La lista de testigos la encabezó el exdirector de la Junta Nacional de Salud (Junasa), Luis González Machado, quien recomendó la intervención de Casa de Galicia; lo siguieron las interventoras que gestionaron la mutualista poco más de un mes, hasta que la justicia decretó el concurso, la contadora Alicia Rossi y la médica Nuria Santana; la asesora del MSP, economista Elena Píriz; y el contador Marcelo Caiafa, quien tuvo a su cargo la auditoría externa de la mutualista entre 2017 y 2021. Todos fueron propuestos por la Fiscalía que dirige Gilberto Rodríguez, acompañado por su equipo Gabriela Gómez y Silvia Monzón y la fiscal de Litigación Valeria Bovio.
El encuentro "poco feliz" de González Machado con Iglesias y el pedido para Casa de Galicia
González Machado relató que recomendó la intervención de Casa de Galicia, que se concretó después que él hubiera renunciado, basado en que ninguna institución -pese a que habían hablado con cinco- quiso absorberla "por el gran endeudamiento que tenía. La respuesta que daban era que US$ 75 millones de deuda con 40.000 afiliados era imposible, además de la sobredimensión de personal". "Pedían que el Estado les sacara la deuda, lo que no era aceptable".
Por todo ello dijo que finalmente recomendó la intervención de institución con desplazamiento de autoridades porque esas autoridades "habían dado prueba de la incapacidad de gestionar".
El médico oncólogo que dirigió la Junasa en 2020, dijo que la relación del MSP con Casa de Galicia era "muy particular", afirmó que el MSP invitó a todas las instituciones "a hacer un trabajo conjunto para analizar los planes de salida" y no quiso participar. Además recordó que el préstamo del Fondo de garantía que se le había otorgado en 2019 por US$ 20 millones que le impuso 70 y pico de medidas, puso como "única condición" dar cuenta a la comisión de seguimiento de avances y gastos.
Agregó que finalmente ante la convocatoria del MSP concurrió Iglesias y tuvieron un encuentro "poco feliz"
"Él nos dice en un tono poco cortez: ´Deje de considerar a Casa de Galicia como una mutualista desfinanciada, tengo inversores de más de US$ 50 millones, vamos a hacer un centro oncológico en Av Italia y Bolivia... No llame a nadie, el que manda soy yo, si usted quiere algo, hable conmigo´", relató Gonzále Machado.
Agregó que le hizo otro pedido: "Usted lo que tiene que hacer es sacarme a todos los bolches que puso Olesker que no me dejan gestionar".
Según su declaración, le dijo que estaba equivocado y que no había cuestiones políticas. Finalmente, agregó González, "se comprometió a que iba a mandar a los técnicos a la comisión" y participó el gerente Marcelo Brasca de una reunión virtual que tuvieron.
González Machado relató que entre marzo y setiembre de 2020, que ocupó el cargo, firmó 345 autorizaciones de cesiones Fonasa a las cuatro instituciones complicadas (además Casmu, Asociación Española y que terminó cerrando). "De ellas 145 solicitudes eran de Casa de Galicia, lo cual demostraba necesidad absoluta de obtener préstamos".
"Llamaba la atención que esas cesiones eran a particulares que le prestaban dinero a Casa de Galicia en condiciones que desconocemos. Había perdido US$ 15 millones en dos años previos y el balance de 2020 si seguía como así, iba a perder US$12 millones".
Ante ese panorama se decidió designar a dos veedores, que fueron el exministro de Salud Luis Fraschini y el contador Oscar Pereira para que realizaran un informe sobre lo realizado con los US$ 20 millones.
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González Machado cuestionó el trabajo de los veedores, señaló que expresaron preocupación por dar tramite a un préstamo privado por lo que el MSP les aclaró que "ese no era el objetivo de ellos, sino ver el destino de los fondos que se les prestó". "Hicieron un informe muy desafortuando, de mala calidad técnica", aseguró. Agregó que era un informe de 10 o 12 carillas, cuando los otros eran de 300-400 páginas con información anexa".
