El subsecretario del Ministerio de Salud Pública (MSP), Leonel Briozzo, subrayó este viernes que, desde 2020, se ha observado un incremento significativo en la cantidad de abortos realizados en Uruguay. Este fenómeno, según el jerarca, coincide con eventos como la pandemia, lo que podría haber influido en un aumento en la demanda de servicios de interrupción voluntaria del embarazo, además de las deficiencias en educación sexual y el acceso limitado a métodos antceptivos.
En diálogo con 8AM (Canal 4), Briozzo indicó que tres elementos fundamentales contribuyen a esta tendencia. Primero, las deficiencias en la educación integral en sexualidad, un tema recurrente que ha sido señalado como crucial para prevenir embarazos no deseados. En segundo lugar, mencionó las dificultades en el acceso a métodos antceptivos efectivos. Y por último, la situación de los servicios de salud sexual y reproductiva, que en algunos casos no han logrado cubrir de manera efectiva las necesidades de la población, especialmente en áreas rurales o menos accesibles.
"Los países con menores tasas de aborto han consolidado en la educación, antcepción y servicios de salud los pilares fundamentales para prevenir el aborto", expresó Briozzo.
El jerarca también destacó que la mayoría de los abortos ocurren en mujeres jóvenes, particularmente entre los 20 y 24 años. En este sentido, Briozzo insistió en la importancia de hablar abiertamente sobre los derechos reproductivos y garantizar el acceso universal a métodos antceptivos para evitar embarazos no deseados.
Respecto a la utilización repetida del aborto como método antceptivo, Briozzo explicó que esto suele estar vinculado a factores como problemas de salud mental, situaciones de violencia doméstica o dinámicas de pareja donde la mujer desea prevenir el embarazo, pero no tiene el apoyo de su pareja para usar métodos antceptivos. Aunque reconoció que la tasa de repetición es baja, enfatizó que muchas mujeres no consultan con profesionales de salud después de un aborto para adoptar métodos anticonceptivos que puedan evitar futuros embarazos no deseados.
Consultado sobre la posibilidad de modificar la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, Briozzo aseguró que no se encuentran en la agenda cambios legislativos inmediatos. Sin embargo, reconoció que algunos aspectos podrían ser revisados, como el acceso al aborto para mujeres migrantes durante su primer año de residencia en el país, y el límite de 12 semanas de gestación, dado que el diagnóstico de malformaciones fetales, que habilitaría el aborto, se realiza generalmente a partir de la semana 14. Además, se refirió a la posible innecesidad del período de reflexión de cinco días, señalado como una carga para el 98% de las pacientes.
