El mandatario suspendió dos iniciativas de su antecesor y recortó a la mitad una tercera
Poco antes de dejar el gobierno, cuando ya sabía que su sucesor en el piso 11 de la Torre Ejecutiva sería de un partido político opuesto al suyo, Luis Lacalle Pou firmó la construcción de una nueva planta potable en San José que tomaría agua del Río de la Plata y abastecería a la zona metropolitana.
Fue una decisión que tenía la oposición de quien sería su sucesor, Yamandú Orsi, pero que el líder nacionalista quiso tomar porque su administración había decidido desde hacía años que buscaría una fuente alternativa al Río Santa Lucía para tomar agua.
Lacalle Pou la había definido como una de sus prioridades –la tenía escrita en un pizarrón en su despacho– junto a otras obras entre las que estaba la renovación de la flota de la Armada con dos OPV y un novedoso plan de saneamiento para el interior del país.
Un año y tres meses después del cambio de mando, esos tres proyectos han quedado por el camino. Dos directamente fueron suspendidos –y han motivado los principales cruces políticos entre oficialismo y oposición–, mientras que el tercero fue rebajado a más de la mitad.
Aunque cada una de las decisiones tiene sus particularidades, su suma en conjunto ha llevado a dirigentes nacionalistas a señalar que el gobierno busca destruir el legado de Lacalle Pou. “Se han transformado en una empresa de demoliciones”, ha dicho Javier García en diversos eventos, mientras que el presidente del directorio, Álvaro Delgado ha hablado de un "capricho refundacional".
En el caso de Arazatí, la administración de Yamandú Orsi decidió renegociar el contrato con el consorcio que iba a hacer la obra y acordó modificaciones que harán que la planta se construya en Aguas Corrientes, al lado de la que funciona actualmente.
El gobierno aseguró que la decisión obedecía a razones económicas, jurídicas y técnicas, ya que el nuevo paquete de obras también contemplaba acciones en la Costa de Oro y permitía ahorrar dinero que se utilizará para construir una represa en Casupá, algo que también es cuestionado por la oposición.
A esta modificación, se suma que semanas atrás OSE confirmó que el plan de saneamiento que iba a extenderse a 61 localidades del interior finalmente llegará a 28.
El presidente de la empresa pública, Pablo Ferreri, señaló que la modificación fue por un tema de costos, ya que las obras fueron adjudicadas sin que hubiera financiamiento suficiente. En el Parlamento, dijo que había un descalce de casi US$ 260 millones entre lo que se precisaba para las obras y el financiamiento que existía.
Tras recibir un informe de una comisión asesora, el presidente del directorio blanco, Álvaro Delgado, contestó este martes que el Poder Ejecutivo estaba “cancelando un proyecto del gobierno anterior”.
El excandidato a la Presidencia dijo que “una vez más” la administración de Yamandú Orsi estaba actuando “con los ojos en el espejo retrovisor” y negó que obedeciera a una cuestión de recursos. “Es un tema de ese capricho refundacional que tienen", insistió.
El tercer proyecto de Lacalle Pou que estaba en marcha y quedó por el camino es la construcción de las OPV para la Armada Nacional por parte de Cardama. En este caso, el gobierno de Orsi decidió cancelar el contrato por los incumplimientos del astillero, ya que constituyó garantías que eran falsas.
La situación derivó en que Lacalle Pou saliera de su silencio, pero también en un juicio internacional por una demanda presentada por Cardama, una denuncia en Fiscalía por parte del gobierno actual y una comisión investigadora en el Parlamento.