No son horas fáciles para el Partido Comunista, que se llama a silencio. Su nombre salió de boca de un fiscal por presunto financiamiento ilícito y su dirigente más conocido, el senador Óscar Andrade, será citado a declarar en calidad de imputado. El Comité Ejecutivo se juntó este viernes urgido por las circunstancias pero sin novedades en su posicionamiento, mientras aguarda por el retorno de su secretario general, el ministro Juan Castillo, antes de dar un nuevo paso.
La voz del partido se reduce hasta ahora a las réplicas que hicieron Andrade y el diputado Daniel Diverio a los señalamientos directos de tres ex compañeros suyos del Sindicato de la Construcción (Sunca) que al acceder a un proceso abreviado en la Justicia los involucraron en las maniobras investigadas. Santiago Bernaola, Bruno Bertolio y Víctor Rivero, expulsados del gremio y luego del partido, sostuvieron en Fiscalía que desde hace años funcionaba una “trama” de la que “eran parte” tanto Andrade como Diverio para desviar dinero del Fondo Social de la Vivienda de Obreros de la Construcción (Fosvoc) hacia actividades sindicales y partidarias.
“En principio, aparece de manera bastante sólida, consolidada, que parte de ese dinero, no sabemos bien qué porcentaje, iba para el financiamiento del Partido Comunista y del Sunca”, validó el jueves el fiscal Gilberto Rodríguez a la salida de la audiencia en que condenaron a más de dos años de penitenciaría a los tres exsindicalistas. Rodríguez adelantó que los citará en calidad de imputados aunque para brindar “declaración administrativa”, primero sin una formalización y por tanto sin necesidad de pedir el desafuero, por más que “eventualmente se podría si es que hay mérito”.
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Senador del Partido Comunista, Óscar Andrade
Diego Battiste
La indagatoria a Andrade complica el ambiente en un Partido Comunista en el que tiene muchos seguidores pero también detractores, y añade incertidumbre a un importante Congreso que tendrá lugar en diciembre para designar nuevo Comité Central y secretario general.
La sucesión de Castillo
Mientras se reunía en Montevideo la cúpula del partido, Juan Castillo fungía en Ginebra como vicepresidente de la conferencia de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), y aún tenía por delante muchas horas de la sesión plenaria de cierre. La ausencia del secretario general trastoca todos los movimientos en una organización históricamente disciplinada con sus órdenes internos, por lo que los camaradas aguardan novedades para el lunes, una vez que ya se encuentre en funciones desde Uruguay.
Con 67 años y ahora al frente del Ministerio de Trabajo, Castillo desea pasar la posta de la secretaría general. El veterano dirigente ya coqueteaba con esa idea en el pasado Congreso de 2022, cuando resultó el nombre más votado entre 675 congresales habilitados para votar. Ahora, con la gestión del gobierno a cuestas, Castillo volvía a amigarse con la idea de que Andrade aceptara el cargo, según reconstruyó El Observador a través de fuentes del partido.
Los comunistas tienen en este plano una complicación ante la escasez de cuadros con impronta para tomar las riendas del partido, escenario que no escapaba a la lectura política de Castillo. A modo de ejemplo, Marcelo Abdala se alejaba de esa posibilidad al reasumir él mismo la presidencia del PIT-CNT, mientras que Ana Olivera, otra camarada de reconocida trayectoria, tampoco lo tenía planteado por razones de edad.
Otros cuadros posibles en el Ejecutivo son Guillermo Rehermann –secretario de Organización, puesto clave para las estructuras comunistas–, Alejandro Acosta –responsable por Montevideo–, Daniel Diverio –Canelones– y Tatiana Antúnez –Género–, aunque por liderazgo y tracción de votos el “Boca” aparecía como un candidato natural. En todo caso, el desafío para la dirección era convencerlo de asumir esa responsabilidad ejecutiva.
Sin embargo, no escapa a los camaradas que las irregularidades en el Sunca empañan la imagen de Andrade y más aún si llega al Congreso alejado de su cargo de senador por un pedido de desafuero.
