El ministro de Ambiente y el presidente de OSE estuvieron por más de ocho horas en el Parlamento; oposición analizará interpelación
Oficialismo y oposición tenían posiciones encontradas acerca de la decisión del gobierno de cancelar la construcción de la planta en Arazatí y realizar, en su lugar, obras en el río Santa Lucía.
Unos decían que la resolución era una irresponsabilidad cuyas consecuencias se verán ni bien se produzca una sequía o haya algún incidente en el río, mientras que los otros repetían que había alto sustento técnico y que el paquete de obras permitirá robustecer el sistema de abastecimiento metropolitano hacia el 2045.
Y aunque pasaron más de ocho horas reunidos en comisión escuchando –y discutiendo– con el ministro de Ambiente y el presidente de OSE, ninguno se movió un ápice de sus preconceptos.
Los legisladores oficialistas valoraron la claridad y contundencia de las exposiciones de Edgardo Ortuño y Pablo Ferreri mientras que los de la oposición reprocharon los cambios y lamentaron no haber recibido toda la información.
“Es una decisión política, no aportaron ni un solo elemento técnico nuevo”, sintetizó en una conferencia de prensa realizada al mediodía –cuando la sesión iba por la mitad– el diputado del Partido Colorado, Walter Cervini. En ese mismo lugar, Ortuño y Ferreri negaron que hubiera “incertidumbres” y hablaron de estudios técnicos y científicos que respaldaban el nuevo rumbo adoptado.
Tras la sesión, los diputados de la oposición tuvieron una breve reunión y manifestaron su intención de interpelar a los jerarcas. “Quedamos con muchas dudas. No podemos depender de un lugar solo”, dijo a El Observador el nacionalista Sergio Valverde, que preside la comisión de ambiente.
Ambos jerarcas –junto a sus equipos técnicos– acompañaron su presentación con un power point que incluyó algunas novedades en cuanto a costos y plazos.
Aunque aclararon que los costos definitivos estarán al 31 de agosto –cuando termine oficialmente la renegociación–, señalaron que la nueva planta, las mejoras en Aguas Corrientes y en la quinta línea de bombeo tendrán un costo de US$ 170 millones mientras que las obras en Solís Chico para la Costa de Oro (una planta chica, un embalse y tuberías) costarán US$ 45 millones.
Este paquete, que asciende a US$ 215 millones, es lo que le costará al consorcio privado construir la infraestructura. ¿Cuánto pagará OSE? Las autoridades no lo anunciaron, pero el financiamiento acordado en el contrato implica pagos por disponibilidad durante 17 años y medio que multiplican el costo por 2,72, por lo que terminarán significando unos US$ 585 millones, según estimó El Observador.
A estos costos se sumará la represa de Casupá, que también se construirá pero mediante otra licitación internacional. El gobierno calcula que costará US$ 130 millones en total (incluidas las expropiaciones). El MEF ya hizo la solicitud de préstamo al Banco de Desarrollo CAF, el organismo que hizo la consultoría que revisó, ajustó y actualizó los costos y el presupuesto.
Si los montos se mantienen, la sociedad uruguaya pagará por todas estas obras unos US$ 715 millones, mientras que por Arazatí pagaría US$ 890 millones, aunque según el nuevo gobierno también debían sumarse otros US$ 70 millones más en inversiones que OSE debía hacer.
Respecto a las autorizaciones ambientales que necesitan los proyectos, el gobierno dio a conocer que entre agosto y setiembre pedirá la evaluación y clasificación de la Viabilidad Ambiental de Localización (VAL) de la nueva potabilizadora en Aguas Corrientes (nueva toma, planta y tratamiento de lodos).
La estimación es que entre octubre y abril de 2026 se evalúe y otorgue la Autorización Ambiental Previa (AAP) que habilita el comienzo de las obras y que en 2027 reciba la Autorización Ambiental de Operación (AAO). Los plazos planteados son optimistas ya que construir una planta como esa suele llevar 30 meses.
En el caso de la represa de Solís Chico y la pequeña potabilizadora (de 24 mil m3 diarios), OSE y Ambiente detallaron que si la planta se instala en otro sitio no aledaño a la represa no requiere AAP. La represa si necesitará clasificación de proyecto, AAP y AAO. Actualmente, el ministerio tiene establecida una reserva sobre el espejo de agua de hasta 10 millones de m3 (la previsión es que sea de 6 millones de m3).
La presentación no mencionó los plazos de Casupá, pero Ferreri dijo en una entrevista con El Observador que esperaban tener el pliego pronto para inicios del 2026, hacer una licitación pública y adjudicar durante el año que viene para comenzar las obras sobre inicios del 2027. Es una obra de unos 30-36 meses. En el gobierno destacan que nacerá con un área protegida.