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Directora del FA en el Inisa hizo una "rectificación" sobre su pronóstico de la LUC

En el MPP pidieron que la directora Rossana De Olivera "dé un paso al costado" entre denuncias de "inconsistencias" y "contradicciones"
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06 de agosto de 2021 a las 05:00

Las diputadas frenteamplistas Bettiana Díaz y Cecilia Cairo reclamaron en el Parlamento y también mediante redes sociales que la presidenta del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (Inisa), la cabildante Rossana de Olivera, "dé un pasado al costado". 

"Ahora está en manos del gobierno decidir qué hacer con quien ejerce la presidencia", subrayaron las legisladoras en la noche de este miércoles, minutos después que las autoridades del organismo se retiraran de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, en el marco de la discusión de la Rendición de Cuentas. 

El pedido de renuncia está fundamentado, según las diputadas, en una serie de "inconsistencias" y "contradicciones" en las que incurrió De Olivera, en relación a la alimentación que reciben los jóvenes internados.

Los efectos de la LUC

Otro de los temas de la sesión fue la "rectificación" que hizo Andrea Venosa, que integra el directorio de Inisa en representación del Frente Amplio. En octubre del año pasado, en el marco de la discusión de la ley de Presupuesto, Venosa había aventurado un incremento sensible de la población privada de libertad que debería atender el instituto a raíz de los "efectos" de la Ley de Urgente Consideración (LUC). 

Ante la misma Comisión de Presupuesto y Hacienda de Diputados la directora contó en 2020 que había asumido el 24 de julio de ese año con 266 adolescentes privados de libertad. El 5 de octubre eran 307, lo que representó un aumento del 11%. "Esto fue porque se aprobó la LUC, que deroga la suspensión condicional de la pena, con nuevos institutos como el proceso abreviado o la libertad a prueba, y el incremento de penas de cinco a diez años en las máximas y de uno a dos años en las mínimas", había advertido el año pasado. Su pronóstico era que la LUC iba a derivar en "el doble" de jóvenes encerrados. 

Ahora, ante legisladores, Venosa reconoció que la advertencia fue infundada. "Tengo que rectificarme sobre que la LUC podría traernos mayor privación de libertad. Eso no está sucediendo, al contrario", sostuvo. 

Lo que visualiza, dijo, es un incremento de las medidas no privativas de libertad, que adjudicó a un "giro" de la Fiscalía y el Poder Judicial al entender "lo que trae de beneficioso para la adolescencia en conflicto con la ley". 

Venosa citó el informe anual del Inisa en 2020: el organismo atendió a 611 jóvenes privados de libertad y a 483 con medidas alternativas. Un mismo adolescente puede transitar por diferentes medidas en el curso del año, según se aclara. 

Con todo, la directora sostuvo que se necesitaría incorporar a 40 educadores, 20 asistentes sociales y 20 talleristas para atender a la población que debe cumplir su pena encerrada. 

El diputado nacionalista Álvaro Viviano (Por la Patria) recibió con "beneplácito" lo afirmado por la directora frenteamplista. "Hoy no ha salido a jugar la querida LUC, un elemento que en comparecencias anteriores fue marcado con mucho énfasis de que iba a poner en riesgo el funcionamiento del instituto a partir de un nivel de alojamiento por encima de las posibilidades del instituto", dijo. "Ha transcurrido un año y, como dijimos en su momento, ello no ha ocurrido", agregó

Su optimismo fue moderado por una "constancia" que quiso dejar el frenteamplista Gustavo Olmos. "La maldita LUC no apareció en la discusión porque no es el tema", aclaró. "Estamos discutiendo la Rendición de Cuentas", completó. 

La discusión por la alimentación

Rossana De Olivera, presidenta de INISA

"Estamos controlando quiénes están comiendo", comenzó la presidenta De Olivera en su informe. Según dijo, además de jóvenes y funcionarios de trato directo, a los que les corresponde recibir alimentos, con los recursos del organismo "comía un montón de gente más": funcionarios del Ministerio del Interior, administrativos, choferes y hasta "los que estaban cortando el pasto". 

La baja en los gastos de alimentación, señaló De Olivera, obedece a que se "recortó" esa situación ya que "no es lo mismo darle a 700 personas que al doble". 

La discusión subió de tono cuando la presidenta del Inisa optó por exponer en Powerpoint, donde se destacó la "muy buena" alimentación que brinda el Inisa. "Comen cinco cortes de carne, entre ellos, nalga para las milanesas, bola de lomo y mondongo para las cazuelas", destacó. También señaló la inclusión de yogur, atún y "abudantes frutas y verduras", que según afirmó antes no se otorgaban. 

La legisladora frenteamplista aludió a una decisión que el Inisa tomó el año pasado debido al agotamiento de los recursos previstos para el funcionamiento de la institución. De Olivera había anunciado públicamente que el organismo había optado por cambiar la bola de lomo, "un corte muy caro", por la pulpa de bondiola. La modificación estuvo fundamentada en que hubiera "carne roja todo el año" ya que de lo contrario "a partir de junio los jóvenes iban a comer fideos y arroz". 

