El fiscal Gilberto Rodríguez dijo en los alegatos de apertura del juicio que los propios contadores de Casa de Galicia que declararán lo confirmarán, ya que de ese dinero “no se pudo corroborar una trazabilidad lógica”.
Sobre el delito de insolvencia societaria fraudulenta el fiscal explicó que con las decisiones que tomó Iglesias afectó el patrimonio de Casa de Galicia, en concreto se refirió a seis instrucciones irrevocables de pago por un monto de US$ 6 millones que Iglesias firmó dos días antes del inicio del concurso y que fueron a pagar a acreedores de la mutualista que eran prestamistas, Juan Carlos Lousada y Marcelo Bonanata, con lo que se alteró la masa concursal.
El fiscal ejemplificó que los beneficiarios de esas acciones de pago son como personas sin número que son atendidas por el costado.
Para aplicar ese delito sostiene que Casa de Galicia puede ser considerada una empresa, mientras que la defensa insiste en que era una asociación civil sin fines de lucro.
Justamente en ese sentido es que los defensores Gonzalo Fernández y Marcelo Domínguez afirman que no existió insolvencia societaria fraudulenta porque para que se configure ese delito se tiene que dar un estado o situación de una insolvencia que es aparente, no real. Implica esconder, simular o hacer desaparecer el patrimonio. “Nadie puede discutir que Casa de Galicia estaba en situación real de insolvencia. La conducta de nuestro defendido no causó la insolvencia”.
“Lo que reprime la ley es la acción de insolventarse. No se verifica en modo alguno. Era una insolvencia preexistente”, dijo Fernández. Y sobre ese punto fue insistente en preguntarle a los tres testigos sobre la situación financiera de la mutualista y desde cuando era deficitaria sobre lo que los tres cofirmaron que desde al menos 7 años.
Con respecto a la apropiación indebida, Fernández afirmó que al asumir la presidencia del directorio en 2018 Iglesias se encontró con un déficit de US$ 75 millones y a los 30 días de asumir tenía que hacer frente al primer vencimiento de US$ 6 millones. “De su bolsillo dio adelantó US$ 200 mil que nunca le fueron devueltos". Admitió también que no se presentó a verificar el crédito en el concurso porque sabia que no iba a poder recuperarlo.
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Iglesias: “Los US$ 180.000 me los quedé porque eran míos”
Antes de que empezara la audiencia la defensa le había advertido al equipo de fiscales, integrado también por las adjuntas Gabriela Gómez y Silvia Monzón, y la fiscal del equipo de Litigación Valeria Bovio, que Iglesias tenía intención de hablar, por lo que Fernández y Domínguez le pidieron a la jueza poder interrogarlo, a lo que Olivera accedió, tras consultar a la fiscalía que no se opuso.
Tras pasar a la silla destinada a los testigos, Iglesias relató distintos proyectos en los que venía trabajando y afirmó que Casa de Galicia “estaba en el salto más maravilloso de su historia” e iba a recuperar el prestigio que había tenido en la década del 60 pero "no les podían dejar hacer eso, parece ser”,dijo en alusión al gobierno.
Relató que mientras estaba siendo intervenido de una operación al corazón, “inventaron 8 denuncias penales” que surgieron en 20 días y a las semanas las ampliaron. “Cuando vieron que quedé vivo inventaron eso de los US$ 180 mil que eran míos”.
“La fiscalía termina creyendo el propio relato que inventaron. Si me la quedé, me la quedé porque era mía. Soy el único tonto, ¿cómo puede ser que presto, y me dicen que hice apropiación indebida de mi plata”, afirmó.
Luego ante una pregunta de Fiscalía admitió que no tiene documentación que acredite que prestó esos 200 mil. Antes, su defensa había afirmadoo que declarará como testigo en le juicio la persona que fue buscar ese dinero a la casa de Iglesias para llevarlo a Casa de Galicia.
