Los diputados de la coalición de gobierno resolvieron este miércoles aplicar algunos cambios en el articulado de la Ley de Urgente Consideración, aunque se trata de modificaciones "menores" que no afectan a la "sustancia" del texto, según señalaron varios legisladores consultados por El Observador.
Pese a que hay cambios que ya se definieron, hay otros capítulos como el que promueve cambios a la ley de inclusión financiera y el de áreas protegidas cuyas eventuales modificaciones serán analizados con el Poder Ejecutivo.
En total, los legisladores aprobaron el miércoles 32 cambios al texto votado en el Senado, aunque está previsto que en los próximos días (producto de los capítulos que todavía no cerraron) se modifiquen alrededor de cinco más, señaló a El Observador el diputado Juan Martín Rodríguez, coordinador de la bancada del Partido Nacional.
"Estas modificaciones son entendidas y valoradas en función de lo que la coalición entendió, pero no surgen sólo de planteos realizados por actores de gobierno, sino de la sociedad civil organizada, la academia y legisladores de la oposición", sostuvo el legislador, quien participó en la reunión que comenzó pasadas las 15:00 y terminó sobre las 21:00.
Los legisladores oficialistas detallarán este jueves los 32 cambios en una conferencia de prensa y luego empezarán a votar en la comisión especial, ya que el próximo 2 de julio el proyecto debe pasar al pleno de la Cámara de Diputados para comenzar la discusión.
Los capítulos o artículos que todavía no están cerrados quedarán para votar al final, afirmó a El Observador el coordinador de la bancada colorada en Diputados, Ope Pasquet.
En el encuentro estuvo presente el presidente de la comisión especial para el tratamiento de la ley en Diputados, el nacionalista Alejo Umpiérrez, así como varios senadores de la coalición de gobierno, entre ellos el colorado Adrián Peña y Raúl Lozano de Cabildo Abierto.
Iván Posada, diputado del Partido Independiente (PI), fue uno de los que planteó reparos —desde que ingresó la ley al Parlamento— respecto a artículos incluidos en el capítulo de seguridad y libertad financiera.
Una de las modificaciones que pretendía el independiente tenía que ver con el artículo 125, que fija los criterios para catalogar la información producida por la Secretaría de Inteligencia Estratégica del Estado (SIEE) como secreta. Según el legislador, la actual redacción deja a criterio del Poder Ejecutivo la decisión de levantar o no el secreto sobre determinada información.
No obstante, en la reunión de este miércoles no hubo acuerdo para cambiar la redacción de ese artículo, que se mantendrá igual.
Uno que sí tuvo modificaciones es el artículo 11 que refiere al agravio de la autoridad policial. Según informaron los legisladores, en la nueva redacción se dejará constancia de que no se interferirá en la libertad de prensa ni en la mera protesta ante la acción policial.
También se modificó el artículo que hace referencia al régimen de libertad bajo prueba, que ahora se extendió también a los adolescentes. El artículo 31 de la ley establece algunos casos en los cuales las penas privativas de libertad podrán cumplirse en régimen de libertad a prueba, que consiste en "someter al penado al cumplimiento de un programa de actividades orientado a su reinserción social en el ámbito personal, comunitario y laboral a través de una intervención individualizada y bajo aplicación de ciertas condiciones especiales".
También se corrigieron algunas incongruencias en la redacción de artículos, otros que hacían referencia a normas presupuestales —algo prohibido para las leyes de urgencia—, así como a la necesidad de aprobar con mayorías especiales, que tampoco puede incluirse en proyectos de este tipo.
La suspensión condicional del proceso, algo que el partido Colorado y el Independiente querían mantener, será derogada en la ley de urgencia, tal como estaba planteado en el proyecto original y el votado en el Senado.
La comisión especial para tratar la Ley de Urgente Consideración en la Cámara de Representantes estuvo más de dos semanas analizando el texto que llegó desde el Senado. Los representantes recibieron a más de 80 delegaciones de la sociedad civil y otras 30 oficiales, detalló el diputado Rodríguez.