"La presidenta hizo una conferencia diciendo que la bondiola había sido ´trending topic'", ironizó Díaz.

En alimentación el Inisa invirtió en 2020 unos $ 52 millones, lo que representó el 12% del gasto de la institución. La argumentación de la legisladora frenteamplista se basó en gran parte en lo indicado en un informe que el Servicio Paz y Justicia (Serpaj) realizó en setiembre del año pasado luego de visitar los centros del organismo.

El mismo informe apuntaba que la última comida que recibían a los jóvenes se da a las 19 horas, y debían pasar sin comer hasta las ocho de la mañana siguiente, cuando les servían el desayuno. 

"Capaz que el Inisa está entrando en la nueva moda del ayuno intermitente", ironizó Díaz al afirmar que "no cierra por ningún lado" la afirmación de que no hubo recortes en alimentación. "El testimonio de los propios chiquilines es que está pasando otra cosa", dijo. 

La diputada frenteamplista cuestionó en su cuenta de Twitter el "cinismo" de la presidenta de Inisa. "Todos los informes de la Organización Mundial Contra la Tortura, desde 2020 hasta ahora, informan que en la mayoría de los centros los adolescentes sienten hambre y la presidenta del Inisa trae una ppt con fotos de milanesas. Este nivel de cinismo es inaceptable", escribió.

Díaz apuntó además hacia la atención psiquiátrica que reciben los internos y afirmó que distintos informes de visitas a la Colonia Berro y otras sedes del Inisa indican un "uso constante" de medicación a jóvenes que, en un 90%, sufren de consumo problemático. En particular hizo mención a quetiapina y clonazepam, administrados por enfermeras y sin seguimiento por parte de un psiquiatra. 

Al respecto, la presidenta del instituto reconoció que, hoy por hoy, no se cuenta con este tipo de profesionales. El 22 de julio venció el último de los contratos que había vigente, y tres llamados efectuados para incorporar psiquiatras resultaron desiertos. 

De Olivera marcó la incongruencia que, al tiempo que faltan psiquiatras, en el Inisa hay ocho arquitectos. 

Otro de los puntos de discusión pasó por la cantidad de horas de encierro que enfrentan los jóvenes. Ante la comisión De Olivera señaló que son 9 horas al día, pero el Observatorio del Inisa plantea un promedio de 15,2 horas. La contradicción fue marcada por la diputada Ana Olivera (PCU). 

La explicación de la presidenta del Iinisa fue que en esas 15 horas están incluidas las "horas de sueño", al destacar que el tiempo efectivo de encierro diurno es de seis horas, cifra que "disminuyó" con respecto al año pasado. 

Díaz también criticó la "terminología penitenciaria" utilizada por De Olivera para referirse a un proyecto de nueva gestión que piensa implementar. 

La diputada recordó que el Código de la Niñez y de la Adolescencia impide uno de los puntos del proyecto que plantea ingresar información de los adolescentes en un "sistema de gestión carcelaria" proyectado en colaboración con el Ministerio del Interior. Por su parte, De Olivera garantizó "respetará la especificad" del sistema adolescente. 

De Olivera defendió asimismo la "capacitación" en "mediación" que los directores del Inisa están recibiendo por parte de la Guardia Republicana. Según explicó la jerarca, el  motivo fue que el organismo tiene gente especializada en "conciliación" pero no en mediación, por lo que carece de capacidad para afrontar eventuales motines o toma de rehenes.

Cruce por una asesora

Los cuestionamientos de la oposición abordaron la situación de Sandra Mérida, una mujer que, según lo denunció el sindicato, había ingresado al Inisa como tallerista para dar cursos de gastronomía pero que, en reiteradas ocasiones, incumplió con su trabajo. 

El sindicato había planteado semanas atrás en el Parlamento que fue cesada pero, poco tiempo después, retornó contratada por De Olivera como "asesora directa de seguridad" con un salario de $97.400 mensuales. La decisión que fue rechazada por las otras dos integrantes del directorio, Sandra Etcheverry (Partido Nacional) y Andrea Venosa (FA), que no firmaron la resolución. 

"No hay nadie que sepa como ella", había asegurado la presidenta el año pasado en un diálogo con Búsqueda.

En la discusión terció el diputado Álvaro Perrone, que presentó una copia de un telegrama del 21 de agosto de 2019, que Mérida envió al instituto con su "renuncia". El legislador definió como "infamias" lo afirmado sobre la mujer, aseguró que nunca fue destituida, y calificó el pedido de renuncia realizado por el Frente Amplio como "infundado, fuera de lugar y sin argumentos". 

De Olivera, por su parte, sostuvo que no había impedimento legal para la contratación de Mérda para "tareas de apoyo directo a la gerencia general" ya que "se desvinculó del Inisa por vencimiento de término y no por destitución". 

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