20250411 Juan Castillo. Reunion entre COFE y MTSS.
Foto: Inés Guimaraens
Por otro lado, Castillo tampoco está impedido de continuar como secretario general si el Congreso, como viene haciéndolo de forma consecutiva desde 2017, vuelve a encomendarle esa tarea. Solo que esta vez tendría que conducir un ministerio y un partido al mismo tiempo. A modo ilustrativo, el ahora ministro Gonzalo Civila tuvo que pedirse licencia como secretario general del Partido Socialista para asumir al frente de Desarrollo Social, mientras que Marina Arismendi terminó distanciándose de la estructura comunista una vez que pasó a liderar esa cartera.
El ruido comunista
"Hay cinco delincuentes que fueron con el mismo asesor jurídico, intentaron desviar la atención para este lado y ahora van por acuerdo abreviado porque están hasta las manos”, rebatió Andrade en Sarandí el jueves. “No hay un mensaje de texto, no hay una captura, una transferencia, no se lo cree nadie", aseveró el senador, quien adelantó que una vez culminada la instancia judicial presentaría una demanda por “difamación e injurias”.
Andrade machaca sobre la base de que las noticias y el propio fiscal se amparan en la versión de “sinvergüenzas” que fueron captados “in fraganti” recibiendo transferencias ilegales del Fosvoc. Varios comunistas se afirman sobre esa premisa que se encargó de dejar clara el propio abogado denunciante, Óscar López Goldaracena, quien habló de que la Fiscalía se está basando en “versiones de los propios imputados” y de que “el formato del juicio no permite” dar con “pruebas claras de a dónde fue el dinero”.
Tampoco falta el “ruido” entre camaradas que ven que el partido como tal se mantiene en silencio, sin abordar el tema en la orgánica. “Hay un tema complicado de explicar en la sociedad. La plata nunca entró al partido. En todo caso fue para esa barra”, ilustró un dirigente molesto con la situación mientras el Partido Comunista todo cae en la misma bolsa.
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El Partido Comunista decidió quién ocupará la vocalía en la Jutep tras la salida de Jorge Castro
En su rendición de cuentas ante la Corte Electoral, la 1001 declaró solo haber percibido ingresos por $17 millones a cuenta de los votos recibidos para hacer frente a una campaña en la que, aseguran, gastaron $11 millones para llevar a Andrade al Senado y sin pautas en los medios tradicionales. Tampoco las listas a Diputados de Montevideo y Canelones declararon ningún aporte extra salvo el correspondiente a adelantos del Banco República, ni siquiera por donaciones en cenas de recaudación que la 1001 organizó de cara a las internas, según confirmó El Observador.
Hay de momento siete expulsados del Sunca pertenecientes a la lista 658 que está vinculada al Partido Comunista: los ya formalizados Bertolio, Bernaola y Rivero, además de Carlos Larrosa, John Fernández, Marcelo Martínez, Juan Ortiz, Miguel Duarte e Iván Häfliger. Este último, un dirigente del riñón de Andrade, es por un caso distinto al del resto, tal como informó Búsqueda, y se encuentra por ahora a estudio de la Comisión de Control del partido.
Alberti señalada y 14 destinatarios
Laura Alberti, secretaria de Finanzas tanto del Sunca como del Partido Comunista, fue otra de las señaladas en declaraciones ante la Fiscalía. Como informó Búsqueda, declaró tiempo atrás en calidad de indagada y concurrió sin abogado. De momento, la dirigente –que fue una de las más votadas en el último Congreso comunista– continúa desempeñándose en ese rol dentro de la organización.
Fiscalía informó el jueves que hubo 14 destinatarios de las transferencias efectuadas desde el Fosvoc, entre los que no figura Alberti. Las transferencias fueron habilitadas por la funcionaria Stella Rey, a quien el abogado denunciante apuntó porque continúa sin haber sido imputada.
El ministerio público constató que en principio las maniobras ascendieron a $ 47,5 millones y US$ 22.260, lo que supera el millón de dólares, aunque no descartó que puedan haber empezado antes del 2023, cuando fueron detectadas.
