Opinión > OPINIÓN
¿Ley trans ya?
Por Diego Velasco Suárez
No hay duda de que toda persona es digna: debe ser respetada y querida como un fin en sí, todos tienen los mismos derechos inherentes a su condición humana, con independencia de su orientación sexual o de cómo autoperciba su sexo.
Si hubiera alguna norma contraria a estos principios, sería necesario un cambio legislativo. Pero ¿es esto lo que propone el proyecto de ley trans?
Veamos, resumidamente, su contenido:
• Definición de una categoría especial de personas, los “trans”: “quien autopercibe y/o expresa un género distinto al sexo que le fue legal y/o convencionalmente asignado al momento del nacimiento”. Para estar incluido en este grupo, no se requiere ninguna diferencia objetiva con otras personas, sino una decisión de declararse no heterosexual.
• Una mentira, sólo sostenible desde la ideología: que, al nacer, se “asigna” legal o convencionalmente un sexo. (Sólo está permitido “reconocer” el sexo que objetivamente tiene el bebé, determinado desde su concepción).
• Una serie de beneficios (preferencia para puestos de trabajo, becas de estudio y vivienda).
• Tratamientos integrales hormonales y quirúrgicos (de reasignación de sexo, mutilaciones incluidas), gratuitamente, a través del Sistema Nacional Integrado de Salud.
• Derecho de los menores a estos tratamientos aun sin autorización de sus padres, reemplazados por la decisión de un juez.
No se elimina sino que se establece –por ley– la discriminación. Se crea una categoría especial de personas, y se les otorga un tratamiento preferencial, sin que deban alegar diferencias objetivas con otras que sí pueden justificar una necesidad, capacidad o mérito diferente.
Estas últimas son discriminadas a la hora de obtener un trabajo, una beca de estudios, una vivienda, o un tratamiento médico, aunque lo necesiten o merezcan más.
Pero también se discrimina, por razón de género, a las prooias personas trans: no se las trata en su calidad de persona, por sus méritos y virtudes, sino por su condición sexual; se le otorgan beneficios especiales sin que deban justificar que necesitan la ayuda especial de esos beneficios.
No sólo beneficios. Se les dan tratamientos médicos sin que padezcan una enfermedad. Y se posterga a quienes tienen una enfermedad y requieren tratamientos médicos para curarla. Y esos tratamientos tienen claras y graves contraindicaciones, crean una dependencia de por vida y, a largo plazo, generan estadísticamente una tasa de suicidio 20 veces mayor. Y el 85% de los niños trans, si no se les bloquearan sus hormonas al comenzar la pubertad (9 a 11 años), luego se identificarían con su sexo biológico.
Para producir ese daño, se suspende la patria potestad, sin juicio previo. Ya se viola este deber-derecho de los padres con el Programa de Educación Sexual vigente: sus hijos menores son problematizados en su “identidad de género” desde los 3 años (Según el Programa de Educación Inicial y Primaria, pág. 228), inducidos a deconstruir y desnaturalizar la heterosexualidad, y adoctrinados en el “derecho” a la opción sexual a los 10 años (ver páginas 231-232 del citado Programa).
Todo esto, prescindiendo de los padres, “aun cuando no coincida con sus valores y creencias” (pág. 36 de la Guía de Educación Sexual de la ANEP), aprovechando que “la escuela es el ámbito privilegiado para problematizar las diferentes creencias que poseen los niños y niñas acerca de la sexualidad…” (pág. 23 de la misma Guía).
“Derecho a ser”, “derecho a la diversidad” y a la “libertad”, se reclama. Y estamos de acuerdo. En el ámbito de las acciones privadas que no perjudiquen a otros (sin importar si son buenas o malas), los demás (el Estado) no pueden meterse (artículo 10 de la Constitución).
Quienes se definen como trans tienen la libertad de autopercibirse y ser como quieran.
Si lo que hacen no perjudica a otros, aunque no sea bueno para ellos –por ejemplo, porque perjudica su salud–, deberá ser tolerado. Pero una cosa es tolerar y otra ayudar y promover con especiales beneficios. Una cosa es tolerar, y otra tener que soportar se metan en la intimidad de la familia, negando a otros la libertad que se reclama, problematizando en su identidad a los hijos de otros, imponiéndoles sus propias convicciones morales, desconociendo que “los padres, y en su caso los tutores, tienen derecho a que sus hijos o pupilos reciban la educación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones” (Pacto de San José de Costa Rica, artículo 12).
