Este jueves por la mañana comenzó la audiencia judicial en la que el fiscal Enrique Rodríguez buscará imputar a los principales responsables de la quiebra de Conexión Ganadera: Pablo Carrasco, socio principal de la empresa, su esposa Ana Iewdiukow, y Daniela Cabral, viuda de Gustavo Basso, quien fue socio de Carrasco y murió en un accidente de tránsito el año pasado. Pasado el mediodía, la jueza Diovanet Olivera imputó a los tres implicados por delitos vinculados a estafa y lavado de activos.
Para las cautelares, el fiscal argumentó posible riesgo de entorpecimiento y de fuga, motivo por el cual pidió prisión domiciliaria con tobillera electrónica por 180 días para Carrasco, Cabral e Iewdiukow. Sin embargo, en el caso de Carrasco, cuando se imputa lavado de activos se debe solicitar la prisión preventiva. Si se concede, la medida estaría vigente hasta el 10 de febrero.
Finalmente la jueza Olivera resolvió prisión domiciliaria total con tobillera electrónica para Cabral e Iewdiukow y prisión efectiva para Carrasco
"Es un caso que llama la atención a toda la sociedad por la magnitud. En ese contexto multiplicidad de empresas y víctimas bienes que no se saben dónde están, que se están vendiendo. Todo esto lleva a que se tomen medidas", dijo la letrada.
Además, argumentó que Carrasco "cuenta con medido económicos para darse a la fuga", por lo que "no se trata de temor, sino de una medida proporcional".
El vocero de Fiscalía, Javier Benech, confirmó que la Fiscalía de Lavado de Activos de Primer Turno, a cargo del fiscal Enrique Rodríguez, solicitó la formalización de la investigación con respecto a Pablo Carrasco por un delito continuado de estafa y un delito continuado de lavado de activos. Con respecto a su esposa y la viuda de Basso por un delito continuado de estafa.
El fiscal aseguró en audiencia que la investigación continúa y que puede ampliarse la calificación jurídica con respecto a éstas personas o con respecto a nuevos imputados.
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Inés Guimaraens
Tras meses de investigación, en los que se impusieron medidas limitativas como la prohibición de salida del país para los indagados, se esperaba que el fiscal Rodríguez solicitara la imposición de medidas cautelares, entre ellas la prisión preventiva, especialmente para Carrasco, quien podía enfrentarse también a cargos por lavado de activos.
La llegada del fiscal Enrique Rodríguez
La llegada del fiscal Enrique Rodríguez
El caso Conexión Ganadera configuró una maniobra de captación de inversores en la que se prometía una renta fija a cambio de dinero para la compra de ganado. Sin embargo, se descubrió que el dinero recibido durante más de dos décadas no siempre se invertía en ganado y, en cambio, circulaba sin control a través de un entramado de empresas que desviaba fondos hacia otros fines.
Esta modalidad, conocida como esquema Ponzi, operaba bajo el principio de que los nuevos inversores financiaban los pagos de los intereses a los anteriores, lo que permitió su funcionamiento durante años. Sin embargo, el esquema colapsó en el segundo semestre de 2024 cuando la empresa cesó pagos, dejando a más de 5.000 personas y familias afectadas, con una cifra estimada de pérdidas que supera los cientos de millones de dólares. Hay más de 30 abogados defensores de los damnificados presentes este jueves en la sala judicial.
Al comienzo de la audiencia, el fiscal dijo que existía un “grupo económico” entre varias empresas: Conexión Ganadera, encargada de captar y pagar clientes; Hernandarias, del manejo del ganado; Gustavo Basso Negocios Rurales, encargado de la venta de ganado y Stradivarius, enfocado en la colocación de carne tanto en Uruguay como en el exterior.
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Además, citó un informe de la Secretaria Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (Senaclaft), que muestra que Conexión y Hernandarias tuvieron una reducción significativa de sus capitales en los últimos años.
La misma situación se puede trazar en Basso Negocios Rurales lo mismo, según sus informes contables.
Rodríguez criticó la “imprudencia de no informar la situación real en la que se encontraba el negocio, y el riesgo que corrían con sus inversiones”.
El fiscal declaró que Basso y Carrasco adquirieron bienes muebles e inmuebles por 16 millones de dólares, para ellos o sus hijos, en los últimos 4 años.
Previamente, había detallado que Basso gastó más de 690 mil euros en autos.
Para los abogados de Daniela Cabral, ella no cometió ningún delito. Eduardo Sasson, por ejemplo, esgrimió que “nunca firmó un contrato, no posee representación, no participó de ninguna publicidad”.
“No hablaba con los clientes, no podía inducir al error a nadie”, agregó.
Pablo Donnángelo, por su parte, dijo: "La atipicidad lleva a preguntarnos si Cabral está aquí con una solicitud de formalización por hechos propios o por una partida de matrimonio (…) Basso no está, murió".
Las acciones que le imputan “son atribuibles exclusiva y excluyentemente a Basso”, comentó.
Damnificados convocaron a una manifestación
Un grupo de damnificados de Conexión Ganadera convocaron a una manifestación frente a la sede judicial donde se llevará a cabo la audiencia para imputar a los exadministradores de la empresa. La manifestación comenzó a las 08:00, una hora antes del inicio de la audiencia, que estaba programada para las 09:00 y será reservada solo para la prensa.
Los inversores afectados se movilizan exigiendo justicia y la recuperación de sus ahorros, según la convocatoria difundida en diversos grupos de damnificados.
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En la audiencia, el fiscal de Lavado de Activos, Enrique Rodríguez, pedirá la imputación de Carrasco por estafa continuada y lavado de activos, mientras que a Iewdiukow y Cabral les imputará estafa continuada. Para Carrasco, el fiscal solicitará prisión efectiva, mientras que para las mujeres pedirá prisión domiciliaria total con tobillera electrónica.
Aunque se había especulado con la inclusión de otros delitos, el fiscal descartó aplicar el delito de apropiación indebida ya que considera que la estafa ya abarca este tipo de delito. Tampoco se aplicará el delito de insolvencia societaria fraudulenta, ya que para ello es necesario que el concurso sea previamente declarado como fraudulento, lo que aún no ha ocurrido.
