El exsenador Charles Carrera anunció este viernes que iniciará “acciones legales a nivel internacional” y planteará “vulneración de derechos” o lawfare en el marco de la investigación que lleva adelante la Fiscalía por un presunto abuso de funciones al haberse atendido en el Hospital Policial a alguien que no era policía y haberle pagado tickets de alimentación entre enero de 2013 y noviembre de 2016.
Este viernes anunció en sus redes que se suma a su defensa del estudio jurídico IHR Legal, con sede en Washington y Suiza, y con trayectoria en la defensa del sistema de garantías de derechos humanos y entregó al Frente Amplio (integrantes del secretariado ejecutivo, mesa política y del plenario nacional) un informe con valoraciones políticas al que accedió El Observador.
El estudio IHR Legal es encabezado por Ignacio J. Álvarez quien fue relator especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y actualmente es copresidente del Grupo de Interés en Derechos Humanos de la Sociedad Americana de Derecho Internacional; Paulo Abrão, que fue secretario ejecutivo tanto de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) como del Instituto de Políticas Públicas en Derechos Humanos del Mercosur, y por Walter Albán es abogado y magíster en Derechos Humanos. Es profesor principal y ex decano de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP).
El exsenador renunció a su banca en el Senado ante el pedido de desafuero por parte de la fiscal Silvia Porteiro quien anunció sus intenciones de imputarlo por abuso de funciones. Sin embargo, pasados caso ocho meses no ha tomado una resolución sobre el caso. Semanas atrás Carrera le recusó por entender que la investigación judicial "está viciada", como reiteró ahora ante su fuerza política.
En ese escrito de 138 páginas, Carrera afirma que “el lawfare o judicialización de la política es una amenaza a la democracia” y por eso decidió recurrir ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas para sentar un precedente y marcar "un camino para que el lawfare no tenga cabida en nuestro sistema político”.
“Se usa el aparato judicial para perseguir a adversarios políticos. Una práctica que se ha difundido en el continente afectando la democracia en varios países. Un accionar que el Uruguay se debiera combatir de raíz, porque condiciona gobiernos y a la propia voluntad popular”, explico sobre el lawfare.
En ese sentido Carrera apuntó nuevamente contra el Partido Nacional y reiteró que la denuncia en su contra, realizada por el entonces ministro del Interior, Luis Alberto Heber, “es la respuesta" a su "participación en la denuncia sobre la entrega del puerto de Montevideo a la empresa Katoen Natie por parte del gobierno nacional y, en particular, del Ministerio de Transporte, liderado por Heber”.
También señaló que "desde el Parlamento —con mayorías del Partido Nacional— se orquestó un circo mediático y se montó una comisión investigadora que no aportó absolutamente ningún elemento diferente del que ya se conocía, es decir, que se dio ayuda humanitaria a una persona a la que el Estado, de una u otra forma, estaba obligado a asistir”.
Agregó que con ese ataque se buscó incidir en la campaña electoral, “con un senador del Frente Amplio sometido a un proceso penal” y fue por eso que tomó la “dolorosa” decisión de renunciar a la banca y retirar la candidatura.
“La investigación penal estuvo viciada desde el día uno”
Sobre el proceso penal y la indagatoria expresó que debió recusar a la fiscal Porteiro, no sólo por “defender” su “nombre y trayectoria”, sino también porque “está en juego algo mucho más grande: el respeto a los principios del Estado de Derecho y la protección del proyecto colectivo”.
Agregó que la fiscal "no ha demostrado estar a la altura de su investidura", rechazó que haya pedido su desafuero "solamente" para tomarle declaración, cuyo "único efecto —hasta ahora— ha sido despojarlo de la banca de senador, que legítimamente hubiera obtenido”, por eso reclamó que sea apartada del caso y la fiscal de Corte "disponga a un nuevo equipo fiscal que brinde garantías".
Apuntó a la "doble vara" de Porteiro, ya que es la misma fiscal que “sin investigar a fondo la denuncia penal vinculada al puerto de Montevideo por el acuerdo con la empresa Katoen Natie" archivó. “Esta doble vara revela a las claras que no existe imparcialidad por parte de Porteiro, quien claramente se está manejando con intencionalidad política”, dijo.
Contra la fiscal, expresó también que "no tiene una teoría del caso, pero sigue adelante vulnerando" su derecho a defensa. "Por este motivo, después de casi tres años, sigo sin saber cuál es la imputación concreta que se me pretende formular. Articular una defensa sin tener conocimiento de la teoría del caso utilizada por la fiscal es un atropello al más elemental principio del debido proceso”.
Señaló que "la investigación penal estuvo viciada desde el día uno" ya que la pesquisa fue realizada por la Dirección de Asuntos Internos del Ministerio del Interior, una unidad que actúa bajo las órdenes del ministro y que investiga a policías, no a civiles. "Esto rompió la objetividad que debe regir en toda investigación penal. No se puede confiar en una pesquisa impulsada por quien tiene un interés político en el caso y Luis Alberto Heber la tenía".
También apuntó a la contradicción "flagrante" del Ministerio del Interior que mientras en sede civil dijo que Carrera actuó "de buena fe y de manera humanitaria". "Sin embargo, meses después, los mismos abogados del ministerio afirmaron en sede penal que cometí un delito de abuso de funciones por los mismos hechos", afirmó.
Por último, mencionó que "la academia ha sido contundente" al expresar que su actuación se ajustó a derecho. Para ello adjuntó en el informe los informes jurídicos que elaboraron a pedido de su defensa, Jorge Barrera (penalista), Carlos Delpiazzo (grado 5 de Derecho Administrativo), Gabriel Valentín (grado 5 de Derecho Procesal), Gonzalo Fernández (grado 5 de Derecho Penal), José Korzeniak (grado 5 de Derecho Constitucional) y Miguel Pezzutti (grado 4 de Derecho Administrativo).
Cómo informo El Observador, los juristas coincidieron en señalar que el caso debe ser archivado por no existir delito.
Carrera mencionó también opiniones en el mismo sentido expresadas por otros dos juristas como Además, hubo otros destacados profesionales como los doctores Leonardo Guzmán y Germán Aller (ambos grado 5 de Derecho Penal).
"Nadie puede afirmar que el Dr. Guzmán sea frenteamplista o simpatice conmigo. Sin embargo, se expresó negativamente respecto de mi proceso de desafuero y la posterior congelación de mi causa en una editorial publicada en el diario El País", dijo sobre una columna que publicó el exministro de Educación y Cultura del gobierno de Jorge Batlle.
