Las autoridades del Ministerio de Ambiente irán el próximo lunes al Parlamento para dar a conocer sus planes para el período y explicar la decisión de no construir la planta potabilizadora en Arazatí impulsada por el gobierno anterior y en su lugar realizar un conjunto de obras en la cuenca del río Santa Lucía.
La decisión fue anunciada el 18 de julio por el secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez, en una conferencia en la que también estuvieron el ministro Edgardo Ortuño, el presidente de OSE, Pablo Ferreri, y el referente del consorcio privado al que se le adjudicaron las obras, Alejandro Ruibal.
Gobierno y consorcio continuarán afinando las modificaciones hasta el 31 de agosto. En paralelo, OSE lanzó la semana pasada el llamado a empresas interesadas en construir la represa de Casupá y dio a conocer los informes técnicos que sustentaron la decisión.
Tras leer esos documentos, el exgerente general de OSE, Arturo Castagnino, cuestionó las modificaciones y planteó reparos con algunos de los trabajos, principalmente con el informe financiado por el BID que señaló entre sus conclusiones que la represa de Casupá era una solución más “robusta” y “confiable” que Arazatí para asegurar el agua potable del área metropolitana frente a “futuras sequías”.
Desde Arequipa en Perú, donde reside, el principal impulsor del proyecto hizo llegar a El Observador una serie de comentarios con su posición. Si bien celebra que se aumente la producción –algo que Ferreri ya había comentado públicamente– porque permite cubrir con la demanda prevista para 2045 en la zona metropolitana, asegura que las autoridades fueron sorprendidas en su “buena fe” por “asesores técnicos” que “enredaron y confundieron” las cosas.
Con esas palabras, cuestiona que se haya vuelto a concentrar la producción en el río Santa Lucía y señala que por la ubicación elegida más que una nueva planta lo que se construirá será una “ampliación” de la usina actual de Aguas Corrientes porque tomará “agua bruta del mismo lugar”.
A su juicio, uno de los problemas es que el análisis de riesgos no incorporó la posibilidad de que hubiera una emergencia en Aguas Corrientes. “Hoy no se habla nada de una emergencia en la usina de Aguas Corrientes sino solo de la demanda a cubrir al 2045”, expresa y plantea que en la consideración no se tiene en cuenta un posible “colapso parcial o total” en la planta. En este sentido, relata los problemas que hubo en 2014 y la inundación de 2024 que amenazó con dejar sin servicio a toda la zona metropolitana.
“Nada de enfrentar una emergencia en la producción”, dice y menciona que la línea que se continúa es la trazada en un informe realizado por Aguasur en 2013 que –a su juicio– es equivocado. “El escenario que se ha planteado se retornaría a la solución del 2013. Y así, al igual que en el ludo, el país volvería penalizado al casillero 2013 a comenzar de nuevo el juego”, dice.
Para Castagnino, se debe construir la nueva potabilizadora pero en un “lugar apropiado” y “tomar de otra fuente”. Una de sus sugerencias es hacerlo sobre el río San José.
“Sigo sosteniendo, como siempre lo he hecho desde mi posición de gerente general de OSE, que el país debe construir las dos formidables obras: Neptuno-Arazatí, independiente geográfica y operativamente de Aguas Corrientes y Casupá. No tenemos nada que elegir: es necesario e impostergable construir las dos obras”, subraya.
Conclusiones “equivocadas”
El exgerente general también cuestiona las conclusiones del informe financiado por el BID contratado por su administración y dado a conocer recientemente. Dice que son “equivocadas”, que el enfoque es “sesgado” y que la metodología aplicada es “cuestionable desde el punto de vista técnico y analítico”.
A su entender, el problema es que parte de datos que no se cumplieron en “el período más extenso de la crisis más aguda que tuvo el país desde que se conocen registros”. Esto, en referencia al informe del Imfia de la Facultad de Ingeniería que concluyó que si había escasez de agua en Paso Severino lo más probable es que hubiera alta concentración de salinidad en Arazatí. Según él, en toda la sequía Arazatí tuvo agua dulce, algo que se ha mantenido hasta ahora.
Sin embargo, para Castagnino el “error más grande” del informe es comparar entre Casupá y Arazatí en caso de haber una sequía.
“La reserva de Casupá en el Santa Lucía sufre problemas, variaciones hidrológicas y depende de variables que no son previsibles”, mientras que Arazatí “no sufre ni sufrirá ninguna afectación o variación en su constante provisión de los 200 mil metros cúbicos diarios”, dice.
Además, entiende que la hipótesis que no considera caudales ecológicos “olvida olímpicamente” que sin eso “la calidad del agua del Santa Lucía empeoraría varias veces” porque aumentará la concentración de materia orgánica natural, precursora de la formación de trihalometanos.
“Sin caudal ecológico lo que va a ocurrir es aumentar en las aguas del Santa Lucía la concentración de materia orgánica natural. Ello va a traer aparejado una complicación en el tratamiento y un fracaso en el control de la formación de trihalometanos en la usina de Aguas Corrientes”, advierte y plantea que ya actualmente la concentración en las aguas del Santa Lucía es “mayor”, más del “doble o triple” que en el Río de la Plata en Arazatí.
