La administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, enmarca el despliegue bajo una nueva doctrina antidrogas que equipara a los carteles del narcotráfico con grupos terroristas. En paralelo, acusa a Nicolás Maduro de liderar el Cartel de los Soles, una organización que cataloga como narcoterrorista.
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Trump y su secretario de Estado, Marco Rubio
AFP
Durante su primera administración, Trump aplicó una política de “máxima presión” con el objetivo de provocar la caída de Maduro. En este nuevo mandato, el secretario de Estado, Marco Rubio, ha dejado claro que ese propósito sigue vigente. En febrero, Rubio declaró a Fox News que Maduro es un “dictador horrible” y, ante la pregunta de si exigía su salida del poder, afirmó: “Vamos a trabajar en esa política”.
Desde las primeras semanas de septiembre, las fuerzas militares estadounidenses han destruido al menos diez embarcaciones supuestamente cargadas de drogas, en su mayoría provenientes de Venezuela. El próximo paso, según ha insinuado el propio Trump, podría ser el inicio de operaciones en tierra. Es decir, una presión en ascenso y un mayor riesgo de acciones puntuales que podrían socavar la permanencia de Maduro en el poder.
En julio de 2024, el mandatario venezolano fue reelecto para un nuevo período en unas elecciones empañadas por contundentes denuncias de fraude electoral. Desde entonces, informes de la ONU y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han documentado un endurecimiento de la represión y la adopción de prácticas que califican como terrorismo de Estado.
El orden en juego
En caso de que la presión de Estados Unidos logre fragmentar el apoyo de las Fuerzas Armadas venezolanas, o que una intervención directa desencadene el derrocamiento de Maduro, Phil Gunson, analista senior de Crisis Group para la región de los Andes, advierte que sería “muy difícil que se produzca una transición pacífica en esas circunstancias”.
“Sería muy peligroso que se dividiera la Fuerza Armada entre los que favorecen una transición y los que se oponen, sobre todo porque para el segundo grupo en particular la amenaza es existencial y seguramente habría resistencia. Aun en el supuesto caso de que Maduro se vaya sin resistir, la gran dificultad para el gobierno entrante será mantener el orden interno sin haberlo negociado antes con la Fuerza Armada”, agrega Phil Gunson.
Venezuela - vehículos militares en Caracas - 23-9-25 - AP
Un eventual gobierno de transición estaría encabezado por Edmundo González quien, según las actas recopiladas por la oposición, ganó las elecciones de julio de 2024 por amplio margen. El exdiplomático asumió la candidatura tras sustituir a María Corina Machado, principal líder opositora, inhabilitada por las instituciones controladas por Maduro.
La posibilidad de una negociación con la Fuerza Armada tras un eventual derrocamiento de Maduro sigue siendo incierta. “Supongamos que la oposición llega al poder gracias a la presión militar de Estados Unidos. ¿Cómo será esa conversación? ¿A la misma Fuerza Armada que tú calificas como un ‘cartel narco-terrorista’ le vas a pedir que mantenga el orden para que no caiga tu gobierno?”, plantea Gunson.
El analista reconoce que, en un escenario así, “seguramente la mayoría de los militares van a seguir órdenes. Pero incluso una minoría bien armada te puede hacer la vida muy difícil”.
Grupos Armados
Un gobierno legítimo podría acceder a financiamiento de organismos multilaterales, reestructurar la deuda externa y apoyarse en el vasto océano de petróleo que yace bajo tierra para relanzar la economía. Sin embargo, el orden interno también preocupa a James Story, exembajador de Estados Unidos en Venezuela.
En una entrevista concedida a Politico, Story descartó que Venezuela pueda caer en una violencia sectaria similar a la de Irak o Libia, pero advirtió sobre los desafíos. Mencionó la presencia de grupos armados colombianos como las FARC y el ELN, así como el avance de la delincuencia organizada en distintas regiones del país.
“Están las FARC, el ELN, el Tren de Aragua y otros grupos criminales que operan dentro del país”, dijo Story, quien sostiene que Maduro no controla el territorio en su totalidad. “Yo solía llamarlo el alcalde de Fuerte Tiuna”, afirmó, en referencia a la base militar donde reside, y alertó sobre la criminalidad extendida. “Esos actores van a tener que ser enfrentados”, concluyó.
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Cárcel de Tocorón, donde surgió el Tren de Aragua
EFE
Gunson coincide con este enfoque y sostiene que “hay muchos grupos armados no estatales, como la guerrilla colombiana, los colectivos y las bandas criminales, que están comprometidos con el statu quo y no tienen ningún incentivo para abandonar sus negocios”.
“Para un gobierno que estaría enfrentando simultáneamente una crisis económica y humanitaria, y que no contaría con una burocracia funcional, lidiar al mismo tiempo con estos problemas, con una colaboración limitada por parte de los militares y la policía, sería cuesta arriba. El gobierno de Trump no parece dispuesto a enviar fuerzas militares para controlar la situación, salvo quizá en las primeras semanas, y otros países tampoco”, señala Gunson.
Story afirmó que, en caso de una transición, la relación con la Fuerza Armada exigirá matices. Si bien quienes hayan cometido violaciones graves a los derechos humanos no podrán ser rehabilitados, considera esencial preservar a los oficiales dispuestos a jurar lealtad a la Constitución y contribuir a la estabilidad. Eliminar a todos indiscriminadamente, señaló, generaría una fuerte inestabilidad: “No sería Haití, no sería Irak, no sería Libia, pero habría un desorden”, aseguró.
Estado cuartel
En medio de la presión de Washington, no hay señales visibles de fractura en el respaldo militar a Maduro, quien ha reforzado su permanencia en el poder. A la herencia de Chávez —el control de poderes y organismos clave— ha sumado una alianza estrecha con las Fuerzas Armadas y los cuerpos de seguridad, consolidada en la llamada “unión cívico-militar-policial”.
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Maduro convirtió a los militares en aliados con intereses económicos y políticos, les otorgó protagonismo en sectores estratégicos, amplió su presencia en el gabinete y les dio injerencia en la conducción del partido de gobierno. Reforzó la vigilancia interna con apoyo cubano, multiplicó los altos mandos para fragmentar decisiones y extendió el poder de grupos armados que operan como fuerza paralela.
Está por verse si Estados Unidos, mediante acción directa o presión sostenida, logrará resquebrajar ese entramado. Hasta ahora, ha resistido sanciones, aislamiento diplomático y llamados a la transición, pero por primera vez enfrenta un despliegue militar frente a sus costas.
