11 de junio de 2026 5:00 hs

La puesta en práctica del proceso penal actual, votado en 2017, llevó varios años de debate previo. Para implementarlo, se tomó en cuenta el modelo chileno vigente desde comienzos de los 2000, donde también se pasó de un modelo inquisitivo a uno acusatorio.

En ese momento, los promotores del nuevo CPP destacaban las bondades del modelo chileno que copiarían con juicios orales y públicos -como las películas- que sería mucho más garantista, que le daría más participación a la víctima, que la prisión sería la excepción y no la regla.

A casi diez años de su implementación el proceso penal en Uruguay recibe varios cuestionamientos y por eso se ha presentado una propuesta de reforma impulsada por el gobierno al Parlamento -elaborada por un grupo asesor de operadores judiciales y académicos-. Por su parte, la Asociación de Abogados Penalistas (AAP) presentó a los parlamentarios su propia propuesta.

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Justamente esa asociación organizó una jornada académica este martes 9 y miércoles 10 en la que expusieron fiscales, académicos y penalistas con años de experiencia. Entre ellos estuvo invitado el jurista chileno Rodrigo Ríos, magister en Derecho Procesal y presidente de la Red Iberoamericana de Abogacía Criminal, quien explicó que con 26 años recorridos, el proceso penal chileno tiene básicamente los mismos problemas de los que se quejan los penalistas uruguayos.

Ríos explicó que la reforma chilena tuvo "raíces particulares" ya que partían de una Constitución creada en la dictadura por loq que con el retorno a la democracia estaban en la obligación de respetar el debido proceso, por lo que se concibió como la reforma de la administración de justicia más importante de la historia de ese país.

El profesor explicó que durante los primeros diez años la reforma tuvo buenos resultados pero a partir de 2010 empezó un proceso de declive. En ese sentido, dijo que comenzó "una vorágine de cerca de 40 reformas penales" para hacerle ajustes al proceso. El penalista Gustavo Bordes le dijo: “Ya los vamos a alcanzar”.

Ríos afirmó que se vendió en clave de un juicio oral garantista pero "la trampa que tiene es que ese recorrido está lleno de cantos de sirena para que no se llegue al juicio oral. El 95% de los casos terminan de otra forma”.

El jurista subrayó que el proceso está repleto de “nudos críticos” y uno de ellos es el proceso abreviado: “Es el protagonista oculto de nuestra historia”, dijo.

Agregó que el abreviado “se está transformando en moneda de cambio”. Teniendo en cuenta que la cárcel "es el infierno", bajo esa lógica se negocia y así se han colado varios condenados que eran inocentes. De hecho, así se llama el proyecto (“Inocente”) en el que Ríos trabaja en Chile para denunciar ese tipo de casos.

Asociación de Abogados Penalistas
Panel coordinado por el penalista José Luis González con los expositores, el fiscal Luis Pacheco y el jurista chileno Rodrigo Ríos

Panel coordinado por el penalista José Luis González con los expositores, el fiscal Luis Pacheco y el jurista chileno Rodrigo Ríos

En otra similitud con el proceso penal uruguayo –se dice que los acuerdos se sellan entre cuatro paredes entre defensa y fiscal sin que el juez tenga ninguna otra participación más que validarlo- Ríos afirmó que en el 95% de los casos se llega a acuerdos abreviados y la mayoría de ellos son cerrados. Además, "el juez pide (a las defensas) que renuncien a presentar recursos (de revisión o apelación) por lo que condena sin fundamentar”, cuestionó.

Al igual que ocurre en Uruguay, Ríos apuntó que es muy poco lo que se lleva a juicio y cuando eso ocurre, los magistrados "quedan atrapados un año tomando un juicio". Ante esa situación, el legislador ha dado más potestad al proceso abreviado y aumentó el techo de los delitos que se pueden incluir a los que tengan penas de 10 años.

“Cualquier delito puede ser sometido a proceso abreviado”, dijo.

En ese sentido mencionó como otro nudo a los jueces de garantía que en el 99% de las audiencias de control de la detención (se debe celebrar dentro de las primeras 24 horas de la detención) declaran ajustadas a derecho las detenciones. “No es sano un comportamiento así cuando sabemos que es fácilmente perceptible que existe un porcentaje mayor, ya que siempre van a existir errores”, sostuvo.

Por eso dijo que el “primer foco de alerta” es que los jueces han invertido el paradigma y no cuestionan. Agregó que incurren en la misma falta en la audiencia de control de acusación, en las audiencias previas al inicio del juicio. "El juez de garantía tiene que ser un filtro y en la práctica no lo está siendo", lamentó.

Otro nudo que coincide con una queja que hacen los penalistas de Uruguay es que los jueces chilenos "están interpretando erróneamente la prisión preventiva”. Ríos recordó que eso le ocasionó a la justicia chilena una condena de la Corte Interamericanda de Derechos Humanos (CIDH) en 2016 pero lamento que hoy, diez años después “no ha cambiado nada”.