Iglesias marcó una diferencia entre el gobierno de Tabaré Vázquez que le “concedió todo” lo que le pidió “por suerte” (dijo que firmaron en el despacho de Vázquez un acuerdo con la empresa móvil de la Española) y el de Lacalle Pou que lo tuvo meses esperando una respuesta a su planteo de pedirle al gobierno una auditoría. "Desde agosto... recién el 28 de diciembre de 2020 proponen la fórmula esa de los veedores”.
Los veedores que destinó el gobierno a Casa de Galicia fueron el exministro de Salud Luis Fraschini y el contador Oscar Pereira, quienes "ingresaron en abril del 2021 y en julio ya habian dado un informe que era favorable”, dijo Iglesias.
“No entendimos que después se ocultase el informe de los veedores” y que la fiscalía no lo nombre, insistió.
Salinas: “La finalidad de la intervención era salvar a la institución” pero duró 20 días
El exministro de Salud dijo que "la finalidad de la intervención era salvar a la institución". “Nadie ingresa a una intervención por 20 días” y se refirió al “conflicto que se generó entre Poder Ejecutivo y Poder Judicial” porque al decretar el concurso y designar a Lideco como interventor, el MSP que había priorizado la atención de la mutualista, se tuvo que ir.
En ese sentido dijo que “se necesitaba un año para llegar a reorganizar, restructurar, estudiar, recortar puestos de trabajo, estudiar un fondeo”.
La intervención de la mutualista se decidió luego de negarle una cesión de cápitas Fonasa que pedía Casa de Galicia y "comprometía las finanzas hasta junio de 2022 por lo que el margen de maniobre que podía quedar era muy escaso".
Consultado sobre desde cuando la situación de la institución era deficitaria, Salinas dijo que los informes hablaban de al menos siete años y "antes también". Agregó que era la mutualista con más endeudamiento per capita, de $75.000 por socio y al cierre de 2021 había llegado a $86 mil.
Además quiso dar una explicación sobre cómo afectó a las mutualistas la reforma de la salud impulsada por el exministro Daniel Olesker en el año 2008. Afirmó que al crear un sistema en el que se le paga a las instituciones por sexo y por edad, las tres mutualistas con pacientes añosas (Casa de Galicia, Casmu y la Asociación Española) generaron deuda y "no se les dio ninguna compensación para eso"
“El tema es que se hace con la gestión. Esa reforma estuvo renga, ese no es el término, estuvo huérfana de un mayor apoyo económico”.
Antes de Salinas, el exdirector de Juridica Martín Thomasset explicó como había sido el proceso por el que sugirió la intervención y contó que contaba con varios informes que alertaban por la situación de "penosa en relación a la media de los prestadores de salud".
Entre esos informes, el entonces presidente de la Junasa, Luis González Machado, relataba que el pasivo de la mutualista era cuatro veces superior al de la media de los prestadores de salud, había perdido más de la mitad de sus afiliados, y comprometía el 96% y 98% de las cápitas Fonasa futuras para acceder a créditos.
“Hubiera sido irresponsable acceder a más mecanismos de financiación con una gestión que era deficitaria. Creo que estamos hablando hasta de responsabilidades penales si se accedía”,dijo Thomasset.
Contó también que fue él quien sugirió hacer las denuncias penales, luego de que la interventora le dio cuenta de la falta de esos US$ 180 mil, así como de la compra de la clínica Leborgne de la que Casa de Galicia adquirió 49% para la que no se pidió autorización previa. “No me quedaba claro qué dinero pusieron los accionistas privados… surge que el pago se iba a realizar de cuatro maneras distintas. Casualmente uno de esos particulares fue beneficiario del pago", dijo al mencionaro a Galeano y Lousada, sin recordar cuál de los dos era.
A su turno Yagoda dio una versión muy similar a la Thomasset. Afirmó que en 2020 y 2021 la mutualista había tenido pérdidas por US$ 8 millones y reiteró que la situación deficitaria se arrastraba desde seite años hacia atrás.
Además señaló que Casa de Galicia fue el único prestador que no tuvo resultados extraordinarios por la pandemia.