Le economista Piriz, asesora del MSP y quien tenía bajo su órbita a los veedores, confirmó lo declarado por el exjerarca del MSP. Reiteró que lo que concluyeron no estaba dentro de la veeduría que se les encomendó.
Interventora Rossi: "Estructura de descontrol" y "contratos absolutamente a pérdida"
Entre las dos interventoras, la fiscalía se extendió mucho más con las preguntas a la contadora Alicia Rossi, por ser quién pasó a gestionar las finanzas de Casa de Galicia desde octubre de 2021 y hasta que el propio MSP las retiró, un mes y poco después, cuando el juez concursal designó como síndicos al abogado Fernando Cabrera y al contador Jupiter Pérez, de Lideco.
Rossi dijo que cuando asumieron se encontraron con una "estructura de descontrol", pudieron ver que los registros contables estaban "atrasadísimos". Dijo que había seis u ocho meses sin registrar movimientos. "Llegamos a encontrar dos cajas enormes, como de supermercado, con comprobantes sin registrar".
A su juicio Iglesias que era "la conducción política institucional pasó a tomar funciones ejecutivas, desplazando a las gerencias o jefes de área. Tomaban decisiones inconsultas. Lo que pasó fue que se crearon dos organizaciones paralelas, se debilitó la gobernanza".
Entre la "cantidad enorme" de irregularidades con la que se encontró, Rossi mencionó "problema de solvencia grave que se agravó en el último año". Según dijo había dos cosas que incidían en esa situación, los intereses por deuda financiera e ingresos por venta de servicios. En este último aspecto, Rossi afirmó que los contratos eran "absolutamente a pérdida con la institución".
Puso el ejemplo del contrato con Gremca por el que cobraba US$ 150.000 mensuales con un plazo de 180 días, sin que cerrara la ecuación de las prestaciones otorgadas o el resonador que estaba instaldo en el local de avenida Italia que nunca pagó el alquiler por el contrato y "nadie se lo cobró tampoco". Mencionó también que se pagaron US$ 180 mil por alquileres que "nunca se usaron para nada".
También mencionó como otra irregularidad que Casa de Galicia pagaba la participación de los socios privados de las Clínicas Leborgne que había adquirido con el 51%.
Luego de Rossi fue el turno de Santana, quien dijo que su rol era trabajar en la planificación de la asistencia para viabilizar la institución, afirmó que "nunca cesó la prestación de servicios" aunque trabajaban "con grandes dificultades por problemas con los acreedores por falta de pago". Aseguró que ella no manejaba los números de la institución aunque estaba al tanto de "hechos presuntamente delictivos como retiro de dinero en efetivo por parte de Iglesias y otros delitos de los cuales estaba notificada".
Antes habia afirmado que se "tipificaban delitos", lo que llevó a la defensa de Iglesias a querer saber quiénes tipificadan delitos pero la médica pidió disculpas, dijo que no había sido exacta y que no hablaría de lo que no es su esperticie.
Auditoría mostró préstamos usureros de particulares y deterioro de la contabilidad
En las seis horas que duró la audiencia, el último testigo fue el contador Marcelo Caiafa, quien tuvo a su cargo la auditoría externa, que Casa de Galicia estaba obligada a realizar, y afirmó que detectó un "deterioro muy importante de la contabilidad".
Asimismo se refirió a "los préstamos de particulares con tasas de usura", dijo que en el caso de Clinicas Leborgne "no había confirmación de saldo". Agregó que se enviaron cartas y no se recibieron respuestas.
Si bien afirmo que la caída de la institución "no pasó de golpe y porrazo" sino que "venía de años", dijo que el problema que la terminó de arrastrar fue que el endeudamiento "era de mala calidad, con tasas muy altas y plazos cortos".
La defensa quiso saber si ASSE le debía dinero por servicios contratados, y luego de un debate con la fiscalía que objetó la pregunta, la jueza les dio la razón y el testigo respondió que sí tenía deuda, tanto ASSE como el FOndo de Recursos. Luego de revisar la auditoría confirmó que en el item "otros servicios asistenciales" entre los que estaban hospitales había una deuda de $ 279 millones.