En otra similitud con el proceso uruguayo, afirmó que 9 de cada 10 prisiones preventivas pedidas por los fiscales son concedidas. El 10% apela y los tribunales revocan la mitad de ese 10%. Cuando dijo eso, el público respondió al unísono que las cifras son iguales a las de acá.

En definitiva Ríos concluyó que Chile tienen una “justicia de bajísima calidad” y lamentó que después de 26 años de aplicación tienen “la peor versión del modelo chileno” con un “problema de la mentalidad inquisitiva”.

Como un aspecto positivo mencionó que la Corte Suprema de Chile instaló una sala especializada en penal y estableció estándares altísimos para revisar fallos erróneos.

Fiscal Pacheco: “Se han tornado obligatorios los abreviados", "justicia de baja calidad"

Ya es conocida la opinión crítica del fiscal Luis Pacheco sobre el proceso penal y en su disertación volvió a argumentar en contra de varios aspectos del código.

Al referirse al hecho de que solo el 1% de los casos llega a juicio, sostuvo que "se ha tornado obligatorio ir a abreviados" que calificó como "justicia de baja calidad". Sin embargo, al tener 600 casos en bandeja de entrada y 150 investigaciones formalizadas en un año, es materialmente imposible llevar a juicio los casos.

Pacheco señaló que la implementación de este proceso en Uruguay ha sido “pésima”, que se prometió que la fiscalía iba a estar pronta y hoy, nueve años después "la fiscalía no está pronta”.

Cuestionó también la "dudosa constitucionalidad” del abreviado, debido a que la persona es condenada sin pruebas y a que "de proceso tiene poco". En ese sentido dijo que muchas veces cuando el juez le pregunta al imputado si está de acuerdo con los hechos relatados por la fiscalia y con la condena, dice “no están así pero me hago cargo…”

Al dar su opinión sobre los proyectos de reforma presentados al Parlamento, dijo que el del Poder Ejecutivo "parte de la base de que está todo bien" cuando "para la gran mayoría, no está funcionando bien". Además dijo que "se duplican normas recordando principios elementales como la presunción de inocencia".

También dijo que a la físcalia "le va a complicar la tarea porque reduce los plazos de la investigación".

Sobre el proyecto de los penalistas, dijo que "tiende a cambiar más cosas" y destacó la forma como obtener la prueba y que se elimina la etapta de control de la acusación ("Nos hace perder horas con apelaciones y ni siquiera empezó el juicio", dijo).Además destacó que se vuelva al procesamiento y dijo que se ajusta a la Constitución, ya que es el término que usa la carta magna para referirse a los sometidos a proceso penal.

"Soy optimista en todo. Hasta creo que a Uruguay le va ir bien en el mundial... con esta propuesta va a ser difícil encaminar bien un sistema procesal", afirmó y concluyó citando al exministro de Educación, Leonardo Guzman que estaba en la sala,para pedir que se le devuelva la seriedad a los juicios penales. “Queda feo decir que es un chiste pero no es serio, no es un proceso penal de calidad”.

Juan Fagúndez: “La experiencia pendrive es nefasta”

A su turno al penalista Fagúndez le tocó explicar el alcance del proyecto presentado por la AAP al Parlamento y tampoco perdió la oportunidad de cuestionar al actual proceso que dijo “tiene más presos inocentes que el CPP del 80”, aunque aclaró que no tenía estadísticas.

Cuestionó que la bandera de la fiscalía sea "que tiene que tener éxito" y no sea la objetividad que tienen que tener los fiscales.

Luego, al referirse a una serie de cuestiones prácticas de como funciona el ejercicio de la profesión, dijo que "la experiencia pendrive es nefasta". Se refirió a que cuando pide conocer el contenido de la carpeta de la investigación, deben agendarse en fiscalía e ir con un pendrive. Afirmó que les copian todo lo que hay en la carpeta, aunque ya lo tengan, y a todo le ponen la fecha de ese día con lo cual se hace muy engorrosa luego la lectura del material.

También dijo que el peligro de fuga al que alega la fiscalía para pedir prisión preventiva "es una estafa de etiqueta". Agregó que los jueces tiene que fundar por qué mandan presa a una persona sin condena.

Sobre el juicio abreviado dijo que "se tendría que llamar el proceso 99%" y señaló que "pretende ser un juicio pero no lo es". Al mismo tiempo reconoció que no tener juicios abreviados "detonaría la situación".

Al cierre de sus exposición, Fagúndez le respondió al procesalista Gabriel Valentín, quien en entrevista con El País el domingo opinó que el proyecto de los pensliastas es inconstitucional e inviable por aplicar soluciones del procedimiento civil al penal. "El (proyecto) menos inconstitucional es esto que está escrito acá, porque adaptamos al proceso penal lo que dice la Constitución", afirmó. Además ante la crítica de copiar soluciones del Código General del Proceso dijo que "tenemos que robar de lo que anda bien, no de lo que anda mal".

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