El gobierno y el consorcio siguen negociando los detalles de las otras dos obras
Cinco meses atrás, en una conferencia de prensa encabezada por el secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez, el gobierno de Yamandú Orsi anunció que dejaba sin efecto Arazatí, uno de los proyectos emblema de la gestión de Luis Lacalle Pou.
Justificando razones ambientales, técnicas y económicas, el Poder Ejecutivo renegoció el contrato con el consorcio privado e informó que había optado por un nuevo paquete de obras que consistía en una nueva planta en Aguas Corrientes –al lado de la actual– y otra más pequeña en Solís Chico donde también se construiría una represa.
A pesar del tiempo transcurrido, el gobierno y los privados aún no cerraron los detalles técnicos de todo el conjunto, algo que permitirá saber, entre otros asuntos, los nuevos costos que tendrán. En la conferencia, Sánchez habló de una reducción de un tercio en el gasto. El nuevo contrato tampoco ha pasado a estudio del Tribunal de Cuentas, que debe avalar u observar su contenido legal.
Según supo El Observador, la intención es que la negociación termine antes de fin de año por lo que se trabaja a contrarreloj. Una de las obras, la potabilizadora en Aguas Corrientes, ya está acordada. De hecho, Subrayado informó el viernes que OSE la aprobó. La resolución fue votada por los dos directores oficialistas, Pablo Ferreri y Guillermo Caraballo, y rechazada por el opositor José Amy.
La aprobación permite que el proyecto pase a ser estudiado por los servicios técnicos de Ambiente, que deben evaluar los impactos ambientales que tendrá. Como siempre, el ministerio deberá otorgarle la Autorización Ambiental Previa (AAP) para que puedan comenzar los trabajos.
Aunque es el que viene más avanzado, el proyecto evidencia un retraso respecto al cronograma que OSE y Ambiente habían presentado en agosto en el Parlamento. En ese entonces, ambos organismos estimaron que la evaluación de la Variable Ambiental de Localización (VAL) y la clasificación del proyecto se estarían prontas en setiembre, que entre octubre de 2025 y abril de 2026 se discutiría la AAP y que en 2027 recibiría la Autorización Ambiental de Operaciones (AAO).
La obra consistirá en una nueva toma de agua bruta en el río Santa Lucía, una planta potabilizadora con una capacidad de producción de 200 mil metros cúbicos por día y una estación de bombeo del agua tratada.
La idea es que sirva de complemento a la planta actual de Aguas Corrientes y que sea capaz de satisfacer hasta un 25% de la demanda máxima proyectada hacia 2045, que es de 835 mil metros cúbicos diarios. La planta actual puede producir hasta 700 mil metros cúbicos diarios.
En el predio de la planta actualmente hay una pista de carrera de motos que es usada por los vecinos de la zona, la cual será removida.
El agua potabilizada será conducida a través de una conexión con la quinta línea de bombeo o alternativamente por una séptima a construirse. La quinta es la que da agua al centro de Montevideo mientras que la séptima daría al este y norte.
A su vez, el proyecto contempla el tratamiento y la deshidratación de los lodos generados durante el proceso de potabilización del agua, un viejo problema de Aguas Corrientes. La disposición final de los lodos se realizará en un monorrelleno que también necesitará autorización ambiental.
La obra llevará unos 30 meses y una vez que esté funcionando dará unos 30 puestos de trabajo.
Uno de los asuntos que se confirmó es que la planta estará en una zona no inundable mientras que la toma sí lo estará. Aguas Corrientes ha sufrido recientemente (2016, 2019 y 2024) eventos de inundación por desbordes del río Santa Lucía. En la última, el agua llegó a la planta incluso.
Si bien los impactos serán determinados por Ambiente, una primera evaluación sugiere que habrá expropiaciones e imposición de servidumbres en algunos padrones, lo que afectará a sus propietarios.
Con el nuevo paquete de obras, que incluye la represa en Casupá que se construirá por parte de otro consorcio y en otra licitación, OSE pretende disminuir el riesgo de que la zona metropolitana se quede sin agua como ocurrió en 2023 debido a la grave sequía.
De cara a este verano, las autoridades monitorean los informes de Inumet, Dinagua y Sinae ya que las pocas lluvias que registra la cuenca del Santa Lucía pueden determinar que haya “sequía meteorológica”.
El asesor de Inumet, Mario Bidegain, dijo a El Observador que en la zona hay un “déficit hídrico incipiente” por lo que llovió en los últimos tres meses y que la previsión es que se acentúe al cerrar diciembre.
“Es para empezar a preocuparse”, dijo y consideró que si en diciembre el déficit hídrico se extendía al centro del país habrá “sequía meteorológica” en la cuenca del Santa Lucía chico (Paso Severino)”.
De acuerdo a los datos de OSE, este miércoles la represa de Paso Severino tenía 57,5 millones de metros cúbicos de reservas. Estaba prácticamente llena y el consumo diario era de 595 mil metros cúbicos.