El relampagueante ataque militar que capturó a Nicolás Maduro convirtió a Donald Trump en protagonista de la política venezolana. Desde el pasado 3 de enero, Washington mueve los hilos del gobierno de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, y de la eventual transición a la democracia. No obstante, la derrota del líder republicano en las elecciones de mitad de mandato, si bien no impulsa un giro drástico, introduce cambios en la estrecha relación de la Casa Blanca con Caracas.
Los demócratas han tomado el control de la Cámara de Representantes y del Senado, poniendo fin al período en el que Trump gobernó sin la fiscalización ni el contrapeso del Congreso. El poder del presidente en política exterior es amplio y la estrategia de Washington, centrada en controlar las vastas reservas petroleras de Venezuela y tutelar lo que, hasta ahora, ha sido un lento proceso de cambios políticos, no parece comprometida en lo sustancial, pero el nuevo equilibrio parlamentario acarrea consecuencias inmediatas.
El Capitolio, Sede del Congreso en EEUU
AP
Miguel Ángel Martínez, doctor en conflicto político y procesos de pacificación, explica que “la política exterior sigue siendo un ámbito en el que el presidente conserva grandes facultades. Al mismo tiempo, las investigaciones que los demócratas podrían abrir desde el Congreso hacen pensar que la política hacia Venezuela probablemente no se detenga ni se desvíe, pero sí que deberá ajustarse a mayores niveles de transparencia y control parlamentario, y quizás se genere una mayor presión para acelerar la realización de elecciones presidenciales”.
La agenda demócrata
A través de cartas, resoluciones y proyectos de ley, los demócratas han dejado en claro que sus prioridades respecto a Venezuela apuntan en dos direcciones: impulsar el retorno a la democracia mediante la realización de elecciones presidenciales —un hito que hasta ahora carece de fecha y permanece sin mayor definición— y someter a escrutinio el acuerdo petrolero con el gobierno de Delcy Rodríguez, así como el manejo de los petrodólares bajo custodia del Departamento del Tesoro.
El 25 de febrero, el representante Jared Moskowitz presentó la Ley de Estrategia para la Transición Democrática en Venezuela. Más tarde, el 4 de agosto, los senadores Jeanne Shaheen, Tim Kaine, Dick Durbin, Adam Schiff y Jacky Rosen, junto a los republicanos Ted Cruz y Rick Scott, promovieron una resolución bipartidista que insta a las autoridades interinas de Caracas a tomar "medidas inmediatas" para convocar a "elecciones presidenciales libres, justas y transparentes".
Frente a este escenario, Miguel Ángel Martínez señala que “posiblemente la presión institucional sobre Delcy Rodríguez se incremente y su margen de maniobra para dilatar el proceso tienda a estrecharse, acentuando así el dilema entre cooperar para la salida de su grupo de poder o plantear algún tipo de resistencia al proceso de transición en curso”.
Barriles y petrodólares
Los demócratas han puesto el foco en el acuerdo petrolero con el que la administración Trump obtuvo una posición privilegiada en el sector energético de Venezuela. El pacto le asegura a Estados Unidos el 20% del petróleo que extraiga North American Blue Energy Partners (Nabep) a precio de costo, muy por debajo del mercado, y preferencia para la compra del 80% restante.
La empresa, dirigida por el venezolano Alejandro Betancourt y con sede en Barbados, operará 17 campos que concentran la quinta parte de las reservas del país, mientras que el Pentágono asumirá el 35% de las acciones de la compañía. Betancourt es una figura controvertida que ha enfrentado investigaciones por presunta corrupción y lavado de dinero en Venezuela, España y Suiza.
El pasado 15 de septiembre el congresista demócrata Joaquin Castro, quien pasaría a liderar el Subcomité del Hemisferio Occidental de la Cámara de Representantes, solicitó citaciones obligatorias (subpoenas) para obtener registros relacionados con el acuerdo petrolero. Los republicanos bloquearon la moción, pero ahora, con mayoría en la comisión, Castro puede reiniciar la investigación.
Joaquin Castro, miembro del Subcomité del Hemisferio Occidental de la Cámara de Representantes
"No podemos dejar que Alejandro Betancourt, quien ha tenido problemas en el pasado, se libre por completo sin ninguna supervisión", dijo Castro al presentar su moción en septiembre, y agregó: "No sabemos de dónde viene ni a dónde va el dinero".
