Acordaron acotar aplicación de las libertades vigiladas a delincuentes

Según informaron a El Observador dos fuentes que participaron de la reunión, se acordó suprimir la posibilidad de aplicar libertades vigiladas en aquellos delitos graves, aunque hay casos dudosos que necesitan ser estudiados más a fondo y en los que se seguirá trabajando. De esta manera, el próximo 25 de junio habrá una nueva reunión en la que se definirá el proceder para esos casos y luego una comisión se encargará de redactar el proyecto que será remitido al Parlamento. 

En la reunión de este martes participaron, entre otros, el ministro del Interior, Eduardo Bonomi, el ministro de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Chediak, y por la Fiscalía la directora del Sistema Penal Acusatorio, Patricia Marquisá, y el fiscal de corte adjunto, Ariel Cancela. 

El Ministerio del Interior es partidario de eliminar por completo las libertades vigiladas, ya que afirma que la Oficina de Supervisión de Libertad Asistida (OSLA) no está capacitada para dar seguimiento a todos los casos en los que actualmente pueden aplicarse estas medidas cautelares. 

Las libertades vigiladas fueron creadas por ley en 2016 y permiten que los delincuentes sin antecedentes penales eviten ir a la cárcel siempre y cuando hayan sido condenados a prisión por entre tres y cinco años.

Sin embargo, desde que comenzó a funcionar el nuevo sistema penal en noviembre de 2017 los fiscales recurrieron a la norma para negociar procesos abreviados, algo que fue criticado por la cartera del Interior.

El ministro Eduardo Bonomi y el director de Convivencia y Seguridad Ciudadana de la Secretaría, Gustavo Leal, señalaron que las libertades vigiladas son un beneficio pensado para el sistema penal anterior, que se otorgaba después de cumplir años de prisión y si el recluso tenía buena conducta. 

El fiscal de Corte Jorge Díaz cuestionó meses atrás que fueran las propias autoridades del Ministerio del Interior las que criticaban la ley, ya que esta fue una iniciativa parlamentaria de la cartera. Sin embargo, la Fiscalía General de la Nación no se opuso a la revisión. 

En el encuentro de esta tarde –que forma parte de unas reuniones mensuales que llevan a cabo las autoridades para coordinar la implementación del nuevo proceso penal–, también se acordó "ajustar" la posibilidad que tienen hoy los fiscales de reducir hasta un tercio de la pena en las negociaciones que llevan adelante con los imputados que a cambio admiten la responsabilidad del delito que se les acusa.

Chediak afirmó este martes en una entrevista con la emisora Informarte que las libertades vigiladas se han vuelto un instituto "polémico" que dio lugar a "críticas".  "La idea es que en caso de rapiñas y delitos graves no suceda más, o sea que la pena se cumpla en privación de libertad y se definió delimitar además la facultad de los fiscales para hacer esos descuentos", agregó.