“Aportes” Patronales: un impuesto de mala calidad

La Seguridad Social (SSOC) vuelve al centro de la escena política de la mano del anteproyecto de ley de reforma. Por su dimensión económica y  sus retos de sustentabilidad dicha reforma compromete al erario público. Es imposible exagerar su importancia.

Liderado por el Dr. Rodolfo Saldain, el proceso de elaboración del anteproyecto fue sin duda virtuoso; un "caso de estudio", que sienta antecedente.  No sólo se dio con una participación plural de actores políticos y sociales, sino que además se apoyó en documentos especialmente preparados por centros de estudios locales (y referentes internacionales) que aportaron información y análisis de calidad.

Sin perjuicio de lo anterior aprovechamos la oportunidad para abordar un aspecto relativo a su financiamiento que entendemos clave y que hasta la fecha no forma parte del paquete de reforma: los mal llamados "aportes" patronales.

Habitualmente se habla de la contribución de trabajadores y empleadores utilizando la palabra "aporte" pese a que la naturaleza de ambos es distinta.   El  aporte del trabajador tiene una contrapartida; su  futura jubilación,  tratándose de una forma de ahorro, forzosa, pero ahorro al fin. El de la empresa en cambio no tiene contrapartida siempre clara lo cual lo convierte en un impuesto a la demanda de trabajo.  

En países emergentes, como el nuestro, con un mercado laboral débil, este impuesto es distorsionador, regresivo y además inequitativo.

Es distorsionador, al crear  una cuña entre lo que recibe el trabajador y un costo para el contratante que supera lo razonable.  Si bien una parte de la cuña (se trate de dichos aportes o de retenciones al IRPF) se justifica como modo de financiación de "salario indirecto" (ej. Pensiones, desempleo educación y salud públicas) otra parte disuade la contratación penalizando el factor trabajo. 

Son además "regresivos”, porque los aportes afectan  en modos distintos a trabajadores de menor y mayor salario. En el caso de los primeros   el impuesto se "traslada" mayoritariamente al trabajador, reduciendo su salario, porque éste tiene menor capacidad de respuesta ante variaciones del mismo  (se ve obligado a aceptar lo que le paguen por no hallar opciones mejores). 

Son no equitativos, porque existen muchas exoneraciones totales o parciales (y sobretasas),  sin fundamento  económico racional. 

En resumen, el nivel de los aportes patronales,  en un país como el nuestro,  constituye una forma de financiación  inadecuada de la Seguridad Social. Su carácter distorsionador, regresivo e inequitativo, lo convierte en un tributo de mala calidad que además violenta principios básicos de los sistemas de Seguridad Social generando daños colaterales (informalidad).

Así planteado  surgen dos preguntas: i) ¿Qué explica que esté tan extendida  la figura de los aportes patronales dadas sus connotaciones negativas? y  ii) ¿Es posible reducirlos? 

 Las explicaciones sobre el uso extendido son varias; siendo las más importantes: i) En las  economías maduras (donde se genera la mayor parte de la literatura) las consecuencias negativas que anotamos líneas arriba se vieron mitigadas en el pasado por las características robustas de los mercados laborales (las empresas demandaban trabajadores incluso a costes elevados debido a los altos niveles de productividad) 

ii) En los análisis de los tributos, tanto a nivel político como del debate en sociedad, rara vez se plantea el problema de su "traslación"  ni siquiera en sus aspectos más simples (como hemos hecho aquí). 

La viabilidad de reducción de estos "aportes" debe ser analizada bajo la perspectiva de sus implicaciones y  componentes financieros y políticos.

En lo financiero,  se trata de remplazar una fuente de recursos relevante. Según cálculos del BPS (componente mayor de la SSOC)   cada punto de  "aportes" patronales rinde US$ 117 millones (US$ 900 de recaudación total). Si bien puede parecer un monto alto, no lo es  cuando lo comparamos con nuestro exceso de Gasto Tributario (respecto del promedio de países similares) que es del orden del 3% del PBI (US$ 1700 millones).                                                                                                                                               El desafío político por lo tanto consiste en convencer a los actores sociales de,  que los "aportes" patronales son un impuesto con las características negativas  comentadas y, que  sustituir malas exoneraciones por peores impuestos (“aportes”) es socialmente muy conveniente. El desafío no es menor: Está instalada la  visión opuesta.  Trabajadores y empresarios deberían ver en esa sustitución una oportunidad donde ambas partes tienen mucho a ganar,  

Una iniciativa como la descrita los debería  encontrar juntos a trabajadores y empresarios para enfrentar dos grandes obstáculos: el  "statu quo" y "los tiempos uruguayos".      

La oportunidad existe,  incluyendo  los recursos vía reducción de las mermas al erario público ocasionadas por malas exoneraciones. 

Hace ya  muchos años que  organismos internacionales lo evidencian. En su revisión periódica el FMI lo menciona  desde por lo menos el año 2019; el BID desde aun antes. 

Nuestra DGI, y sus destacados técnicos, han publicado artículos  técnicos desde por lo menos el 2015.

No hay margen para seguir desperdiciando oportunidades como lo venimos haciendo desde hace añares. Esta oportunidad consiste en  reducir exoneraciones e impuestos de mala calidad (distorsivos y regresivos)  por montos elevados.