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Por qué es falaz el spot que apunta contra la LUC por "privatizar la escuela pública"
"No voy a dejar que privatices la escuela pública a la que van mis hijos", dice la voz en off del spot publicitario a favor de la derogación de 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración (LUC). La afirmación encendió las críticas del oficialismo por apelar a "mentiras" para hacer campaña.
En torno al fin "privatizador" de la LUC hay una discusión conceptual con consideraciones ideológicas divergentes, aunque en ningún momento la norma establece la privatización de la escuela pública.
Fuentes de la Comisión Nacional por el Sí –que lidera la campaña hacia el referéndum– indicaron a El Observador que la pieza audiovisual no consiste en un "manifiesto por la LUC", sino que busca difundir "quiénes son" aquellos detrás del movimiento social. En este sentido, remarcaron que el mensaje busca enfatizar sus discrepancias hacia cualquier orientación privatizadora, y su disposición a "saltar" si se avanza en ese sentido, aunque no se haga una interpretación "literal" de los artículos. El video termina con el puntapié: "Ahora sí, empecemos la campaña por el Sí".
Quienes afirman que la LUC privatiza la educación pública utilizan dos argumentos: el cambio de nombre de un organismo y el aumento de la participación del sector educativo privado en ámbitos de debate.
Sin embargo, esos dos cambios, no implican, necesariamente, la privatización de la escuela pública.
La Federación de Profesores de Secundaria (Fenapes) es la referente dentro de la comisión que trata los temas vinculados con la educación, que involucran 34 artículos en busca de ser impugnados. En un tuit publicado este martes, la organización sindical defendió su afirmación con el argumento sobre los cambios introducidos al Sistema Nacional de Educación Pública: la primera modificación consistió en retirar el término "pública" de su denominación.
"De esta manera desaparece el concepto 'público' del sistema nacional de educación", fundamentó Fenapes. “Esta supresión de lo público no es tan solo una modificación de carácter lingüístico, significa una importante modificación en lo simbólico. Un cambio de orientación drástico. Modifica el sentido vareliano de educación”, añadió.
El ámbito toma forma en la Comisión Coordinadora de Educación –antes con la conceptualización del sistema de enseñanza "pública"– que está en la órbita del Ministerio de Educación y Cultura (MEC). Su cometido es coordinar y emitir opinión sobre la política educativa y promover la planificación. Dicha comisión no ha sesionado en lo que va del gobierno, según confirmó el director nacional de Educación, Gonzalo Baroni, a El Observador.
El jerarca señaló que la intención de la cartera es terminar de convocar a todas las comisiones departamentales –hoy van 15 conformadas– antes de llegar a lo nacional. "Primero vamos por la descentralización, y después por el centralismo", declaró. Baroni indicó que pretenden que el espacio quede configurado después de febrero de 2022.
Las críticas
Aparte de la supresión del término "público", la oposición carga sus balas contra la nueva integración definida por la LUC. El artículo en busca de ser derogado incorpora, primero, a "un representante de la educación primaria y media privadas" y otro por las universidades privadas, a diferencia de la Ley General de Educación de 2008, que se limitaba a la órbita de lo público. Desde los promotores del referéndum la crítica apunta a que la LUC "equipara lo público con lo privado", según se detalla en la plataforma Yo Firmo.
También se cuestionan nuevas incorporaciones: un delegado de INAU, otro del Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional (Inefop), uno por instituciones de formación militar, otro por las de formación policial y uno por las escuelas del Sodre. Si bien nada tiene que ver con la "escuela pública" a la que alude el spot, la nueva redacción implica sacarle su lugar al rector o vicerrector de la Universidad de la República, y que además tenga un delegado menos en la Comisión.
"El sistema educativo es para mí público, privado y todo lo que atienda", afirmó Baroni, en línea con la finalidad de que "la acción rectora del Estado llegue con igual fuerza a todos los actores del terreno de la enseñanza", como expresó el gobierno en la exposición de motivos de la LUC. El jerarca añadió que la previa visión de lo público "era miope", en tanto INAU, Inefop y centros militares y policiales no estaban contemplados.
Consultado por El Observador, el senador frenteamplista José Carlos Mahía –que sigue los temas vinculados con la educación– respondió que "no toma literalmente" la afirmación de que la LUC privatice las escuelas públicas. "Sí tiene una tendencia hacia privilegiar lo privado sobre lo público. Cuando igualás situaciones desiguales, privilegiás al que tiene menor incidencia. En Uruguay, el 85% es público. En el diseño institucional, en los hechos prioriza al sector privado por encima del rol que efectivamente tiene en el desarrollo de la educación".
Para el experto en sociología de la educación, Tabaré Fernández, la LUC “muestra que la representación del sector privado efectivamente ha ganado algunas posiciones”, aunque las transformaciones expresadas en ese rumbo “podrían no tener ninguna consecuencia relevante”, excepto “aquella que se hace en formación docente”, según comentó en un seminario de la Udelar en 2020, consignado por La Diaria. Nada tiene que ver, sin embargo, la escuela pública.
Incidencia
En una columna publicada en La Diaria cuatro meses atrás, el exdirector de Educación y exconsejero Luis Garibaldi arremetió contra la no convocatoria de las comisiones a más de un año de asumido el gobierno. "En un año tan complejo para la educación, ¿no era necesario coordinar, acordar criterios comunes, intercambiar información? ¿No era necesario que las instituciones compartieran protocolos, definiciones, plataformas educativas, criterios de evaluación en tiempos de pandemia? Parece que no", escribió.
Garibaldi sostuvo que la Comisión contribuyó a la "reglamentación de la elección de miembros del Consejo Directivo Central (Codicen) de la Administración Nacional de Educación Pública, a la implementación del Instituto Nacional de Evaluación Educativa (Ineed), al rediseño de la Educación Policial y Militar", entre otros.
Juan Pedro Mir, también exdirector de Educación e integrante de Eduy 21, fue tajante: "(La comisión) políticamente no altera el funcionamiento de los sistemas. En nuestro país los entes educativos son los de mayor nivel de autonomía, inclusive más que los de los entes comerciales", dijo a El Observador sobre el ámbito que está en la órbita del MEC –y por ende sus decisiones no son vinculantes–.
"Sí hay una intención manifiesta de abrir el juego a que participen otros actores de los grandes lineamientos", opinó. "Aunque está ampliamente estudiado que cuanto más amplios sean los órganos colegiados de decisión, menor es el efecto en la construcción de políticas publicas", añadió. Mir sostuvo que hay un "fenómeno de privatización de la educación pública que se está incrementando desde fines de 1980. Los sectores medios gastan cada vez más en otros circuitos educativos", apuntó, e indicó como ejemplo a otras actividades extracurriculares. "Solucionan en forma privada lo que se retira", sentenció.
El Observador intentó comunicarse con el presidente de Fenapes, José Olivera, pero el dirigente sindical no respondió llamados ni mensajes.