El tutelaje de la Casa Blanca se traduce en que Venezuela vende petróleo y el dinero del país es depositado en cuentas bajo supervisión del Departamento del Tesoro. Diez meses después, nada se sabe con precisión sobre los montos ni el destino final de esos recursos.
En una carta fechada el 10 de septiembre, los senadores demócratas Ron Wyden, Elizabeth Warren y Sheldon Whitehouse señalaron al secretario del Tesoro, Scott Bessent, y al secretario de Estado, Marco Rubio, que "durante meses no han explicado a dónde ha ido ese dinero ni si han implementado salvaguardas para evitar la malversación de los fondos de Venezuela o una posible corrupción de la administración Trump al dirigirlos a personas políticamente favorecidas".
Al igual que Castro, ahora los legisladores demócratas contarán con la potestad formal de exigir documentos clasificados, emitir citaciones y obligar a que los miembros del gabinete declaren bajo juramento.
Machado y el equilibrio
El 7 de octubre, María Corina Machado, la principal líder de la oposición venezolana, tomó partido en las elecciones de medio término en Estados Unidos al respaldar públicamente a María Elvira Salazar, la congresista republicana que el martes logró reelegirse por estrecho margen para un cuarto mandato por el Distrito 27 de Florida.
"Hoy quiero reconocer y manifestar nuestro respaldo a María Elvira Salazar", afirmó Machado en un video en el que describió a la legisladora como "una aliada firme y leal a la causa de la libertad de Venezuela".
Miembros de la oposición venezolana consideran que el nuevo mapa político en el Capitolio obligará a Machado a guardar un mayor equilibrio para preservar el apoyo bipartidista de Washington a la democratización del país.
Rubio y el 2028
Con el cierre de las elecciones de mitad de mandato, se desató la carrera presidencial en Estados Unidos y cobraron fuerza las especulaciones sobre el futuro de Marco Rubio. Sin embargo, el secretario de Estado y asesor de Seguridad Nacional desmintió en declaraciones a The New York Times que tenga intenciones de renunciar, asegurando que trabajar junto a Trump hasta el término de su mandato "siempre ha sido mi plan", al tiempo que evitó pronunciarse sobre sus aspiraciones para 2028.
Su permanencia en la administración resulta clave para el tablero venezolano. Desde el Departamento de Estado, Rubio ha bosquejado una hoja de ruta para la transición que contempla la creación de un piso institucional, con la conformación de un Tribunal Supremo de Justicia equilibrado, nuevas autoridades electorales y, finalmente, elecciones presidenciales.
Esta postura contrasta con la del propio Trump, quien elogia con frecuencia a Delcy Rodríguez, no se pronuncia sobre el retorno a la democracia y se refiere al país en términos transaccionales: "Cuando sumas nuestra conquista de Venezuela, ganamos la guerra en un día, y estamos recibiendo cientos de miles de millones de dólares en petróleo", dijo recientemente.
María Isabel Puerta, profesora de Ciencia Política en la Universidad de Colorado, advierte que para Trump la prioridad son los acuerdos energéticos, pero señala que si Rubio logra convencerlo "de que la transición los puede beneficiar, pensando en la elección presidencial de 2028 y el apoyo del voto latino, posiblemente se den las condiciones para una elección antes de 2029".
Añade que "Delcy Rodríguez va a aprovechar cualquier oportunidad, debilidad o apertura, para evitar una elección competitiva. Trump no es un adalid de la democracia, y eso la favorece a ella, no a María Corina Machado".
El garrote militar
Un elemento a considerar es si la amenaza de un nuevo ataque militar —un factor que ha flotado de manera tácita sobre el tutelaje que Washington ejerce en Caracas y sobre el avance de las reformas políticas— seguirá siendo creíble.
Miguel Ángel Martínez considera que "mucho dependerá de cómo se vea afectada por los resultados de las midterms la coerción militar que actualmente ejerce Estados Unidos sobre Delcy Rodríguez y el resto de la camarilla chavista: si se mantiene o incrementa, todo hace pensar que la transición consolidará su curso actual".
