Un poco cansado de oír al mundo hablar sobre el Amazonas, Lula da Silva dio un golpe en la mesa y tomó una decisión complicada que va a contracorriente. Resolvió llevar la COP30 –la reunión más importante sobre cambio climático a nivel mundial– a Belém, la ciudad amazónica del norte que es capital del estado de Pará. Quería que además de hablar, los líderes y la diplomacia ambiental mundial vieran cómo la selva del Amazonas respira y los ríos se entrelazan en una cita política pero también poética.
Con la controversia por esa decisión aún arriba de la mesa –por las dificultades logísticas y de precios que generó al hacerse en una ciudad pequeña– los países trabajan a contrarreloj para definir sus posiciones iniciales en la negociación.
El evento comenzará el jueves 6 con una cumbre de presidentes convocada por Lula en la que Yamandú Orsi no estará presente. Si bien inicialmente se manejó que el presidente uruguayo asistiera, la opción quedó por el camino, dijeron fuentes de Ambiente a El Observador.
Este viernes, el negociador jefe brasileño, Mauricio Lyrio, informó que 57 presidentes habían confirmado su participación. Entre ellos están los líderes de Alemania, Francia, Reino Unido, Países Bajos, Noruega, Colombia, Chile, Cabo Verde y Liberia, de acuerdo a un relevamiento de la AFP. La cifra es menor que la del año pasado (75) en Bakú (Azerbaiyán).
Las jornadas de negociación, en tanto, arrancarán el lunes 10 y se extenderán inicialmente hasta el viernes 21 aunque en el gobierno uruguayo ya manejan que seguirán hasta el domingo 23. Del 17 al 19 será la reunión de ministros. Participarán Edgardo Ortuño (Ambiente), Tamara Paseyro (Vivienda) y Leonel Briozzo (subsecretario de Salud Pública).
Uruguay integra el G77 compuesto por los países en desarrollo y preside el grupo SUR, integrado también por Argentina, Brasil, Ecuador y Paraguay.
Las negociaciones clave
La agenda de negociación abordará once áreas sustantivas que determinarán cómo se implementará el Acuerdo de París en la próxima década.
Para el gobierno uruguayo, los temas prioritarios son el financiamiento climático, la adaptación y la transición justa, dijeron fuentes de Ambiente a El Observador.
En el Ejecutivo destacan que el país tendrá siete negociadores, una cifra récord e igual a la que llevará Egipto, que es poblacional y territorialmente bastante más grande. Ortuño ha dicho que el país pretende ser “protagonista” en la COP.
Fuentes de ese ministerio señalaron que consideran prioritario “fortalecer” el acceso a financiamiento climático con un equilibrio adecuado entre “mitigación y adaptación” en condiciones concesionales, transparentes y predecibles.
Por los diálogos previos, la delegación uruguaya estima que los países no acordarán un nuevo objetivo de financiamiento sino cómo se llega a cumplirlo. Esto porque se está lejos de haber llegado a las metas establecidas en el Acuerdo de París (2015).
En esa cumbre se estableció que los países desarrollados debían movilizar recursos financieros para la mitigación y la adaptación en los países en desarrollo. El compromiso era destinar US$ 100.000 millones anuales desde 2020. Sin embargo ese año se reportaron unos US$ 83.000 millones aunque estimaciones independientes sitúan el valor neto disponible en alrededor de US$ 24.500 millones.
Al incumplimiento registrado se suma que Donald Trump niega el cambio climático por lo que retiró a Estados Unidos del acuerdo, lo que significa que además de no participar en Brasil, el país dejará de aportar dinero para el financiamiento.
A su vez, menos del 10% del financiamiento internacional se destina a adaptación, pese a que allí se concentran muchas de las necesidades más urgentes. Por eso, en el gobierno ven fundamental que en Belém se avance hacia un “incremento” de los recursos destinados a adaptación en condiciones adecuadas y con acceso directo para los países en desarrollo.
La expectativa está en que se conforme un set de indicadores para definir qué tanto está cumpliendo un país con la adaptación en función de los recursos que recibe.
“La adaptación constituye una prioridad central para nuestro país. A la fecha hemos elaborado cuatro planes nacionales sectoriales enmarcados en la Política Nacional de Cambio Climático, energía, agricultura, costas, ciudades e infraestructuras. Asimismo, se espera avanzar en la elaboración de un Plan de Adaptación para el sector Salud y tras la crisis hídrica de 2023, reforzamos nuestro compromiso orientado a garantizar agua segura para todas las personas”, se lee en el documento “Uruguay rumbo a la COP30” elaborado por Ambiente.
En el caso de la transición justa, la directora de Cambio Climático, María Fernanda Souza, dijo a El Observador que lo que está en juego es garantizar que la descarbonización de la economía mundial se realice de forma “socialmente justa, protegiendo los derechos laborales, generando nuevos empleos verdes y asegurando que ninguna comunidad quede atrás”.
A Uruguay le interesa que el programa evolucione hacia un “mecanismo operativo que integre financiamiento, tecnología y creación de capacidades”, pero también que “se destinen recursos específicos para reconversión productiva, empleo verde y protección social” además de lograr que se respeten los principios de “equidad, soberanía y participación comunitaria, especialmente en sectores rurales e industriales en transición”.
