Inés Guimaraens

Acuerdan ingreso de Cabildo en Corte Electoral; asumirá tras conteo de firmas por LUC

Senadores negocian para evitar que jueces asuman en SCJ por antigüedad

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05 de septiembre de 2021 a las 05:00

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En febrero del año que viene vence el plazo constitucional para que la Corte Electoral valide las casi 800 mil firmas que se presentaron para habilitar un referéndum contra 135 artículos de la ley de Urgente Consideración (LUC). Luego de que eso suceda, la Asamblea General someterá a votación la nueva conformación del organismo de contralor. 

Entre los partidos políticos existe acuerdo para que eso suceda, y por lo tanto habrá mayorías especiales para aprobarlo. Así lo confirmó a El Observador el senador nacionalista Gustavo Penadés. El acuerdo cumplirá una vieja aspiración de Cabildo Abierto: contar con un representante en la institución. La cabildante Sandrá Chá pasará a desempeñarse en en lugar que, hasta ahora, ocupa el colorado Juan Máspoli. 

Otro nombramiento, según Penadés, será el del nacionalista Darío Castiglioni, que sustituirá a su correligionaria Ana Lía Piñeyrúa. El acuerdo implica la permanencia de José Arocena al frente de la Corte Electoral. Así, el organismo quedará integrado por Arocena, cuatro frenteamplistas, dos blancos, un colorado y un cabildante.

También existe consenso con respecto al Tribunal de Cuentas, donde continuará como presidenta Susana Díaz. 

Hasta allí llegan los acuerdos. "Está todo trancado", afirmó un senador frenteamplista con respecto a las negociaciones para los nuevos cargos que se deberán aprobar en la Suprema Corte de Justicia y en la Fiscalía General de la Nación. 

En la corporación, el ministro Luis Tosi cesará en su cargo el 22 de setiembre. Debe haber dos tercios de los votos en la Asamblea General para designar a su sustituto. Si 90 días después de esa fecha el consenso no se logra, habrá que nombrar al ministro más antiguo del Tribunal de Apelaciones. 

Y, si hay algo en lo que coinciden las dos fuerzas mayoritarias en el Parlamento, es justamente la necesidad de evitar que eso suceda. El tema estuvo sobre la mesa en una conversación entre la nacionalista Graciela Bianchi y los frenteamplistas Lucía Topolansky y Charles Carrera. 

Fue en la Comisión de Asuntos Administrativos, en el marco de los comentarios generados por la polémica decisión de la Suprema Corte de cerrar una serie de juzgados de paz en el interior del país. 

"No puede ser que sigamos permitiendo que entren a la Corte y al Tribunal de lo Contencioso Administrativo por antigüedad por no ponernos de acuerdo" dijo Bianchi a El Observador. La senadora advirtió sobre nombramientos recientes de este tipo que demostraron una "profunda incapacidad" para ocupar esos cargos, aunque no mencionó a ninguno en particular. 

Topolansky se mostró de acuerdo y realizó una sugerencia, para la que los tres senadores se llevaron "tareas": convencer a sus respectivas bancadas de la necesidad de superar ese problema y lograr consensos que permitan designaciones de personas reconocidas unánimemente por su capacidad profesional, más allá de su filiación política. 

La negociación de la vacante generada por Tosi está vinculada a la que, en abril del año que viene, se generará por el cese de Jorge Díaz como fiscal general de la Nación. En este caso, para un acuerdo se requieren los votos de tres quintos de los integrantes del Senado. En el Partido Nacional ,según informó Búsqueda, se había manejado la posibilidad de que Graciela Gatti, ministra del Tribunal de Apelaciones, pase a encabezar el Ministerio Público y que Díaz ingresara a la Corte. 

Según la senadora Bianchi, esa fórmula fue "abortada". Cabildo Abierto rechaza que el actual fiscal general ingrese a la corporación. Una posición que Bianchi comparte. "A Díaz no lo llevo a la Corte", afirmo y agregó que ya informó a la bancada nacionalista sobre su postura. Según relató, sus problemas con Díaz "vienen de larga data". Si bien lo considera bien formado, para Bianchi no reúne la "ecuanimidad" necesaria para el cargo. 

La senadora nacionalista  admitió que el desafío será muy difícil, pero consideró valioso el planteo de Topolansky. "No es común que esté de acuerdo con ella", señaló.

El tema estuvo también en la última sesión de la Comisión de Constitución y Legislación, esta semana. Allí Carrera advirtió que los plazos "juegan en contra" y llamó también a hacer un esfuerzo por llegar a un acuerdo político. "La antigüedad no asegura que los cargos sean ocupados por los más capacitados", reflexionó. 

Desde Cabildo Abierto, Guillermo Domenech se mostró de acuerdo con la necesidad de evitar que los ascensos se produzcan por antigüedad. "Me parece que no es un tema que podamos eludir", dijo. 

Ministerio de Justicia y reforma

Otra de las coincidencias entre los partidos políticos pasa por la necesidad de crear un Ministerio de Justicia, tal como lo informó El Observador.  En los próximos días, dijo Bianchi, lo conversará con el presidente Luis Lacalle Pou. "Pensé que iba a ser mucho más resistida", dijo con respecto a la iniciativa que recibió el respaldo de integrantes de todos los partidos con representación en el Senado.

Para Bianchi, la idea de crear ese ministerio "será en favor de la Corte", ya que "le sacará el peso" que hoy tiene desde el punto de vista administrativo. 

Bianchi y Carrera coincidieron también en su análisis sobre otros "problemas" que existen en el sistema judicial. El senador frenteamplista planteó la situación de "indefensión" que en su opinión viven muchos uruguayos. "Me llama la atención que en el sistema penal, que nosotros creamos, por los acuerdos que surgen del Código del Proceso Penal se preparó todo una estructura para los juicios orales, que hoy no se están teniendo. Hay necesidad de reestructurar", dijo. 

Para Carrera, hoy en Uruguay hay mejor justicia para cobrar un cheque que para los temas de niñez, adolescencia o familia. "El sistema político se debe un debate", dijo. Bianchi, por su parte, definió como "caótico" el funcionamiento del Poder Judicial. 

El sindicato

La Asociación de Funcionarios Judiciales del Uruguay (AFJU) lanzará esta semana una campaña a nivel nacional en rechazo a la decisión de la Suprema Corte de cerrar juzgados de paz en el interior, y en apoyo al "derecho de todo ciudadano a la Justicia".

Su presidente, Pablo Benítez, dijo el miércoles ante la Comisión de Constitución y Códigos de Diputados que el sindicato pretende la creación de un ámbito parlamentario que discuta toda lo relacionado al Poder Judicial, en el que los involucrados e interesados puedan concurrir a dar su opinión. Desde la apertura o cierre de sedes y los lugares en los que debería haber juzgados hasta la elección de ministros y magistrados. 

"Que se discuta realmente lo que es el Poder Judicial", concluyó.

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