Un tribunal de apelaciones revocó el arresto domiciliario que la justicia había otorgado a los dos policías implicados en el homicidio de un adolescente de 14 años, ocurrido en una persecución en Colón el pasado mes de noviembre, y volvió a enviar a ambos efectivos a prisión preventiva.
Los funcionarios policiales, una mujer y un hombre, fueron imputados en noviembre a 180 días de prisión preventiva, luego de que se descubriera que habían disparado a una moto en la que iba la víctima y otro joven de 17 años –que fue herido de gravedad– "sin ningún tipo de causa o motivo", según afirmó el entonces fiscal de Homicidios y hoy ministro del Interior, Carlos Negro.
El adolescente asesinado estaba realizando una transmisión en vivo a través de su Instagram, por lo que todo el hecho quedó registrado. Esta prueba fue clave para que la Fiscalía pudiera afirmar que los efectivos intentaron ocultar su crimen.
Homicidio adolescente Colón
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La mujer fue imputada por homicidio complejo especialmente agravado con tentativa de homicidio. El otro policía imputado es el sargento que, a cargo de la unidad, dijo "acá nadie disparó" cuando ingresaron al adolescente de 14 años herido en la camioneta. La Justicia lo imputó por un delito de encubrimiento de homicidio y tentativa de homicidio.
El pasado 7 de mayo, el juez Penal de 35° Turno Diego González cambió la medida cautelar de los dos policías a pedido de sus defensas y otorgó a ambos un arresto domiciliario con tobillera, en una audiencia que trató la solicitud de la fiscal de Homicidios Sabrina Flores para extender las medidas cautelares de los efectivos hasta setiembre de 2025.
Sin embargo, este viernes y menos de diez días después de esta sentencia el Tribunal de Apelaciones de 2° Turno revocó ambas resoluciones y dictaminó que ambos policías vuelvan a la cárcel a esperar el avance de las investigaciones en su contra.
La policía implicada en el homicidio pidió la prisión domiciliaria pero se la revocaron
Según consta en la resolución del tribunal de apelaciones, a la que accedió El Observador, la defensa de la policía implicada en el homicidio había solicitado la prisión domiciliaria para su clienta por motivos de salud, tanto de ella como de uno de sus hijos.
Una pericia constató que la mujer sufre de celiaquía y colon irritable, y sus abogados marcaron que desde su ingreso a prisión en noviembre "no ha podido ser llevada al médico tratante". La pericia también indicó que no se había "cumplido con el tratamiento y dieta en el centro hasta la fecha", lo que había causado que "la evolución de estas enfermedades" se hiciera "intolerable".
Además, los defensores indicaron que el hijo menor de la mujer, de 5 años, tiene un problema "psicológico y motriz" desde que nació y su situación empeoró debido a la ausencia de su madre del hogar.
La fiscal de Homicidios Sabrina Flores argumentó que la pericia realizada a la mujer no indicaba que fuera necesario el cambio a la prisión domiciliaria para tratar sus patologías, y entendían que la situación del niño no es "nada grave" como para cambiar la medida, además de que está al cuidado de su abuela. "La Fiscalía no desconoce que todo niño que esté separado de su madre o de su padre en edades tan tempranas, sin duda que hay una afectación, pero entendemos que no es la situación como para poner en base a eso una liberación", detalló.
Sin embargo, el juez González argumentó que "no necesariamente la pericia" de la mujer "tiene que decir que hay que sustituir la prisión preventiva", sino que "en este caso da elementos para valorar jurídicamente si es justificado mantener o no" esa medida. Para el magistrado se "evidencia que la cárcel no cumplió con las indicaciones" de salud de la efectiva, por lo que entiende que en el futuro "estas indicaciones tampoco van a ser cumplidas" y por ello la salud de la mujer "está en riesgo".
Además, aunque coincidió con la Fiscalía en que es "imposible" determinar si la presencia de la madre "beneficia" al tratamiento de su hijo, afirmó que "la madre por su rol de cuidado en nuestra sociedad podría colaborar", por lo que entendió en conclusión que estaban "dadas las condiciones" para sustituir la prisión preventiva con un arresto domiciliario con uso de tobillera electrónica.
La Fiscalía apeló la medida al entender que podía existir un "entorpecimiento de la investigación", argumentando que la pericia a la policía se basó solo en su relato, sin existir en ese sentido una versión "oficial" de la cárcel sobre su situación.
En su sentencia, el tribunal compartió con Fiscalía que "no se acreditan efectivamente con el informe pericial (como dispone la norma), el grave riesgo para la vida o salud de la imputada", y entendió que los hijos de la mujer "se encuentran al cuidado de su abuela y no se encuentran desprotegidos".
Además, el tribunal también reconoció que podía existir un entorpecimiento de la investigación "como ha podido suceder inmediatamente al momento de ocurrido los hechos", y marcó que la prisión preventiva es la única medida cautelar que puede evitar esa situación, por lo que revocó el arresto domiciliario y dictaminó que la mujer volviera a prisión.
El caso del policía imputado por encubrir el asesinato del adolescente en Colón
En el caso del efectivo, su defensa solicitó cambiar la prisión preventiva a un arresto domiciliario con tobillera debido a que su cliente había superado los tres meses de cárcel, el mínimo de condena para el delito de encubrimiento que se le acusa, y a que los riesgos procesales se habían reducido.
En tanto, la defensa de la familia de la víctima indicó que "los riesgos procesales se mantienen" y recordó que los familiares recibieron "amenazas" vinculadas al crimen, algunas de ellas a través de las redes sociales.
El juez González compartió la visión de los abogados del policía y cambió la medida cautelar. También argumentó que "si bien se han mencionado amenazas a la familia de la víctima, no se pueden vincular al encausado y no hay evidencias" en su contra.
El dictamen fue apelado por la fiscal Flores, que postuló que muchos de los testigos del crimen que comparecerían a un juicio oral del oficial "son funcionarios policiales, excompañeros del mismo", y entiende que "la única manera de salvaguardar esos testimonios de la forma más fidedigna" es que el hombre "permanezca en prisión preventiva" hasta que se brinden sus declaraciones. La defensa indicó luego que no existió ninguna denuncia sobre una actitud de este tipo por parte del imputado durante su estadía en prisión.
Además, Flores puntualizó que el implicado fue imputado por encubrir un homicidio muy especialmente agravado mientras estaba en funciones, caso en el que la pena mínima es de cuatro años y no de tres meses.
Este viernes el Tribunal de Apelaciones de 2° Turno también revocó el arresto domiciliario del oficial. Para la sala "el riesgo de entorpecimiento de la investigación persiste actualmente, existiendo la presunción de que el imputado podrá inducir a la coimputada, testigos, peritos, a fin de que declaren falsamente o se comporten de manera desleal o reticente en el juicio oral".
Los ministros argumentaron que "el entorpecimiento se dio claramente en el lugar de los hechos", cuando el oficial le dijo a sus compañeros "aquí nadie disparó", como quedó registrado en el vivo de Instagram de la víctima.
También compartieron con la fiscal del caso que la única forma de "salvaguardar" el testimonio de los policías excompañeros del imputado es manteniendo la prisión preventiva. Por último, entienden que los riesgos del proceso "se mantienen".
