El presidente Yamandú Orsi firmó el pasado jueves el decreto para unificar a las secretarías de Derechos Humanos en el seno de la Presidencia de la República. El texto dispone la “integración” de la Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente “a la estructura orgánica” de la repartición que, a partir del cese de la activista trans Collette Spinetti, pasará a dirigir la comunicadora Iliana Da Silva.
El decreto recuerda que la Secretaría de Derechos Humanos fue creada por ley en 2013 para promover su perspectiva en las políticas públicas y añade que en el marco de sus énfasis temáticos aborda también la dimensión histórica y el pasado reciente y lejano, según pudo confirmar El Observador con fuentes de Presidencia.
Por tanto, explicita, la existencia de ambas secretarías supone una “dispersión y superposición normativa de los cometidos” de la secretaría para el Pasado Reciente, por lo que debe incorporarse dentro de una estructura única y organizada en Presidencia de la República.
El texto le asigna a esa secretaría la continuidad de las tareas de soporte y digitalización de la información sobre el pasado reciente (1968-1985) que aún no ha sido traspasada a la Institución Nacional de Derechos Humanos (Inddhh).
También enlista todos los cometidos que al día de hoy cumplía dicha secretaría y que a partir de ahora seguirá teniendo bajo la conducción de un “coordinador referente” designado por el Poder Ejecutivo bajo la dirección de Da Silva.
Iliana Da Silva se incorpora al Frente Amplio
Foto: Leonardo Carreño
Presidencia resolvió que el rol será asumido por Alejandra Casablanca, quien hasta ahora había sido titular de la Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente.
En esta línea, el presidente Orsi firmó la semana pasada la resolución que dispone la clausura de la investigación administrativa iniciada el 28 de abril de 2026 a partir de las denuncias formuladas por la jerarca en sus descargos por presuntas irregularidades de los propios funcionarios que la denunciaron.*
Según pudo confirmar El Observador, el mandatario resolvió también la clausura del procedimiento iniciado en Presidencia a partir del protocolo de prevención y atención a situaciones de violencia en el ámbito laboral a partir de las denuncias originales de noviembre de 2025 contra Casablanca presentadas por cuatro funcionarias y un abogado de la oficina.
En ese sentido, establece la adopción de las recomendaciones del informe del 15 de diciembre del Servicio de Prevención y Salud en el Trabajo, que fue el protocolo activado a partir de las denuncias.
Ese documento, consignado por El Observador a fines de abril, concluía que se había identificado un “clima laboral hostil con naturalización de conductas violentas que se tornan habituales y están presentes en los vínculos laborales que establecen los integrantes del equipo” de la secretaría. Eso conlleva “repercusiones negativas a nivel psicofísico”, marcaba.
También planteaba que “el estado público que adquirió” el proceso “repercutió en forma general en todos los integrantes del equipo, lo que agudizó la fragmentación ya existente” e incrementó “el malestar y la desconfianza mutua”.
El texto dejaba constancia de que Alejandra Casablanca había podido acreditar mediante certificados médicos “la afectación a nivel de salud” que el caso generó en ella y marcaba que los denunciantes no habían podido justificarlo en el período en que tuvo lugar la controversia.
El informe, a su vez, relataba una situación de "violencia general naturalizada" en la oficina y marcaba que algunas de esas dinámicas se arrastraban desde la administración pasada. Descartaba en esa línea irregularidades por parte de Casablanca, aunque señalaba que la jerarca sortea obstáculos con "conductas reactivas" y que si bien se visualizaba como "ajena" a la problemática, era "parte activa de las dificultades de relacionamiento".
Por esto, el informe del Servicio de Prevención –ratificado ahora por la resolución del presidente Orsi– enumeraba siete puntos de recomendaciones.
Primero, sugería “resolver sobre el fondo de las medidas cautelares adoptadas”. El caso implicó el traslado de oficina de todos los funcionarios denunciantes. Agregaba en esta línea la recomendación de “renovar integralmente al equipo”, por encontrarse “fragmentado” y con posicionamientos “rígidos” que no permitía visualizar “posibilidades de recomposición”.
En tercer orden, planteó “ajustar el nivel de conducción, y así favorecer condiciones óptimas que posibiliten un nuevo encuadre organizacional”. También llamó a “asignar roles claramente definidos y formalmente legitimados”.
El informe sugería a su vez “disponer una investigación administrativa” en esa secretaría para “comprobar la responsabilidad ante las presuntas irregularidades” denunciadas por Casablanca en sus descargos, proceso que fue acordonado al expediente y que ahora -con la resolución de Orsi- también fue clausurado.
Collette Spinetti, exsecretaria de Derechos Humanos
Foto: Presidencia de la República
Cese de Spinetti
El cese de Collette Spinetti ocurrió tras una sucesión de acusaciones hacia su persona, desde su expulsión del sector Grupo PAIS, los reparos hacia su agenda de viajes y hasta la filtración de audios en que insultaba a jerarcas del gobierno.
Fuentes de Presidencia indicaron que junto a su remoción cesarán también los contratos de confianza por ella establecidos durante su gestión. Entre ellos se cuentan tres adjuntos –incluido su expareja Thomas Berton– y cinco pases en comisión.
*Una primera versión de esta nota atribuía erróneamente la investigación administrativa de Presidencia a las dos denuncias originales de funcionarios de la Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente hacia su jerarca Alejandra Casablanca en noviembre de 2025. Esas acusaciones iniciaron un expediente y activaron un protocolo de violencia en el ámbito laboral, pero nunca una investigación administrativa. Ese proceso llegó a sus conclusiones el 15 de diciembre del 2025 a partir de un informe del Servicio de Prevención y Salud en el Trabajo. Dicho documento sugería la instrucción de una investigación administrativa -que fue acordonada al expediente- a partir de las presuntas irregularidades de sus denunciantes marcadas por Casablanca en sus descargos. Con la nueva resolución de Orsi, se clausuran todas las actuaciones vinculadas al caso: esa última investigación por falta de pruebas y también el procedimiento a partir del protocolo laboral, estableciéndose la adopción de sus recomendaciones. A los lectores y a los involucrados, las disculpas del caso.
