El presidente Donald Trump logró esta semana una importante victoria, después de que el Congreso aprobara su "grande y hermoso" presupuesto, clave para llevar adelante su agenda MAGA. El proyecto incluye desde exoneraciones fiscales a un aumento de los fondos para seguridad fronteriza, pero también contempla modificaciones para programas como Medicaid. Se estima que recortarán el gasto en salud en más de un billón de dólares en una década y dejarán a millones de personas sin cobertura médica.
La ley, que Trump tiene previsto promulgar este viernes en una ceremonia que coincide con el Día de la Independencia, modifica los requisitos para inscribirse a planes como Medicaid, financiado tanto por el gobierno federal como por los de los estados, que da cobertura médica a más de 70 millones de personas de bajos ingresos en todo el país.
Para los republicanos, que gracias a su mayoría en ambas cámaras lograron la aprobación del proyecto, el objetivo es reducir el costo de estos programas para los contribuyentes y disminuir el fraude. Los demócratas, por el contrario, consideran que revertirá muchos de los logros en materia de salud de los gobiernos de Barack Obama y Joe Biden, que facilitaron el acceso a la cobertura médica para millones de personas y redujeron la tasa de no asegurados a mínimos históricos. El sistema de salud en EEUU, sin embargo, sigue siendo una herida abierta en la política y la sociedad estadounidense, aun con el Medicaid vigente.
"Es un paso atrás gigantesco respecto a la visión de cobertura universal, que fue el logro que dejó como legado el presidente Obama con la Ley de Cuidado de Salud Asequible (ACA)", dijo Joan Alker, profesora de investigación y directora ejecutiva y cofundadora del Centro para Niños y Familias de la Universidad de Georgetown, a USA Today sobre la legislación conocida como Obamacare.
El propio Obama advirtió este miércoles sobre los peligros que representaba la aprobación del proyecto para millones de estadounidenses. "Si la Cámara (de Representantes) aprueba este proyecto de ley, aumentará los costos y perjudicará a las familias de la clase trabajadora en las generaciones venideras", señaló en un mensaje en X un día antes de la que la cámara baja diera luz verde a la legislación.
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La Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO), un organismo técnico y apartidista, calculó que los cambios introducidos por la ley dejarán a 11,8 millones de personas sin cobertura médica en los próximos diez años.
El requisito de trabajar para tener acceso a Medicaid
La principal modificación del plan es que para tener acceso a Medicaid, las personas de entre 19 y 64 años deberán trabajar, hacer voluntariado o ir al colegio durante 80 horas por mes. Los discapacitados, mujeres embarazadas o los padres de niños menores de 14 años estarán exceptuados de este requisito.
Por su parte, el presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Mike Johnson, consideró que el requisito de trabajo "restablecerá la dignidad y el propósito de aquellos que reciben beneficios financiados por los contribuyentes".
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Mike Johnson saluda a sus colegas republicanos en la Cámara de Representantes tras la aprobación del proyecto
AFP
Expertos en salud consideraron que la nueva disposición, que entrará en vigor no antes de enero de 2027, no tendrá mayor impacto en el empleo, ya que la mayoría de los afiliados ya trabajan o están buscando trabajo, o no pueden hacerlo porque tienen una discapacidad, asisten a la escuela o cuidan a un familiar, según KFF, una organización sin fines de lucro de información sanitaria.
A la vez, advirtieron sobre los problemas generados en los estados que implementaron este requisito, donde muchos perdieron la cobertura por problemas burocráticos. Esto podría ocurrir incluso para los que tienen un trabajo, que podrían tener dificultades para presentar los documentos necesarios para comprobar su situación.
En Georgia, donde este requisito se puso en vigor en julio de 2023, las modificaciones generaron un costo de más de 90 millones de dólares. "Los costos ocultos son astronómicos", aseguró Chima Ndumele, profesor de la Escuela de Salud Pública de Yale, a NPR.
El acceso a la cobertura, más difícil para los migrantes
La ACA amplió el acceso a Medicaid en 40 estados, para que la gente que ganara hasta el 138% del nivel federal de pobreza - de 21.597 dólares para un individuo o 36.777 dólares para una familia de tres - tuviera acceso a una cobertura médica sin costo. Con el proyecto de Trump, las verificaciones sobre los ingresos de una persona para comprobar que tenga derecho a la cobertura se duplicarán y pasarán a ser dos veces por año.
Los que cuentan con planes de Obamacare tendrán a su vez más obstáculos para afiliarse y para mantener su cobertura con la nueva ley. Estos deberán actualizar sus ingresos, estatus migratorio y otra información de manera anual, en lugar de poder volver a inscribirse automáticamente. Además, tendrán menos tiempo para anotarse, ya que el proyecto recorta el periodo anual de inscripción en un mes.
Las personas que soliciten cobertura fuera de ese periodo -por ejemplo, porque pierden un empleo u otro seguro o necesitan añadir un recién nacido o un cónyuge a una póliza existente- tendrán que esperar a que se tramiten todos sus documentos antes de recibir subsidios del gobierno para ayudarles a pagar sus primas mensuales. En la actualidad, reciben hasta 90 días de ayuda para pagar las primas durante el proceso de solicitud, que puede durar semanas.
Además, la ley limita la definición de quiénes califican para los beneficios más bajos de Obamacare, con lo que miles de solicitantes de asilo o refugiados verán restringido su acceso a la cobertura.
Por otro lado, los estados que otorgan cobertura de Medicaid a migrantes sin estatus legal recibirán menos fondos federales, por lo que se estima que muchos dejarán de ofrecerlos. California, por ejemplo, ya anunció que congelará las nuevas inscripciones a Medi-Cal, el programa de salud para personas sin estatus legal, a partir del 1º de enero de 2026 y cobrará a quienes continúen inscritos 100 dólares por mes para ahorrar recursos.
El impacto en las comunidades rurales
La nueva ley también se espera que tenga un impacto en las comunidades rurales, ya que limitará y reducirá gradualmente el impuesto que los estados pueden imponer a los proveedores de Medicaid. Este impuesto ha sido un ingreso clave para financiar muchos hospitales en zonas rurales.
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Hospital en Putnam, Connecticut
AP
Los estados suelen utilizar los fondos obtenidos por estos impuestos para pagar a las instituciones más de lo que Medicaid podría pagarles, que suele ser menos que lo que paga Medicare, el programa para mayores de 65 años y discapacitados, y que los seguros privados.
Los investigadores del Cecil G. Sheps Center for Health Services Research que examinaron la versión original del proyecto llegaron a la conclusión de que llevaría a más de 300 hospitales rurales -muchos de ellos de Kentucky, Luisiana, California y Oklahoma- hacia la reducción o el cierre de servicios.
Los republicanos del Senado añadieron a la ley un fondo de 50.000 millones de dólares para amortiguar el golpe a los hospitales rurales. El dinero se distribuirá a partir de 2027 y durante cinco años.
