medios de comunicación. Las principales agresiones contra la prensa incluyeron: allanamientos, cierres de medios, confiscación de equipos, cancelación de pasaportes, deportación de periodistas internacionales, despidos injustificados, amenazas y censura”, apunta.
Un aspecto relevante es el cierre de medios de comunicación. El documento menciona que “al final de 2023, organizaciones de la sociedad civil documentaron el cierre de, por lo menos, 408 medios de comunicación en Venezuela durante los últimos 20 años, resultado de un prolongado proceso de restricción de espacios informativos y del ejercicio del periodismo en el país”.
“La ONG Espacio Público ha señalado la escasez de información en regiones como Falcón, donde operan 36 estaciones de radio, de las cuales 29 solo transmiten música y contenidos alineados con el gobierno. También ha documentado que 13 estados carecen de medios de comunicación independientes tras estos cierres”, agrega.
Activar la diplomacia
La Comisión hace un llamado a los países a prestar atención a la crisis y a realizar esfuerzos para rescatar la democracia en Venezuela.
“La CIDH llama a la comunidad internacional a reconocer la grave crisis de derechos humanos en Venezuela, mantenerse vigilante frente a nuevas escaladas represivas y activar todos los canales diplomáticos e institucionales para el regreso de la democracia al país”, indica.
El informe recomienda una serie de acciones para fortalecer la institucionalidad democrática y combatir la impunidad en Venezuela. Entre ellas, destaca la necesidad de poner fin a la persecución política, liberar a los presos políticos, especialmente menores de edad, y detener las detenciones arbitrarias contra opositores, defensores de derechos humanos y líderes sociales.
Asimismo, insta a restablecer el orden constitucional, garantizando la independencia de los poderes, la participación política sin represalias y el control ciudadano sobre el Estado. También sugiere publicar las actas de votación, permitir auditorías internacionales y asegurar una sucesión constitucional legítima y pacífica.
