Uso de libertades vigiladas crece como alternativa a la prisión

Hasta finales de 2016, las palabras "penado sin prisión" no significaban casi nada para el imputado. Había cometido un delito, quizás incluso llegó a confesarlo ante el juez, pero por ser primario y por haber cometido crímenes de escasa entidad, salía del juzgado como habían entrado, sin reparar a las víctimas, ni que se dispusiera ni una sola medida para impedir su reincidencia.

Eso se pretendió cambiar con la ley 19.446 que fue promulgada en noviembre de 2016 y que creó la libertad vigilada y la libertad vigilada intensiva, dos institutos, que se aplican a personas que no sean reincidentes y que hayan cometido delitos por los que podrían ser enviados a prisión por hasta tres años, o entre tres y cinco años, respectivamente. Mediante esta norma se somete al penado a un régimen de libertad a prueba en el que es obligado a la realización de trabajos comunitarios, realización de algún tipo de tratamiento –como ocurre cuando existen adicciones-, culminación de estudios, entre otros.

Para la subdirectora técnica del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), Ana Juanche, se trata de una medida aplicada a personas que bajo riesgo de reincidencia para las cuales se trata de evitar que exista un contacto con la cárcel que pueda empeorar su conducta criminal.

Al principio, estas medidas comenzaron a ser adoptadas lentamente por los operadores de la Justicia, pero desde la aplicación del nuevo Código del Proceso Penal su ritmo se ha acelerado. Según dijo Juance, antes del 1° de noviembre –cuando entró en marcha la reforma del sistema de Justicia- solo se fijaban "un puñado" de medidas de libertad vigilada y libertad vigilada intensiva.

Sin embargo, solo en enero, ya con el nuevo Código en marcha, se aplicaron unas 52 libertades vigiladas (ordinarias e intensivas) y cinco meses después, en junio, ingresaron 152.

Según explicó el fiscal de Flagrancia, Carlos Negro, esta medida comenzó a utilizarse con mayor frecuencia a partir de la puesta en marcha del nuevo Código del Proceso Penal, ya que los fiscales utilizan la libertad vigilada como alternativa a la prisión cuando negocian una reducción de pena con un delincuente primario y que haya cometido un delito de "escasa entidad", a cambio de que este admita su culpabilidad.

La unidad encargada de supervisar el cumplimiento de estas medidas, como de las prisiones domiciliarias, o las tareas comunitarias fijadas por juzgados de faltas y penales, es la Oficina de Supervisión de la Libertad Asistida (OSLA). De la mano de una mayor cantidad de solicitudes de libertades vigiladas, desde la aplicación del nuevo código esta oficina pasó de atender 100 medidas por mes a más de 500.

Desde la puesta en marcha del nuevo Código del Proceso Penal el número de presos se redujo un 11,8%, desde los 11.350 que había en octubre de 2017 hasta los 10.000 de julio de 2018. Esta caída, que para el ministro del Interior, Eduardo Bonomi, explica en buena medida el aumento de los delitos.

Esta reducción tiene múltiples explicaciones. Por un lado la reforma con la reforma que se inició el pasado 1° de junio, la Justicia penal dejó de emplear la prisión preventiva como norma, para convertirla en una excepción, que solo se aplica en aquellos casos en los que un indagado podría fugarse, entorpecer la investigación o significar un peligro para la sociedad.

Además, según indica el último informe del Comisionado Parlamentario de Cárceles, Miguel Petit, también impactó en este sentido el aumento de la aplicación de medidas de libertad vigilada y vigilada intensiva. Petit dijo a El Observador que fue el nuevo Código quien abrió la puerta para una mayor uso de este instrumento, que permite delincuentes puedan restaurar el daño causado y acceder a oportunidades que eviten la reincidencia.

En este sentido, Juanche dijo que mientras que siete de cada 10 personas privadas de libertad reinciden, solo tres de cada 10 de quienes cumplen medidas sustitutivas vuelven a delinquir.

Cuando los fiscales solicitan una medida de libertad vigilada, lo hacen sin que la OSLA certifique que lo propuesto puede ser cumplido por el penado. Según Negro, esta es una de las debilidades del sistema, ya que lleva a que "se genera incumplimiento y desconfianza" en los operadores de la Justicia.

Juanche reconoció que esta oficina no tiene potestad para recomendar medidas, por lo que solo pueden dar cumplimiento a las ya fijadas. La subdirectora técnica del INR contó que en ocasiones se fija que una persona haga un tratamiento médico, pero como vive lejos de un centro de salud y no puede costearse los pasajes, entonces no cumple con la medida, algo que puede exponerlo a ser encarcelado.

Por esta razón, es que en ocasiones esta oficina propone modificar las medidas dispuestas, algo que en general es escuchado por los jueces, dijo Juanche. La subdirectora técnica del IRN dijo que para cambiar no solo se debería cambiar por ley las potestades de la OSLA, sino también dotarla de más presupuesto.

Para Petit, por su parte, es necesario invertir en medidas sustitutivas porque son "el futuro". Según opinó, el sistema de rehabilitación debe tener "dos patas fuertes", una de encierro para casos de mayor nivel de reincidencia y peligrosidad, y otro de medidas alternativas que brinde oportunidades para evitar la reincidencia.

"Países como Suecia tienen cuatro personas con medidas sustitutivas por cada preso", ejemplificó. "¿Qué queremos? ¿Una fábrica de rapiñas y copamientos o una de integración social y educación?", se preguntó.