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Comenzaron condenas con prisión y multa por romper tobillera; primera imputada fue una mujer
La Justicia comenzó a imputar a aquellas personas que se quitan y destruyen las tobilleras electrónicas, lo que constituye un nuevo delito incluido en uno de los artículos de la ley de Urgente Consideración, aprobada por el Senado el 8 de julio. Hasta el momento, según informó el Ministerio del Interior, tres personas de distintos departamentos fueron condenadas.
El primer caso fue protagonizado por una mujer, oriunda de Maldonado, que fue detenida luego de dañar y sacarse el dispositivo, cerca de la casa de su expareja, quien la había denunciado. Tras un acuerdo con la fiscalía, por el que aceptó los hechos y firmó que su caso se resolviera mediante un proceso abreviado, fue condenada el 1º de octubre a dos meses de prisión y otros 13 de libertad vigilada.
Una situación muy similar ocurrió dos días después con un hombre de Cerro Largo –que tenía un antecedente penal–, quien pagará por el delito con tres meses de cárcel.
El tercer caso ocurrió el 5 de este mes, en Florida. De acuerdo a un comunicado de la jefatura de ese departamento, se trata de un hombre de 30 años que había sido condenado a 16 meses de prisión –por un delito no especificado–, pena que se había sustituido por el beneficio de la libertad vigilada.
Sin embargo, el 26 de setiembre llegó la notificación a la policía de que el dispositivo colocado había dejado de funcionar, por lo que se lo volvieron a instalar. También llegó a un acuerdo con la fiscalía, y esta vez deberá cumplir 10 meses de prisión efectiva, y además pagar una multa de 30 Unidades Reajustables (UR), que equivalen a $ 38.636.
El subsecretario del Interior, Guillermo Maciel, dijo a la Unidad de Comunicación, de la cartera de servicios, que este delito "es muy importante, porque es un artículo que está para proteger a las víctimas, (y) no tanto por el aspecto material, que también cuenta". En ese sentido, apuntó que el costo que conlleva el daño las tobilleras o pulseras electrónicas, algo que ocurre con frecuencia, es de aproximadamente US$ 7 mil.
"Creemos que es una muy buena señal de la Justicia que se esté aplicando esta norma", dijo el jerarca.
El ilícito está definido en el artículo 359-BIS del Código Penal, y castiga a quienes incurran en el "retiro no autorizado o la destrucción, total o parcial, de medios o dispositivos de rastreo y control electrónicos, tales como pulseras y tobilleras electrónicas o dispositivos similares". La pena establecida para este ilícito es de 10 a 18 meses de prisión y de 20 a 900 UR de multa, dinero que se destinará para la reparación de los dispositivos.
