La información fue divulgada el jueves por el semanario Búsqueda y ratificada a El Observador por fuentes del gobierno, que indicaron que se inclinaban por otra marca pero que tuvieron que cambiar la decisión para usar el auto que mejor se adaptase a las características del desfile.
La distancia de ocho días entre la compra de la camioneta a Oliva Automotores y el desfile con un Hyundai eléctrico levantó la polémica y el silencio del gobierno no contribuyó a ahuyentar las suspicacias.
El aspecto de las apariencias ha tenido incluso algunas críticas que provinieron del seno del oficialismo. “¿Cuál es la lectura que puede hacer un ciudadano común? Si a un funcionario le hicieron un regalo de esa magnitud, puede generar alguna sospecha”, planteó Ricardo Gil Iribarne, expresidente de la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) durante el gobierno de Tabaré Vázquez y asesor de la Secretaría Antilavado durante los primeros meses de esta administración.
“No es una violación de la ley, pero es un error que no debió haberse cometido. Hay cosas que no están prohibidas pero que no hay que hacerlas”, declaró este viernes a El Observador.
El prosecretario Jorge Díaz, entrevistado este jueves por Desayunos Informales, prefirió incluso deslindarse de esa dimensión del análisis: “Yo contesto la cuestión legal, la cuestión ética es otra cosa (...). Cada uno de los ciudadanos evaluará y juzgará, y el presidente dará en su momento las explicaciones de por qué él entendió que correspondía”.
El exfiscal de Corte se limitó a afirmar que en este caso Orsi no está comprendido por el artículo 9 del Código de Ética Pública dado que a la hora de aceptar el descuento por la camioneta aún no había asumido como presidente de la República.
Yamandú Orsi
Celebración de la Fiesta de la Primavera en la casa el Embajdor de China en Uruguay, Huang Yazhong, con la presencia del presidente de la República Yamandú Orsi.
Foto: Leonardo Carreño / FocoUy
Para esa fecha Orsi llevaba casi tres meses de encabezar la transición con Lacalle Pou, con ministros designados y una lista tentativa de jefes de Estado que llegarían a Uruguay para acompañar la asunción.
De momento, el discurso del MPP se ha mantenido bajo la premisa de que es un tema “menor” y que las “cosas importantes del país” están en otro lado, al decir de un importante dirigente oficialista cuando explicó a El Observador sus razones para no opinar sobre el caso.
Otros señalan que no están en condiciones de pronunciarse. Un senador del Frente Amplio se limitó a decir a El Observador que aguardan por “informes del Poder Ejecutivo” para analizar el tema en la bancada del próximo lunes. “Lo que no me cierra es la idea de Orsi con ese vehículo”, planteó, por ejemplo, otro legislador oficialista.
La bola de nieve que ha generado el tema lleva incluso a algunos en el gobierno a aventurar que Orsi –más allá de su convicción de que hizo todo en regla– deberá eventualmente ponerle la tapa con sus consideraciones políticas. De momento, ha elegido no hablar.
Zonas grises sobre la plata
El caso vuelve a poner sobre el tapete las áreas más difusas del financiamiento de la política.
Por un lado, la información real de qué recursos tienen los políticos. A modo de ejemplo, la última declaración jurada de Orsi –publicada por la Jutep en junio de 2025– da cuenta de que el presidente pasó en la mitad de un año a casi multiplicar por varias veces la cantidad de dinero que tenía en el banco.
En octubre de 2024, declaró tener una sola cuenta ganancial con $45 mil en efectivo.
Para junio de 2025 –aunque no se sabe la fecha en la que elaboró el documento– tenía depositados $645 mil en una cuenta propia en dólares y otros $830 mil en una segunda cuenta también a su nombre. El total depositado era $1.475.000, más de treinta veces lo que tenía en octubre de 2024.
Esto fue después de la separación de bienes con su esposa, la herencia de la casa de sus padres en Canelones y la cesión de los derechos hereditarios a su hermana a cambio de US$ 140 mil para destinar lo recaudado a comprar otra casa que ya arrendaba, lindera a su casa en Salinas, tal como informó entonces Búsqueda. La nueva propiedad quedó a nombre de Orsi y la primera a nombre de su esposa, Laura Alonsopérez.
En su momento, la explicación del entorno de Orsi a El Observador fue que el significativo aumento de depósitos respondía al cobro total de su sueldo de presidente, que supera los $547 mil, al tiempo que era factible que por razones burocráticas aún no se hubieran computado los descuentos para el partido. Es decir, con dos meses de ingresos en el gobierno podía explicar una parte importante del salto.
Pero eso en un escenario en que hubiera ahorrado buena parte de su sueldo e incluso sin contar los aportes que hace al Frente Amplio. El País divulgó el año pasado que como presidente le corresponden descuentos por unos $110 mil por mes a favor de la fuerza política.
El tema abre paso a otro dato que suele tener escasa publicidad: pese a haber integrado la Dirección Nacional del MPP, mientras fue intendente Orsi nunca tuvo el tope salarial que rige para los dirigentes del sector, según confirmaron fuentes del movimiento a El Observador. Una versión apunta a su condición de menos orgánico en el sector y otra a que hubo una contemplación especial por cuestiones de su vida familiar y privada.
En 2024, eso le hubiera supuesto cobrar cerca de la mitad de los $180.760 que declaró como ingresos en calidad de intendente de Canelones. Esto no quita que no haya hecho aportes económicos a comités frenteamplistas y locales del MPP, según relataron fuentes de su entorno, que enfatizaron en que sus contribuciones eran frecuentes.
Yamandú Orsi y Carolina Cosse en el cierre de campaña del Frente Amplio.jpeg
Armando Sartorotti / Focouy
En el capítulo del financiamiento político, otro dato que surge vinculado a la camioneta es que entre los donantes a la fórmula Orsi-Cosse para el balotaje de 2024 figura Patrick Jakter, accionista del grupo de Fidocar y de Hyundai, con un aporte de cinco rifas a un valor total de $41.185, de acuerdo a lo que declaró el Frente Amplio en su rendición de cuentas a la Corte Electoral.
Se trata de un monto menor para el total de $165 millones que ingresaron a favor de la campaña para el balotaje de la fórmula frenteamplista: el 0,02% del total. Ni Jakter ni Fidocar aparecen en los aportes de esa campaña a otros partidos en ese balotaje o a ninguno –incluyendo el FA– en los comicios de octubre.
Fuentes empresariales aseguraron que es común que las compañías reciban pedidos de contribuciones y que el dinero aportado muchas veces no significa un pronunciamiento político en favor del partido o de un candidato. De hecho, Alfredo Lempert, ejecutivo de Hyundai, aportó en las elecciones de 2019 unos US$ 1.895 (más de $70 mil) para la fórmula encabezada por Ernesto Talvi en el Partido Colorado.
Lo cierto es que ni la Jutep con las declaraciones juradas ni la Corte Electoral con las rendiciones de cuentas están en condiciones de brindar garantías respecto a si hay o no posibles tratos espurios en este tipo de contribuciones o eventuales subdeclaraciones, en tanto no hay ningún tipo de control más allá del cumplimiento de la obligación de presentarlas.
Gil Iribarne, extitular de la Jutep, apuntó este viernes contra este aspecto cuando afirmó que “el Estado no detectó nada extraño” y que “está omiso”.
Ahora, tras la presentación de tres denuncias anónimas, la Jutep deberá expedirse sobre el caso de la camioneta de Orsi. Se espera que el tema sea tratado en la próxima reunión del organismo.
