¿Qué cambios tuvo la LUC en el Senado y cuáles en Diputados?

El proyecto de ley ingresó al Parlamento el 23 de abril, en medio de negociaciones en la coalición de gobierno y tras una postergación de la fecha inicial anunciada por el presidente Luis Lacalle Pou por el comienzo de la emergencia sanitaria por el coronavirus. 

Aunque las mayores modificaciones fueron realizadas durante el debate en la cámara alta, en una negociación en la que también participaron diputados, el texto tuvo otros cambios menores en la segunda cámara, que incluyó el retiro del capítulo sobre la delimitación de las áreas protegidas.

La comisión especial del Senado que volverá a analizar el texto se reunirá este martes. En caso de culminar durante el día su votación en comisión, el proyecto será considerado en la sesión plenaria del día miércoles, según prevé la bancada oficialista. En caso de no terminar el análisis en comisión, será elevado a la cámara el jueves.

¿Cuáles fueron las modificaciones? ¿Qué aspectos del proyecto impulsados en primera instancia por el Poder Ejecutivo quedaron por el camino? En esta nota repasamos algunos de los principales cambios que tuvo el texto durante el debate parlamentario. 

Los cambios en el Senado

Al ingresar a la Cámara de Senadores, el proyecto de Ley de Urgente Consideración estaba constituido por 501 artículos, ordenados en 11 secciones, siendo la más extensa la referida a seguridad. En la discusión dentro de la Comisión Especial, se retiraron 26 artículos y se hicieron unas 300 modificaciones al texto.

Tras varios cambios en temas como el aumento punitivo para los menores que delinquen, y luego de quedar por el camino la derogación del monopolio de los combustibles, entre otros, el texto fue aprobado con los votos de los senadores de la coalición de gobierno. El Frente Amplio votó en contra del proyecto general, aunque sí acompañó unos 245 artículos en la discusión en particular. 

Seguridad

• Al ingresar al Senado, el texto estipulaba “duplicar el lapso máximo de privación de libertad para los menores de infracciones gravísimas a la ley penal, llevándolo a diez años”. Tras ser tratado en la Cámara, se mantuvo la pena máxima de cinco años para la mayoría de los delitos, con las excepciones del homicidio intencional agravado y muy especialmente agravado, la violación y el abuso sexual especialmente agravado, que sí tendrán una pena máxima de 10 años. 
• El proyecto remitido al Parlamento establecía aumentar las penas mínimas para adolescentes de uno a dos años para delitos gravísimos. Eso afectará a quienes cometan homicidio intencional con agravantes especiales, lesiones gravísimas, violación, privación de libertad agravada y secuestro. Se sacaron de la versión final los delitos de rapiña, extorsión, abuso sexual y tráfico de estupefacientes. 
• En la nueva redacción, se concede el derecho de acceder al régimen de libertad a prueba a quienes cometieron un hurto con circunstancias agravantes. Se mantiene la eliminación del régimen para otros casos propuestos por el Ejecutivo, como rapiña, extorsión y secuestro. En el artículo 17, que preveía multas o pena de prisión para quienes agredieran a educadores y profesionales de la salud, se incorpora a los trabajadores del transporte y a los bienes que podrían verse afectados.
• Entre el primer borrador presentado en enero y el proyecto remitido en abril al Parlamento, la versión del texto tuvo otras modificaciones en su capítulo sobre seguridad, con distintos cambios de normas referidas al proceso penal. 

Combustibles y Antel

• Durante la discusión en el Senado fue retirado el artículo que promovía derogar "el monopolio de la importación, exportación y refinación de petróleo crudo y derivados del mismo establecidos a favor del Estado y gestionados" por Ancap. Los nacionalistas negociaron con los socios de la coalición, en cambio, una redacción en la que el gobierno se compromete a presentar una nueva iniciativa sobre la regulación del mercado de combustibles antes de que transcurran los 180 días de aprobada la ley. También pasó a establecer la obligatoriedad del Poder Ejecutivo de justificar con una “periodicidad no mayor a 60” días el precio del combustible, que se debe basar en los valores de paridad de importación. El Poder Ejecutivo aprobará los precios de los productos elaborados por Ancap con un informe previo preceptivo de la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua (Ursea).
• Se quitó el artículo 268 que indicaba que los prestadores de servicios de telecomunicaciones podrían “celebrar de manera voluntaria acuerdos entre sí para determinar las condiciones para la ubicación o el uso compartido de sus infraestructuras, en el marco de la normativa de promoción y defensa de la competencia”.
• También quedó por el camino el artículo 269 que señalaba que las entidades estatales que fueran titulares de infraestructura, en especial de redes de telecomunicaciones, prestarían "servicios mayoristas sobre su infraestructura y redes a aquellos prestadores de servicios de telecomunicaciones interesados en el acceso o uso, para promover la inversión eficiente en el despliegue de redes". Esto implicaba que Antel tuviera que arrendar la suya a prestadores privados. El ministro de Industria Omar Paganini explicó que el tema será tratado de manera general en la nueva Ley de Medios, a estudio de la Comisión de Industria en la Cámara de Diputados.

Pagos en efectivo

• Al ingresar al Senado, la LUC permitía el pago en efectivo sin límites de honorarios profesionales fuera de la relación de dependencia. A pedido del Partido Colorado y del Partido Independiente, se estableció que estos se podrán realizar en efectivo hasta un máximo de un millón de unidades indexadas (US$ 107 mil) y se agrega un pasaje que asegura que “el saldo deberá realizarse por los demás medios de pago distintos del efectivo”. Es decir, en una misma operación se puede pagar hasta el límite en efectivo y el resto debe abonarse con medios electrónicos. Con la ley vigente este tipo de pagos solo se puede realizar mediante medios electrónicos.
• El proyecto que ingresó al Parlamento quitaba la disposición de pagar solo con medios electrónicos a los proveedores del Estado, y permitía pagos por cualquier monto en efectivo. Tras un acuerdo entre los partidos de la coalición, pasó a establecerse que el máximo que se podrá pagar con efectivo en este caso es lo mismo que una compra directa común: $ 500 mil.
• En su ingreso al Senado, el proyecto inicial planteaba que se consideraban aplicables medidas simplificadas de debida diligencia cuando la operación se efectúe con instrumentos de pago relativos a dinero y otros valores depositados en instituciones financieras supervisadas por el BCU. La nueva redacción establece que esas operaciones no eximen a los sujetos obligados no financieros de la aplicación de los procedimientos de debida diligencia pero “considerando el menor riesgo de lavado de activos o financiamiento del terrorismo que esos casos suponen, y tratándose de clientes residentes y no residentes que provengan de países que cumplen con los estándares internacionales en materia de prevención y lucha contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo, dichos procedimientos podrán consistir en la aplicación de medidas simplificadas de debida diligencia”.

Desarrollo y salud

• Se quitaron nueve artículos de la sección de Desarrollo Social y Salud, a pedido del ministro de Desarrollo Social, Pablo Bartol. Los artículos removidos proporcionaban nuevas redacciones para definir las competencias del Mides, del Instituto Nacional de Juventud, la ampliación de competencias del Instituto del Niño y el Adolescente del Uruguay (INAU), la supervisión de sus programas prioritarios y los ámbitos de coordinación del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (Inisa).
• Además fue retirado el artículo 423, que establecía la creación de una Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias. La norma fue retirada a pedido del ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, quien consideró que habría que desglosar y “perfeccionar” la propuesta, con el compromiso de tratarlo en la próxima Rendición de Cuentas.

Agro

• El Ministerio de Ganadería promovió durante el debate en el Senado la eliminación del capítulo tres de la sección sobre el sector agropecuario, constituido por dos artículos del proyecto inicial (367 y 368) que proyectaban cambios a la titularidad de los inmuebles rurales y las explotaciones agropecuarias. El cambio supuso que no prospere la idea de permitir la explotación y tenencia de tierra por parte de sociedades anónimas cuyos titulares sean personas jurídicas. En 2007, la administración de Tabaré Vázquez promulgó una ley que lo prohibía a excepción de autorización expresa del Poder Ejecutivo. Los artículos retirados del proyecto presentado habilitaban a que personas jurídicas propietarias de Sociedades Anónimas o sociedades en comandita por acciones sean dueñas y exploten tierras.

• Además fue incorporado un artículo considerado en el debate previo a que el texto ingrese al Parlamento, que flexibiliza la residencia de los colonos en los predios adjudicados por el Instituto Nacional de Colonización. En principio los colonos seguirán teniendo que trabajar y habitar las tierras, pero el nuevo artículo da margen al directorio de este organismo para autorizar lo contrario. Tal como fue redactado el nuevo artículo, las excepciones serán las siguientes: que los colonos “hayan tenido una radicación por un plazo mínimo de diez años”, “hayan cumplido con el plan de inversiones comprometido, si lo hubiere” o “invoquen razones fundadas de salud, educación o trabajo del colono o los integrantes del núcleo familiar”. 

Los cambios en Diputados

Tras ser tratada en el Senado, la LUC pasó a la Cámara de Representantes en la tarde del lunes 8 de junio. Allí los diputados tendrían 30 días para discutir en torno a ella.

Los legisladores decidieron realizar 32 modificaciones al proyecto remitido desde el Senado, en su mayoría de redacción que no cambiaron las partes sustanciales de la iniciativa.

• Uno de los cambios más discutidos por el oficialismo en Diputados consistió en dejar por el camino los dos artículos sobre áreas protegidas, que pasarán a ser estudiados por la Comisión de Medio Ambiente. El texto votado en el Senado señalaba que "la aplicación del régimen jurídico del Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas" se haría "en consulta con los gobiernos departamentales competentes".
• En el artículo 11 sobre el agravio a la autoridad policial, se aplicó una nueva redacción en la que se deja constancia de que no interferirá en la libertad de prensa ni en la mera protesta ante la acción policial.
• También se modificó el artículo 31 sobre el régimen de libertad bajo prueba (“programa de actividades orientado a su reinserción social en el ámbito personal, comunitario y laboral a través de una intervención individualizada y bajo aplicación de ciertas condiciones especiales"), y se extendió con la nueva redacción a los adolescentes recluidos.